Foto: Alexander Valdéz/ Prensa comunitaria

Guatemala, 2 de marzo de 2023.- Desde la Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG) condenamos la decisión de someter a investigación a 8 periodistas, Alexander Valdez del medio Prensa Comunitaria y Gerson Ortiz, Julia Corado Gónzalo Marroquin Monrroy, Cristian Velix, Edgar Gutiérrez, Rony Ríos y Denis Aguilar del medio elPeriódico, respectivamente, por el delito de “obstrucción de la justicia” el 28 de febrero, durante la segunda audiencia del director del medio elPeriódico José Rubén Zamora Marroquin.

La decisión tomada por el Juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez se llevó a cabo a petición de la fiscal Cinthia Monterroso -quien a mediados del 2021 se dio a conocer por acusaciones en su contra por “obstrucción a la justicia”. Monterroso fue la encargada de la detención de Zamora Marroquin en agosto del 2022, y forma parte del equipo de nuevos fiscales a cargo de Rafael Curruchiche^[1], en cuyo mandato se ha observado un aumento de acciones penales en contra de periodistas y comunicadores que mantienen una postura crítica.

Tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, la Red Rompe el Miedo ha registrado una tendencia clara hacia la criminalización de periodistas y medios independientes que visibilizan las prácticas de corrupción, hostigamiento y cooptación de poderes por parte del gobierno de Guatemala a través del hostigamiento judicial. Esta práctica también se ha implementado en contra de jueces/juezas que fueron parte neurálgica del mandato de la CICIG.

De esta forma, además del caso de Zamora Marroquin -y ahora los ocho periodistas mencionados, ARTICLE 19 ha documentado los actos de hostigamiento judicial y criminalización en contra del periodista comunitario Carlos Choc quien fue vinculado a proceso por investigar la contaminación del lago Izabal en 2021 y del periodista y director del medio Con Criterio, Juan Luis Font. Este último tomó la decisión de exiliarse en abril de 2022 pues había sido acusado de cometer el delito de  “asociación ilícita” y, ante la falta de garantías judiciales para enfrentarse a un juicio imparcial, se vio obligado a salir del país. 

En este contexto, el involucramiento de periodistas en el delito de “obstrucción de la justicia” por haber publicado información sobre el proceso judicial contra el director de elPeriódico, se enmarca en esta tendencia que impone el silencio, el temor y la censura para impedir que la sociedad guatemalteca esté informada sobre temas de interés público, como lo es la corrupción, a la vez que inhibe el debate público y plural.

En este tenor es importante destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al estado de Guatemala ,en su Informe Anual de 2021, abstenerse de “(…) utilizar procesos penales bajo distintos tipos de ley cuando se difunde informaciones periodísticas sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos (…)”^[2] a fin de garantizar el mejoramiento de condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y erradicar la criminalización del periodismo independiente y comunitario.

Por ello, considerando la criminalización y hostigamiento judicial como tendencias en aumento en Guatemala y en acuerdo con lo mencionado por la CIDH, nos sumamos a la exigencia de poner fin a este ataque contra el periodismo independiente, cuya labor coadyuva al combate contra la corrupción, promueve una ciudadanía crítica y participativa en los asuntos de su país y fortalece un modelo más democrático de gobierno.

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^[1] Jefe de la Físcalía General contra la Impunidad (FECI)

^[2] 2021, Informe Anual Guatemala, CIDH,  810.

Nota para prensa

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