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Derecho a la información

Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado urgente al Gobierno de Ecuador para que libere de manera inmediata e incondicional a Ola Bini, desarrollador sueco y activista por la privacidad, la seguridad digital y la criptografía.

El jueves 11 de abril, la policía ecuatoriana detuvo en el aeropuerto de Quito a Ola Bini, ciudadano sueco residente en Ecuador, desarrollador de software y activista por la privacidad y la libertad en internet, mientras trataba de tomar un vuelo hacia Japón. Según las autoridades ecuatorianas, el arresto estaría justificado en la relación de Ola Bini con WikiLeaks, que lo implicarían en supuestas conductas ilegales.

Ola Bini es un experto altamente respetado en seguridad digital y criptografía, y es reconocido por sus importantes contribuciones en este campo. Es miembro de varias redes europeas e internacionales, y participa en proyectos de alto nivel, varios de ellos patrocinados por la Comisión Europea.

Nos preocupa que el arresto y la detención de Bini sea parte de una campaña contra la comunidad de personas desarrolladoras que construyen herramientas de tecnología de seguridad digital, que garantizan el disfrute de los derechos humanos en internet y las comunicaciones seguras en línea.

Las tecnologías de seguridad digital, incluidas las de cifrado, son herramientas importantes para salvaguardar el ejercicio de derechos humanos en internet de la ciudadanía. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas incluso ha reconocido en su Resolución 33/2 de 2016 que estas tecnologías son valiosas para proteger a las y los periodistas, pues proveen un canal seguro para sus comunicaciones y preservan la confidencialidad de las fuentes.

Dada la importancia que tienen las herramientas digitales para el disfrute de derechos humanos, las personas que desarrollan tecnologías de seguridad digital –como Ola Bini– no deberían ser criminalizadas.

El día de la detención, funcionarios del Gobierno ecuatoriano anunciaron que estaban a punto de tomar medidas contra cuatro individuos descritos como “dos hackers rusos, un colaborador de WikiLeaks y una persona cercana a Julian Assange”, alegando que estas personas estaban tratando de “establecer un centro internacional de piratería” en Ecuador. Expresamos nuestra preocupación por la arbitraria privación de libertad de Ola Bini. La misma se ejecutó de manera injustificada, poco clara y con una orden judicial irregularmente emitida, violentando el marco internacional e interamericano de derechos humanos que garantizan el debido proceso y garantías de protección a los derechos fundamentales de las personas.

Con posterioridad, la Fiscalía General de Ecuador declaró que a Bini se le acusa de su “presunta participación en el delito de atentado contra la integridad de los sistemas informáticos” y de intentar desestabilizar el país. Como prueba, el Fiscal General presentó una serie de dispositivos digitales, como computadoras portátiles, iPads, iPods, cables USB y dispositivos de almacenamiento de datos cifrados, libros, así como patrones de viaje y pagos por servicios de internet. Reiteramos que el uso de dispositivos digitales no puede ser utilizado como una medida para incriminar a personas cuyo trabajo se apoya en el uso de software libre y está vinculado al desarrollo de herramientas de seguridad digital.

Los cargos, la vinculación de Bini con Wikileaks y las pruebas, más que sostener la acusación, estigmatizan y criminalizan actividades legítimas y necesarias para la protección de los derechos humanos. Las irregularidades de su detención, generan una profunda preocupación sobre la negación a Ola Bini de sus derechos al debido proceso y a la defensa. Lo anterior configura una persecución y criminalización del activismo en favor de la la libertad de expresión y el acceso a la información. Tanto el Relator Especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, como el Relator Especial de a ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, han expresado públicamente su preocupación por lo que demuestra hasta ahora ser una detención arbitraria.

Las organizaciones firmantes, provenientes de América Latina y el Caribe, rechazamos la criminalización de las actividades de desarrollo de herramientas de seguridad digital y habilitadoras de los derechos humanos en Internet, particularmente, de la libertad de expresión. Reconocemos que es fundamental proteger la seguridad de las comunicaciones, anonimato y el derecho a la privacidad de periodistas y sus fuentes, así como de defensores de derechos humanos en un contexto de creciente violencia en la región.

Por lo tanto, exigimos al Gobierno del Ecuador libere inmediata e incondicionalmente a Ola Bini y que retire todos los cargos en su contra.

Firman:

Actantes

Artículo12, A.C. México

Artículo19 México

Artigo19 Brasil

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

Asociación de Software Libre del Ecuador

Casa da Cultura Digital Porto Alegre

Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé

Centro de Mídia Independente Brasil

Ciranda Inter. Comunicação Compartilhada

Coletivo Digital

Coletivo Saravá

Derechos Digitales

Electronic Frontier Foundation

Escola de Ativismo

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação — FNDC

Fundación Ciudadanía Inteligente

Fundación Karisma

Garoa Hacker Clube

Instituto Bem Estar Brasil

Instituto Educadigital

Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife — IP.rec

Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela

Internet Sem Fronteiras Brasil

Intervozes — Coletivo Brasil de Comunicação Social

Rede Latino-americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade — Lavits

Usuarios Digitales

 


Fecha de publicación en línea: 18 abril, 2019.