Ya basta señor Presidente. Basta de no asumir su responsabilidad en relación con la violencia. Basta de manipular la expresión de cientos de personas que en días pasados salieron a las calles de México y del mundo para decir, “estamos hasta la madre”. Por su respuesta en días pasados en donde pedía que ese clamor y reclamo se dirigiese a los criminales, podemos darnos cuenta que no acusa de recibido. La sociedad, por principio, no se debe dirigir a los criminales.
La sociedad se debe de dirigirse a las autoridades a las que les hemos cedido nuestra soberanía encomendándoles el trabajo técnico de gobernar. ¿Qué fin tendría que la sociedad les diga a los criminales que dejen de practicar la violencia? ¿A caso cree que debemos apelar a la razón de aquellos que flagrantemente violan y vulneran el estado de derecho? El reclamo no puede ser más que a los que dicen gobernarnos, porque son solamente éstos quienes tienen la responsabilidad de hacer uso legítimo de la fuerza para salvaguardar nuestras instituciones políticas. Si no, valdría preguntarnos, ¿para qué queremos a las autoridades si nos podemos ir directamente a exigir a los poderes fácticos? Hoy es el narcotráfico mañana quién será.
La expresión ciudadana se desprende del ejercicio pleno de la libertad de expresión. Derecho que la violencia, impunidad y negligencia gubernamental han puesto en una frágil condición de subsistencia. Por ello, el estado actual de la libertad de expresión en México es señal de alarma. Contrario a lo que piensan distintas autoridades, el libre flujo de ideas, el diálogo entre gobernantes y gobernados y el derecho a la información son recetas de fortalecimiento para toda democracia. No se soslaya el hecho que el crimen organizado amenaza mordazmente la libertad de expresión. Pero en ningún momento podemos solicitarle a los criminales que salvaguarden nuestro derecho a expresarnos. Se lo exigimos a las autoridades porque son ellas las únicas responsables. Sí, las únicas responsables de salvaguardar el orden y garantizar el goce de los derechos humanos.
Las marchas ciudadanas son una forma de expresión. Su mensaje de exigencia para que el contexto sea seguro es legítimo. El valor de la democracia y de la libertad de expresión es cuidar las voces del disenso. Que no sean aplastadas por el aparato gubernamental es parte fundamental. Si las revueltas en el Magreb nos han recordado algo, es la importancia de la expresión ciudadana. Las marchas en México fueron (y son) ante todo un movimiento ciudadano. No se limitan a una revuelta, ni a una sublevación social por el precario contexto de seguridad. Son ejemplo de una demanda firme de ejercer los derechos de ciudadanía. En este caso se pedía paz. Debemos valorar (más allá de filias y fobias) que las personas salgan a las calles. Resulta una señal inequívoca que les importa lo que sucede en el país. Se puede ver que grupos sociales y políticos intentan subirse al barco para hacer de las demandas ciudadanas demandas con tinte político-partidista. Inevitable. La pertinaz actitud del gobierno federal de descalificar o reorientar las quejas y reclamos es un acto soez. En su derecho está el ejecutivo de tomar la senda punitiva como el centro de su política pública de seguridad. Habrá quienes lo apoyen total o parcialmente. Pero también hay quienes están firmemente en contra. Parece ser tarde para cambiar de estrategia, pero nunca es tarde para escuchar a la sociedad.
