Ante el nuevo periodo de gobierno que comienza en El Salvador, las organizaciones y redes firmantes de este comunicado hacemos un llamado para que se establezcan las condiciones y garantías necesarias para que las y los periodistas puedan ejercer su labor, la ciudadanía esté informada, y se reconozca el papel de los medios en el fortalecimiento de la democracia. 

Lunes 5 de febrero de 2024.- Luego de varias reuniones con periodistas y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, las organizaciones presentes en el país (Artículo 19 México y Centroamérica, Protection International Mesoamérica, Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa) constatamos el deterioro de la libertad de prensa.

La instrumentalización del régimen de excepción, por parte del gobierno, para mantener la información pública bajo reserva y la inoperancia del Instituto de Acceso a la Información Pública son muestras de un bloqueo deliberado de la información, hecho por el cual ya fueron incluídos funcionarios en la lista Engel, que permite al gobierno de Estados Unidos retirar visas de funcionarios públicos corruptos o involucrados en crímenes. Además, se niega el acceso a fuentes estatales, no se otorgan entrevistas, se restringe el acceso a espacios públicos y se estigmatiza a la prensa, hechos que afectan principalmente a los medios nacionales críticos e independientes, y de manera diferenciada a las mujeres periodistas.

Este discurso estigmatizante promueve una imagen negativa sobre los medios de comunicación y cuestiona su legitimidad. Actores políticos y funcionarios públicos deben tener una mayor tolerancia a la crítica en la ejecución de sus funciones. Los efectos de los discursos estigmatizantes y campañas de desprestigio tienen un impacto severo sobre la seguridad de las y los periodistas que fiscalizan el gobierno, aún más cuando este señalamiento se da por parte del ejecutivo y de instituciones garantes de la libertad de expresión.

Sobre esto, la Relatoría para la Libertad de Expresión explicó en su declaración conjunta que líderes políticos y personas que ejercen la función pública “no deben hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación y, en cambio, deben aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad”.

Así mismo, notamos un clima que promueve la autocensura no sólo de las y los periodistas sino también de las fuentes, debido a la inseguridad jurídica y la falta de garantías para ejercer el periodismo crítico e independiente. El caso de las interceptaciones ilegales hechas públicas en 2022, es decir, el uso del software espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, es un ejemplo de esto.

La situación se complejiza en el marco de un régimen de excepción que se ha extendido de forma reiterada. Esto conduce a una disyuntiva clara y peligrosa que pone en la balanza la promoción de seguridad frente al respeto a los derechos humanos, entre los que se encuentran la libertad de expresión y de prensa. 

El proceso electoral evidenció el deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico y las garantías para la libertad de expresión. Nuestras observaciones en el marco de las elecciones coinciden con las reportadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre las que están obstrucciones a la labor periodística y a la cobertura de medios independientes y críticos, tanto locales como internacionales, principalmente en el Centro de Votación Avenida Olímpica. 

La APES registró que de un total de 173 casos, hasta las 9:00 a.m. del 5 de febrero, más del 50% de las vulneraciones tuvieron que ver con la restricción a la labor periodística. Además, las organizaciones confirmamos la limitación o anulación de la participación de algunos medios y periodistas, sobre todo salvadoreños, en la ronda de preguntas durante la conferencia de prensa dada por Nayib Bukele, antes de que cerraran los comicios. 

Sobre las declaraciones estigmatizantes, que figuran como el segundo tipo de vulneración más reportada por la APES, las organizaciones presentes encontramos preocupante, el reiterativo ataque, en contra de los medios que fiscalizan el poder, hecho por Bukele durante la conferencia de prensa y en el discurso en el Palacio Nacional.

Así mismo, es lamentable la detención del escritor salvadoreño-canadiense Carlos Bucío por leer, en un Centro de Votación, algunos artículos de la Constitución de El Salvador, en los que se prohíbe la reelección.

Ante este grave escenario, concluimos que sin la garantía para el ejercicio de una prensa libre e independiente, no puede haber elecciones libres y justas, y sin elecciones libres y justas no puede haber una democracia verdadera. 

Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades nacionales a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa, estableciendo condiciones seguras y propicias de largo aliento para el ejercicio de la labor periodística más allá de la coyuntura electoral. A su vez, urgimos a la comunidad internacional a vigorizar su deber de promover y defender los derechos humanos en El Salvador, y a tener una mirada crítica y constructiva frente a lo que está sucediendo en el país.

Finalmente, reconocemos el valiente trabajo de las y los periodistas en El Salvador y su contribución a la construcción de una sociedad plural y democrática. Como organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión y prensa seguiremos monitoreando la situación y acompañando a la prensa salvadoreña.

Firman este comunicado organizaciones defensoras de libertad de prensa y de expresión de la región: 

ARTICLE 19 México y Centroamérica

Protection International Mesoamérica

Reporteros Sin Fronteras

Fundación para la Libertad de Prensa

Free Press Unlimited

Fundamedios

Voces del Sur

Comité para la Protección de los Periodistas