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  • El Congreso afirma ante la Justicia Federal que la iniciativa sobre matrimonio igualitario ha regresado a comisiones. Diputadas y Diputados lo niegan ante medios.
  • Organizaciones temen que el Congreso esté simulando el regreso a comisiones para dejar sin materia los juicios en su contra

 

 Ciudad de México y Mérida, Yucatán a 28 de Mayo de 2019.- El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) y la organización ARTICLE 19 México externaron su preocupación frente a la postura que ha sostenido el Congreso del Estado de Yucatán en el juicio de amparo presentado en su contra por haber votado de manera secreta la iniciativa que permitiría el matrimonio igualitario en Yucatán. Las contradicciones entre los pronunciamientos públicos de algunos diputados y las manifestaciones hechas ante la Justicia Federal podrían ser signo de una mala fe por parte del Poder Legislativo.

Como es de conocimiento público, el pasado 22 de abril del presente año, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán (Colectivo PTFY) y la organización ARTICLE 19 México presentaron un amparo en contra del Poder Legislativo yucateco por haber rechazado una iniciativa que permitiría el matrimonio igualitario en la entidad mediante una votación secreta. Esto a pesar de que la legislación local únicamente prevé esta modalidad para votaciones destinadas a seleccionar cargos públicos.

Al dar respuesta a la demanda de amparo, el Congreso de Yucatán señaló al Juzgado Primero de Distrito en Yucatán que la votación secreta no viola los derechos humano debido a que la iniciativa de matrimonio igualitario habría sido llevada otra vez a comisiones, por lo que el proceso legislativo no habría concluido.

Este argumento de defensa se contradice rotundamente con recientes declaraciones públicas de diputadas y diputados que han negado categóricamente que el asunto regrese a comisiones. Por ejemplo, el pasado 16 de Mayo del año en curso, la Diputada plurinominal y coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Rosa Adriana Díaz Lizama, comentó a medios de prensa que “la iniciativa del matrimonio igualitario ya fue legislada mediante el procedimiento que establece el reglamento que rige la vida interna de la Cámara de diputados de Yucatán”.

Así también lo habrían señalado a la prensa el Diputado Enrique Castillo Ruz y la Diputada Karla Franco, Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso, respectivamente. El pasado 29 de abril, Castillo Ruz habría asegurado que el proceso legislativo “ya concluyó y no podría ser de nueva cuenta turnada la misma iniciativa a comisiones o bien, al Pleno”. Como en ocasiones anteriores, el Diputado priísta habría defendido nuevamente su decisión unilateral de realizar la votación por medio de cédulas (es decir, de forma secreta).

Por su parte, también el 29 de abril, Karla Franco Blanco habría asegurado que “es decisión de la Mesa Directiva del Congreso del Estado reenviar de nuevo a la comisión el dictamen rechazado el 10 de abril, correspondiente al matrimonio igualitario.” Sin embargo, ella también coincidió con Castillo Ruz y Díaz Lizama que el Congreso de Yucatán “cumplió con legislar en la materia.”

Externamos nuestra preocupación por el hecho de que el Congreso de Yucatán pudiera estar simulando ante la Justicia Federal un falso regreso de la iniciativa a comisiones con el objetivo de intentar dejar sin materia los dos juicios de amparo que han sido presentados en su contra. Esta práctica implicaría que el Poder Legislativo estaría falseando sus declaraciones, evidenciando su falta de voluntad política para corregir un proceso legislativo que se realizó de manera contraria a la legislación yucateca.

En todo caso, aún si el supuesto regreso de la iniciativa a comisiones fuese verdad, esto no da ninguna garantía de que la iniciativa sobre matrimonio igualitario no sería nuevamente votada de manera secreta, ni mucho menos que no volvería a ser rechazada. Esta es una de las muchas razones por las que es necesario que el Poder Judicial de la Federación reconozca que la votación secreta realizada no solo es ilegal, sino que viola los derechos humanos al impedir que las y los ciudadanos puedan ejercer un escrutinio público de las decisiones de sus representantes.

Al respecto, ARTICLE 19 México señaló que hasta ahora el Congreso de Yucatán no ha sabido justificar por qué una decisión de alto interés público fue tomada de manera secreta, evitando que la ciudadanía conozca qué decisión tomó cada una de las personas que dicen representarlos en las decisiones legislativas. Además, al contestar la demanda, el Congreso de Yucatán reconoce que decidió llevar la votación por medio de voto secreto para evitar la “presión social”, lo cual es un reconocimiento de que el objetivo fue evitar la rendición de cuentas.

A estos intentos de simulación por no tener argumentos legales para justificar la votación secreta, se añade el hecho que el diputado coordinador de la bancada del PRI y presidente del Congreso Yucateco, Felipe Cervera, aún no ha clarificado su insinuación de que se tenía ‘plenamente identificadas’ a las personas que interpusieron el amparo, señaló el Colectivo PTFY. En un México en donde ser defensores de los derechos humanos es un peligro, declaraciones de este tipo no sólo son irresponsables sino son también deshonestas por querer minimizar y menoscabar los esfuerzos en pro de los derechas humanos. Por último, el Colectivo PTFY, señaló que el 21 de junio se celebrará la audiencia constitucional que daría cierre al juicio, iniciando el plazo que tiene el Juzgado Primero de Distrito para emitir una sentencia sobre el caso.

 

 

 


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Fecha de publicación en línea: 28 mayo, 2019.
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