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Ciudad de México a 15 de enero de 2021.- El día de ayer, el Juzgado Tercero de Distrito en Mérida, Yucatán, concedió una suspensión a favor de los periodistas Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman, respecto al Decreto legislativo mediante el cual se determinó desaparecer diversos fideicomisos, entre ellos el relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El juzgado determinó que los periodistas continúen con las medidas de protección con las cuentan por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin que se vean afectados por dicho Decreto.

La decisión del juzgado se logró a partir de un juicio de amparo promovido por los mismos periodistas, con acompañamiento de ARTICLE 19 en contra del Decreto publicado el 06 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, con el cual se extinguieron 109 fideicomisos públicos, incluyendo la eliminación de los recursos del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas y del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros destinados a la protección ambiental, ciencia, academia, arte y deporte.

Los periodistas Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman se encuentran incorporados al Mecanismo de protección y cuentan con medidas otorgadas para hacer frente a múltiples agresiones que han sufrido con motivo de su labor informativa. Como parte del acompañamiento y representación de dichos periodistas, ARTICLE 19, y Equipo INDIGNACIÓN – promoción y defensa de derechos humanos-han abierto procesos penales contra particulares y servidores públicos que han participado en dichas agresiones.

En los tres casos, se han logrado diversas vinculaciones a proceso y sentencias a favor de los periodistas como víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, las agresiones vinculadas con su labor periodística no han cesado. Así como ellos, son muchas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que cada día enfrentan un elevado riesgo por ejercer su derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión. Por tal motivo, muchas de ellas se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección y cuentan con medidas para salvaguardar su vida, libertad e integridad.

Respecto a la suspensión en beneficio de los periodistas, cabe señalar que si bien se ordena judicialmente el mantenimiento de las medidas de protección que tienen actualmente, no se estableció su alcance respecto a los recursos que precisamente son destinados para implementar dichas medidas a periodistas y personas defensoras, los cuales se verían afectados por el Decreto referido.

El Juzgado de Distrito también tendrá bajo trámite y análisis el juicio de amparo en el cual resultará fundamental el estudio a fondo que realice con el objeto de otorgar una mayor protección a los periodistas, declarando la inconstitucionalidad de dicho Decreto y ordenando que el Estado mantenga en todo momento los recursos disponibles, idóneos y suficientes para una efectiva protección de periodistas y personas defensoras, en un país como México donde las agresiones en su contra forman parte de lo cotidiano.

Es importante mencionar que el día 23 de diciembre de 2020, María del Carmen Almanza Baruch, integrante del colectivo Voz y Dignidad, representada por el abogado Ricardo Humberto Preciado Jiménez, también logró que el Juzgado octavo de Distrito en San Luis Potosí concediera la suspensión provisional a efecto de que siga obteniendo el apoyo y recursos a los que tiene derecho en su calidad de víctima provenientes del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas. El colectivo de Voz y Dignidad por los nuestros San Luis Potosí AC, está integrado por más de 300 familias de personas desaparecidas desde el 2015. El colectivo se creó a partir de la desaparición de sus familiares con la intención de apoyarse a localizar a sus seres queridos. Derivado de su labor han encontrado a un gran número de personas desaparecidas en el estado.

La derogación de este Fondo implica la desaparición del recurso económico destinado exclusivamente para las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, que incluyen rehabilitación, restauración, satisfacción y compensación, todo ello para reparar los daños; por ejemplo, medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, gastos médicos de diversa índole; medidas de asistencia para apoyos educativos, de desarrollo y de restauración del proyecto de vida de niños, niñas, adolescentes y familias que han sido víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos.

Por lo que respecta al Poder Ejecutivo, si bien han señalado que garantizará la implementación de medidas de protección, la eliminación del Fideicomiso para las medidas de protección trae consigo mayores obstáculos administrativos y pérdida de flexibilidad en la adopción de medidas ante situaciones inminentes de riesgo. Además, la eliminación contraviene las recomendaciones de la Oficina del Alto que incluye la necesidad de asegurar los recursos económicos a favor de las víctimas.

Por otro lado, su eliminación implica la extinción de candados que evitaban que los recursos pudieran utilizarse para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas. Al pasar a manos de la SEGOB, queda abierta la puerta al uso arbitrario de los recursos y, por lo tanto, a la opacidad y corrupción.

Hasta el día de hoy, la SEGOB no ha aclarado de qué manera se van a garantizar tales recursos. Es importante mencionar que durante los años 2018 y 2020 el Mecanismo se ha quedado sin recursos en el Fideicomiso antes de finalizar dichos años pues lo destinado no ha sido suficiente.

De acuerdo con solicitudes de transparencia que realizó ARTICLE 19 en 2020, el Mecanismo reportó que tan sólo hasta el mes de julio había erogado $211,557,013.75. Sin embargo, su presupuesto anual fue de 227.6 millones. Es decir, el año pasado el Mecanismo registró un gasto promedio mensual de alrededor de 30 millones. Ello implicó que para agosto del año 2020 no hubiera recurso suficiente, aumentando los riesgos y apoyo a las personas beneficiarias

Para el año 2021, el presupuesto anual aprobado es de $241,383.873. En ese sentido, preocupa el mensaje político que se envía a periodistas, personas defensoras y víctimas de violaciones graves a derechos humanos en el país quienes además de ser ignoradas durante las discusiones en la Cámara de Diputadas/os y en el Senado carecen de certeza sobre cómo sin candados ni recurso suficiente va a ser posible garantizar sus medidas de protección.

Peor aún, más allá de las medidas de protección como condición indispensable para que estas poblaciones se mantengan con vida, diversas organizaciones de la sociedad civil hemos insistido en la necesidad de construir una política pública que además de proteger, logre prevenir agresiones, combata la impunidad y repare el daño, sin embargo de ello tampoco hay luces de voluntad política.

Por el contrario, nos encontramos ante un panorama legislativo en el que se pretende eliminar organismos autónomos para centralizar el poder y se busca restar obligaciones a la Fiscalía General de la República en materia de protección a periodistas, personas defensoras y búsqueda de personas desaparecidas.

Derivado de lo anterior, ARTICLE 19 insta al Juzgado Tercero de Distrito en Mérida Yucatán y al Poder Judicial que conozca de estos amparos a fin de realizar el estudio a fondo con el objeto de otorgar una mayor protección a los periodistas, declarando la inconstitucionalidad de dicho Decreto y ordenando que el Estado mantenga en todo momento los recursos disponibles, idóneos y suficientes para una efectiva protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Se exige a la Secretaría de Gobernación a informar de manera proactiva, clara, abierta y transparente un plan para garantizar durante el 2021 la implementación de medidas de protección para personas defensoras y periodistas, así como una atención integral a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del país.

Finalmente, se llama al Poder Legislativo para frenar leyes que puedan resultar restrictivas al ejercicio de derechos humanos y por el contrario, impulsar normativas que permitan resarcir una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con miles de víctimas en el país y prevenir que se sigan generando más.

 

 

Nota para prensa

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ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión


Fecha de publicación en línea: 15 enero, 2021.
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