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Derecho a la información
Informe Especial COVID-19

Ciudad de México, 9 de julio de 2020.- En diciembre de 2019, un nuevo padecimiento, ocasionado por la cepa de coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), inició su propagación a lo largo y ancho de la Tierra. Ante esta enfermedad, llamada COVID-19, el mundo tembló, algunos gobiernos no supieron reaccionar y las relaciones humanas empezaron a cambiar.

Desde los inicios del brote, la libertad de expresión y el derecho a la información se convirtieron en una víctima más de la pandemia. A nivel global, la desinformación y el discurso de odio se expandieron poco a poco atravesando fronteras y provocando miedo, estigmas y perjuicios contra diversas poblaciones, principalmente asiáticas, así como contra las víctimas de la enfermedad.

El papel y la relevancia de los gigantes tecnológicos en el destino del mundo también se puso a prueba y se cuestionó cada uno de los estándares y parámetros con los cuales se exige la defensa de los derechos humanos en el ámbito digital, reconociéndose la potencialidad y alcance de las redes sociales y los retos prácticos para hacer que la inteligencia artificial se adapte a las reglas de un juego democrático y a los principios de los derechos humanos.

Además, en este contexto y de manera general, se puso de manifiesto la crisis económica a la que se enfrentan diversos medios de comunicación, la vinculación con el dinero público —y el riesgo aparejado de convertir la publicidad gubernamental en mera propaganda o en instrumento de coacción— y, con esto, la precariedad y falta de garantías laborales a las que se enfrenta el periodismo profesional, a lo que se suma el reto mayúsculo de alejar a las audiencias de las campañas de desinformación, que se expanden de manera vertiginosa.

En la región de México y Centroamérica, la pandemia puso de relieve estas y otras fracturas existentes en la garantía de derechos y exacerbó los ánimos autoritarios de gobiernos que, hasta el momento, se consideraban democráticos. Más aún, la contingencia nos confrontó con la profunda desigualdad que caracteriza a cada uno de los países de la región y mostró la imperiosa necesidad de reformas estructurales que miren por las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, principalmente en lo que toca al acceso a la información y al ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.

De esta manera, en países como México, Honduras, El Salvador y Guatemala, que tienen gobiernos democráticos, éstos mostraron un preocupante recelo ante el escrutinio público y el reconocimiento de la esencialidad del acceso a la información pública, cuestionando un sinnúmero de veces la capacidad de la prensa para hacer su trabajo. Si bien en los países mencionados ya se venían observando amenazas diversas a la libertad de expresión e información en “tiempos de paz”, en medio de la conflictividad que representa la pandemia dichas amenazas se exacerbaron y se convirtieron en peligrosos caminos hacia una “nueva normalidad”.

La intolerancia de los funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno en los cuatro países, la falta de voluntad para hacer llegar información útil a las poblaciones más vulnerables (principalmente las comunidades indígenas) y el recrudecimiento de la polarización son una fórmula fatal para el ejercicio de las libertades democráticas en este contexto.

Por otra parte, en Cuba, la falta de cualquier tipo de libertad democrática (expresión, asociación e información), conjugada con la precariedad a la que se enfrenta la población, hace casi imposible el escrutinio de la gestión del Estado en el marco de la contingencia, lo que incrementa los niveles de riesgo a los que se enfrenta la prensa al hacer su trabajo y limita el acceso a información de interés público que necesita la población para decidir sobre su salud y su futuro. Este informe intenta recuperar las violencias, retos y obstáculos que viven el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en el marco de la pandemia, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba.

Asimismo, analiza el rol del Estado y los gigantes tecnológicos en esta materia y advierte, también, sobre las distintas amenazas a las que se enfrentan las poblaciones en caso de que todos estos procedimientos se conviertan en la regla y no en la excepción.

Finalmente, el informe formula una serie de recomendaciones a gobiernos, plataformas digitales, medios de comunicación, periodistas y sociedad en general, que habrán de ser consideradas a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y el derecho a la información.

 

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Nota para prensa

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ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.


Fecha de publicación en línea: 9 julio, 2020.
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