- A un año de la Misión Internacional, el Estado Mexicano incumple compromisos y la situación de libertad de expresión en el país se agrava.
- En noviembre de 2019, una coalición conformada por 17 organizaciones internacionales dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información (ISCO SOJ Coalition[1]) realizó una misión a México para abordar la situación de impunidad en los crímenes contra periodistas.
A lo largo de este año, la crisis en materia de libertad de expresión en México se agravó. ARTICLE 19 registró un aumento del 45% de agresiones contra la prensa con respecto al 2019[2]. Posterior a la visita de la Misión, al menos 7 periodistas fueron asesinados por posible vínculo a su labor periodística[3]. A ello se suma que, de acuerdo a RSF, desde 2003 al presente México registra al menos 21 desapariciones de reporteros, un récord en el continente americano. Además, México subió un puesto en el más reciente Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en comparación con el año anterior, quedando en sexto lugar, sólo por debajo de países en plena situación de guerra.
Durante su visita en 2019, la Misión alertó al gobierno federal sobre los riesgos de un discurso estigmatizante y pidió al Presidente un compromiso explícito en este sentido. A pesar de esto, las autoridades continuaron con un discurso estigmatizante y de criminalización contra la labor periodística. Durante este año en reiteradas ocasiones el presidente López Obrador continuó con un discurso de descalificaciones y estigmatización de periodistas y medios. Entre septiembre y octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en sus conferencias matutinas, una serie de “reportes” en donde etiquetó a la prensa como “adversarios” basados en si cubren de manera “positiva” o “negativa” al presidente. Estos procesos generan un mayor nivel de polarización y de denostación de la labor de la prensa y sirven como una lista de intimidación. Esto llevó a que el pasado 22 de octubre ARTICLE 19, CPJ y RSF hicieron un llamado al presidente cumplir con su obligación de no estigmatizar a la prensa.
Durante su visita, integrantes de la Misión nos reunimos con diversas autoridades. Como resultado el gobierno mexicano se comprometió a cumplir las recomendaciones del OACNUDH sobre el Mecanismo de Protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. A pesar de ello, el 8 de octubre la Cámara de Diputados y doce días después el Senado votaron una iniciativa que elimina 109 fideicomisos públicos. Entre estos, la eliminación de los recursos del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas y del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Esta decisión impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de “acabar con la corrupción¨ y aprobada por el Congreso rompe dicho acuerdo y al contrario debilita su sostenibilidad y operatividad, aumentado la vulnerabilidad y riesgos de periodistas y víctimas.
El decreto aprobado también carece de información transparente y clara que informe qué medidas van a tomarse o qué mecanismos financieros se van a aplicar para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En 2019, según el Índice Global de Impunidad del CPJ, México se posicionó en el séptimo lugar mundial con el segundo número más alto de casos de asesinatos de periodistas sin justicia tan sólo detrás de Afganistán y Siria. En los diferentes encuentros sostenidos, la misión hizo un llamado al gobierno mexicano para reducir en 2% anual la impunidad en los crímenes contra periodistas, que actualmente es de más de 98% [4]. Sin embargo, la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión se ha estancado y el índice de impunidad no ha bajado.
El gobierno y empresas periodísticas han fallado en otorgar garantías a periodistas y medios de comunicación durante la pandemia por el virus SARS-CoV. La prensa se enfrenta a altos riesgos de contagio por ser quienes se encargan de cubrir conferencias de prensa o de hacer la reportería en zonas riesgosas como son los hospitales. ARTICLE 19 México tiene conocimiento de que de abril a la fecha, 32 periodistas han muerto a causa del virus. muchos de quienes se contagiaron durante sus coberturas. Mientras que de marzo a septiembre de 2020, ARTICLE 19 México documentó 73 ataques contra periodistas que cubrían asuntos relacionados a la contingencia sanitaria.
Después de un año de nuestra visita a México, nuestras exigencias y la necesidad de atender las condiciones adversas para el ejercicio periodístico y para quienes ejercen el derecho a informar es hoy más que antes urgente. La creciente estigmatización, el debilitamiento de instituciones, la precarización laboral que se agravó con la pandemia, la violencia que aumenta, las censura, el aumento de zonas de silencio y la impunidad que no disminuye dan un mensaje claro, la prensa en México está bajo asedio y la deuda de generar condiciones propicias para un periodismo libre de violencia sigue pendiente.
Las organizaciones integrantes de la Coalición por la Seguridad de Periodistas reiteran su llamado al gobierno federal y locales a:
Impunidad
- Diseñar una política de justicia transicional contundente para acabar con la impunidad en los asesinatos, desapariciones y violencia en contra de periodistas en México.
- Informar sobre qué medidas y políticas implementarán en adelante para detener la espiral de violencia contra la prensa y acciones que tomarán en el combate a la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión a fin brindar garantías de no repetición y acceso a la justicia.
Protección
- Brindar información sobre las medidas que adoptarán para garantizar los fondos para el otorgamiento de medidas de Protección por parte del Mecanismo ante la desaparición de su Fideicomiso y al cumplimiento de las 104 recomendaciones de la OACNUDH al gobierno mexicano en materia de protección.
Prevención
- Poner fin desde todos los ámbitos y niveles de gobierno a la estigmatización contra la prensa y reconocer su rol esencial para el fortalecimiento de la democracia.
- Conducirse bajo los más altos estándares de libertad de expresión y tolerar la crítica a la que están sujetos por el carácter público de sus funciones [5].
- Impulsar una política de prevención que permita disminuir los ataques contra la libertad de expresión.
- Al Estado y empresas de medios de comunicación a que de conformidad con el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la Seguridad de Periodistas y la Cuestión de la Impunidad desarrollen estrictos protocolos sanitarios para prevenir contagios en sus salas de redacción y para apoyar a las y los periodistas que puedan resultar contagiados.
- Crear, desde todas las instancias del Estado, las condiciones de salubridad durante las conferencias de prensa para prevenir cualquier contagio. Medidas de conformidad con los Ministerios de Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Derecho a la Información
- Priorizar la información relativa a los derechos de la ciudadanía, así como a los deberes y obligaciones en un contexto de emergencia sanitaria.
- Abstenerse de restringir el derecho de acceso a la información bajo cualquier parámetro, y por el contrario, garantizar el derecho de buscar, recibir, solicitar y difundir información de toda índole, dando prioridad relativa al derecho a la salud de las personas.
Contacto de prensa
Nombre: Eduardo Espinosa
Teléfono: +1 52 (55) 37907649
Correo: direccion@cencos.org
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink