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Ciudad de México 2 de diciembre de 2020.- Ola Bini es un experto informático y defensor de derechos humanos mundialmente reconocido que enfrenta un proceso político-judicial en Ecuador desde abril de 2019. Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional firmantes hemos decidido conformar una misión para observar la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio del próximo 3 de diciembre de 2020.

Dicha decisión se funda en una preocupación compartida: la posible falta de garantías para asegurar a Bini un juicio justo en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia. Desde el inicio se ha evidenciado que este caso está atravesado por intereses políticos y por la constante interferencia indebida del gobierno nacional.[1] En efecto, máximas autoridades del Poder Ejecutivo, como el presidente Lenín Moreno y la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, han realizado intervenciones públicas con el objeto de presionar a la función judicial.[2] Este accionar ha despertado múltiples rechazos y el constante cuestionamiento de más de 100 organizaciones e instituciones nacionales e internacionales.[3]

Observar esta audiencia es fundamental ya que este proceso constituye un caso paradigmático para Ecuador y la región. Una decisión judicial basada en presiones políticas indebidas, y no en criterios técnicos, traerá consecuencias negativas para la protección de los defensores de derechos humanos en general y la vigencia de los derechos digitales en particular.[4] Actualmente, el acceso a internet es cada vez más relevante en todos los procesos sociales, de tal forma, perseguir y criminalizar a activistas cuyo conocimiento técnico es clave para proteger los derechos humanos en el ámbito digital, implica un severo incremento del riesgo de su vulneración masiva.[5]

Organizamos esta misión de observación con el fin de vigilar que se respete el derecho a un juicio justo impartido por una autoridad judicial independiente e imparcial, y para que las decisiones que se tomen se ajusten a criterios técnicos y expertos, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la plena vigencia de los derechos humanos dentro y fuera del entorno digital.[6]

 

[1] Amnistía Internacional (AI) ha hecho pública su preocupación en relación a tal interferencia: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/08/ecuador-gobierno-interfiere-en-proceso-penal-contra-ola-bini/.
[2] La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha pedido que todos los actores políticos se abstengan de hacer juicios públicos: https://www.eff.org/es/deeplinks/2019/08/ecuador-political-actors-must-step-away-ola-binis-case. Asimismo, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) ha llamado la atención sobre estas declaraciones y sus efectos negativos sobre la independencia judicial en torno a este caso: https://drive.google.com/file/d/18LfOSp1XWefCzY7cPuJ7UwnYh56sP9MG/view.
[3] Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Organización de los Estado Americanos (OEA), han llamado la atención sobre la detención de Bini (https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/15/nota/7287350/relatorias-onu-oea-cuestionan-detencion-ola-bini). Además, las Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno ecuatoriano: https://freeolabini.org/es/LetterUN/. Para más información, revisar las siguientes reacciones de respaldo público: https://freeolabini.org/es/statement/; https://freeolabini.org/es/statement-defensores-DDDD/.
[4] Un primer antecedente sobre la falta de rigor técnico para la toma de decisiones sucedió en el contexto de la reformulación de cargos contra Bini. Organizaciones internacionales expertas en la materia llamaron la atención sobre este particular: https://freeolabini.org/es/recommended_readings/report/ y https://www.eff.org/es/deeplinks/2019/08/telnet-not-crime-unconvincing-prosecution-screenshot-leaked-ola-bini-case.
[5] Sobre esta problemática también se han expresado, entre otras, la Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE), la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), el Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) e Indymedia Ecuador. Ver: https://www.facebook.com/inredh.derechoshumanos/videos/336202877136352/.
[6] La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) es la organización delegada de esta misión para asistir a la audiencia en calidad de observadora.

 


Fecha de publicación en línea: 2 diciembre, 2020.
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