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América Central

La historia de Guatemala ha sido tejida sobre estructuras sociales y políticas generadoras de violencias, que hasta el día de hoy impactan de manera negativa en los ejercicios de la defensa de los derechos humanos, así como de un periodismo libre y crítico. En materia de prevención y protección, Guatemala no cuenta con un sistema que identifique las causas que generan los riesgos para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que desarrolle esquemas de seguridad holística para sujetos individuales y colectivos. Además, que impulse y dé seguimiento a las acciones emprendidas para abatir la impunidad. Las condiciones se agravan para las y los defensores y periodistas que realizan sus labores las zonas rurales, donde la violencia es tan frecuente y contundente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las ha denominado “zonas silenciadas”. 

Ante estos contextos, las organizaciones Centro Civitas, Artículo 35 y ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica exhortan al Estado de Guatemala y a su titular Alejandro Giammattei a fortalecer la libertad de prensa, en vez de limitar el acceso a las fuentes gubernamentales, atendiendo a lo establecido en el Artículo constitucional 35. Asimismo, atender las recomendaciones dirigidas a dicho Estado por parte de la CIDH en materia de libertad de expresión 1, expuestas a continuación:

  1. Reconocer la labor de personas defensoras, periodistas y comunicadoras comunitarias, y el rol fundamental de una prensa libre para la democracia. En Guatemala, y en cualquier país del mundo, el desprecio de la labor periodística y de defensa de derechos humanos tiene un impacto directo en la seguridad de las personas que la ejercen.
  2. Retomar de inmediato el proceso de construcción de la política pública para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de diseñar e implementar un sistema que garantice su ejecución, tomando en cuenta lo establecido en la sentencia Caso Defensor de derechos humanos y otros versus Guatemala, así como la situación especialmente vulnerable de las periodistas y defensoras mujeres, indígenas y comunitarias.
  3. Adoptar las medidas necesarias para colaborar con el Poder Judicial, a fin de asegurar su autonomía, independencia e imparcialidad para que pueda cumplir su papel protector de la libertad de expresión.
  4. Reconocer y enfatizar el rol de funcionarios públicos en garantizar la seguridad digital de los periodistas y evitar el uso de plataformas de redes sociales como un medio para atacar voces críticas. Los ataques digitales pueden afectar el bienestar de periodistas guatemaltecos, su desarrollo profesional y convertirlos en blancos de ataques físicos.
  5. Garantizar que los funcionarios y las instituciones gubernamentales sean accesibles, para que los medios y especialmente las/los periodistas de investigación puedan cumplir efectivamente su responsabilidad de informar al público.
  6. Trabajar para garantizar un clima económico que facilite el periodismo independiente en Guatemala. La incertidumbre económica es una causa de dificultad para el ejercicio periodístico y en muchas ocasiones resulta en autocensura.
  7. Trabajar para que haya un efectivo cumplimiento de la ley de acceso a información, ya que este derecho es vital como herramienta de transparencia de los actos de gobierno y fortalecimiento del sistema democrático en Guatemala.
  8. Garantizar la puesta en práctica de políticas que incorporen criterios democráticos y la igualdad de oportunidades en el acceso a las concesiones de espacios de televisión y radiodifusión, en consonancia con las leyes antimonopolios, y haya acceso a los medios de comunicación por parte de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad del país, particularmente las radios comunitarias en regiones indígenas.
  9. Garantizar el derecho a protestar y la libertad de periodistas de cubrir manifestaciones sociales con seguridad. Esto es particularmente importante en las regiones del país donde la presencia de empresas y proyectos extractivos han generado manifestaciones que habrían sido reprimidas por el Estado.

Las organizaciones firmantes confiamos en que la implementación gradual de acciones coordinadas destinadas a garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos impactará en el fortalecimiento de la democracia y en la garantía y respeto de los derechos de la población guatemalteca.

Guatemala, 3 de febrero de 2020.


[1]  http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2017-es.pdf; https://www.cidh.oas.org/countryrep/Guatemala2003sp/capitulo7.htm


Fecha de publicación en línea: 3 febrero, 2020.
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