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Presidente López Obrador, exigimos respeto y rendición de cuentas: ¿cuántos recursos exactamente ha captado su administración por cooperación internacional?

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021.- En México, la recepción de fondos públicos o privados internacionales es legal y no necesariamente constituye injerencia extranjera, como lo ha expresado de manera insistente y criminalizante el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscando deslegitimar la función de contrapeso democrático que desempeñamos las organizaciones civiles firmantes.

Para comprenderlo mejor, un ejemplo de la propia regulación mexicana es contundente: la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que sienta las bases de la política pública en esta materia, a cargo del Poder Ejecutivo Federal.

No sería válido el posible argumento de que se trata de una ley neoliberal heredada, pues contra lo dicho por el presidente, el mismo Gobierno de México cuenta con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AMECID, en cuyo espacio dentro de su sitio web afirma que “Para nosotros, cooperar es compartir lo mejor de México para enfrentar retos globales y crecer juntos”.

Y añade que se trata de “un instrumento de ‘poder blando’ que impulsa las relaciones diplomáticas entre países y cuya ejecución debe estar guiada por las prioridades nacionales de desarrollo, una gestión basada en resultados, la creación de asociaciones incluyentes, la transparencia y la mutua rendición de cuentas entre socios”, como oferente y receptor, todo ello enmarcado en el cumplimiento de los compromisos de México ante la Agenda 2030 y sus ODS.

Otra contradicción es que dicho gobierno ha impulsado acciones de cooperación internacional: específicamente, en 2019 puso en marcha su Plan de Desarrollo Integral, a cargo del presidente y el canciller Marcelo Ebrard, con el objetivo de canalizar 100 millones de dólares a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, para contribuir a mejorar el empleo y las condiciones de vida de sus habitantes, contribuyendo así a reducir la migración forzosa hacia Estados Unidos. ¿Es un plan recriminable? No, México coopera con otros países para mejorar las condiciones de sus ciudadanos y ciudadanas.

Lo anterior se sustenta en el Artículo 89 constitucional, según el cual entre las “facultades y obligaciones del Presidente” está la conducción de la política exterior, incluyendo la relativa a la cooperación internacional para el desarrollo.

En contraste con las descalificaciones presidenciales, esto adquiere especial relevancia considerando que los fondos recibidos por el gobierno mexicano desde 2011 en este rubro han sido crecientes y aplicados a diversas políticas públicas de carácter social.

Veámoslo en cifras, documentadas por Juan Pablo Prado Lallande, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el más exhaustivo análisis disponible sobre el tema: «…en promedio, por cada dólar que la Amexcid tasó como financiamiento de oferta de CID por conducto de la  contabilización  de  sus  ejercicios  de  CSS [Cooperación Sur-Sur],  se  benefició  con 1.52 dólares provenientes del extranjero. Si se compara la recepción de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de 2013 a 2017 (2,508 millones de dólares) frente a la oferta de CSS mexicana en términos monetarios (233 millones de dólares), la relación es de cerca de 10.7 a 1. Esto constata que el perfil de México en este segmento de la CID se configura de forma predominante como beneficiario y no como oferente de CSS» (p. 1135).

Por ejemplo, según USAID, solo en 2019 fueron transferidos desde diversas instituciones de Estados Unidos al gobierno mexicano fondos por 444 millones de dólares, de los cuales casi la mitad debían destinarse a asistencia militar y cuya recepción y destino no han sido transparentados por nuestro gobierno.

Así, en cumplimiento del mandato legal, a través del gobierno federal el Estado mexicano recibe de gobiernos y aporta a gobiernos extranjeros miles de millones de pesos cada año —solo el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 asigna a la AMEXCID MX$5,300,000.00 para cooperación técnica y científica—. ¿Todo esto es injerencia?

Y aquí hay un asunto de primera importancia, que interpela directamente al presidente López Obrador, su doble discurso y la opacidad que caracteriza a su Administración: en su espacio en el sitio web dentro la Secretaría de Relaciones Exteriores, la AMEXCID ha publicado los fondos aportados —¡no los recibidos!— de 2011 a 2017, y es todo.

Con esta base, solicitamos formalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador responder las siguientes preguntas:

  1. ¿Cuánto ha recibido su gobierno de sus pares extranjeros por concepto de cooperación internacional para el desarrollo, desglosado por gobiernos y montos anuales?
  2. ¿Cuál ha sido exactamente el destino de estos fondos, por montos y rubros, y en qué medida estos han contribuido a implementar sus políticas públicas?
  3. ¿Por qué no ha rendido cuentas sobre el origen, recepción y manejo de estos recursos, como es su obligación legal?
  4. ¿Cuánto ha aportado su gobierno a sus pares extranjeros por concepto de Cooperación Sur-Sur?
  5. ¿Cómo se han evaluado el uso y los resultados obtenidos mediante estas aportaciones a gobiernos extranjeros provenientes de nuestros impuestos?
  6. Y lo más importante, ¿esto implica o no que su gobierno propicia la injerencia de o en gobiernos extranjeros?

El Estado democrático de derecho no puede seguir siendo solo un cliché retórico presidencial para denostar a la sociedad civil organizada, cuyas aportaciones a la democracia y el desarrollo son innegables, especialmente en la historia reciente.

¡Exigimos respeto, transparencia y rendición de cuentas!

¡Estamos atentos y atentas a sus respuestas precisas!

Firmantes

Organizaciones

Artículo 19 México y Centroamérica

Borde Jurídico

Buscando Desaparecidos México, BUSCAME

Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia, AC)

Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra, AC

Fundación para el Debido Proceso

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Impunidad Cero

Instituto de Justicia Procesal Penal, AC

Justicia Transicional México

Legalidad por México, AC

Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando, Tamaulipas

México Unido Contra la Delincuencia, AC

Nuevo Periodismo para la Justicia, AC 

Observatorio Designaciones Públicas 

Organización Comunitaria por la Paz

REDIM Red por los derechos de la infancia en México

 

Personas

Mariclaire Acosta Urquidi

Luis de la Barreda Solórzano

 Susana Camacho

Jimena Candano Conesa

Manuel Canto Chac

Javier Carrasco Solís

Luisa Conesa Labastida

Rosa María Cruz Lesbros

Jacobo Dayán

Denise Dresser

María de los Ángeles Estrada

Mario Luis Fuentes

Ricardo Fuentes Nieva

Eliana García Laguna

Ana Guzmán Murillo

Marisol Jiménez Rodríguez

Marco Lara Klahr

Emilienne de León Aulina

Abraham Lira Valencia

José O. López

Ernesto López Portillo

José Octavio López Presa

Daniela Malpica Neri

Luna Mancini

Ángeles Mastretta

Héctor de Mauleón

Manuel Molano

Ana Pecova 

Jorge Carlos Peniche Baqueiro

Juan Martín Pérez García

Jacqueline Peschard Mariscal

Federico Reyes Heroles

Jesús Reyes Heroles

Cristina Reyes Ortiz

Jesús Rodríguez Zepeda

Jorge Javier Romero Vadillo

Paula Saucedo Ruiz

Irene Tello Arista

Juan Francisco Torres Landa Ruffo

María Teresa Troncoso

Daniel Vázquez

Alberto Xicoténcatl Carrasco

Paola Zavala Saeb


Fecha de publicación en línea: 10 mayo, 2021.
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