Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México 1 de noviembre de 2023.- El día miércoles 25 de octubre a las 0:25 am, el huracán Otis impactó al estado de Guerrero, mismo que llegó a convertirse de una manera inusualmente rápida a categoría 5. Ante esto, 6 municipios fueron declarados como emergencia por desastres naturales: Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Acapulco, Atoyac de Álvarez, Xalpatláhuac y Tecpan de Galeana, sin embargo, la dimensión del desastre afectó también las periferias, comunidades rurales y zonas conurbadas.

A pesar de que el Centro de Huracanes de EU alertó a México que Otis había aumentado a categoría 5 en menos de 24 horas, haciendo impredecible sus impactos, y que alrededor de las 3 de la tarde del martes 24 de octubre, se preveía que tocaría las costas de Guerrero en categoría 4, las autoridades mexicanas hicieron caso omiso de esta situación.

Lo anterior, provocó que la información oficial que las autoridades mexicanas proporcionaron a la población sobre la magnitud del huracán no fuera oportuna ni clara, dejando a la personas sin las posibilidades de tomar decisiones informadas sobre medidas de preparación, resguardo o evacuación, tal como se señala en entrevistas realizadas por ARTICLE 19 a la población local de Guerrero.

Una de las personas afectadas por este huracán^[1], comentó a ARTICLE 19 que no tenía entendido que lo que se venía fuera una tormenta tropical y que la población debía tomar precauciones, por lo que se quedó en casa pero él y su familia no lograron cubrir las ventanas de su casa porque en menos de una hora subió de categoría el huracán. Además, refiere: “no fuimos comunicados de que podría ser categoría 5 menos de lo que podría provocar”.

La población damnificada también ha reportado que hay una atención desigual por parte de las autoridades, priorizando la zona hotelera de Acapulco, como atestigua una de las personas entrevistadas habitante de Acapulco:  “…las colonias de Acapulco están abandonadas y destruidas, la gente no tiene comida ni agua que es lo básico para sobrevivir… hay cero ayuda por parte del gobierno».

En un comunicado publicado el día 30 de octubre de 2023 por la organización Tlachinollan, se menciona que la zona rural de Acapulco está invisibilizada, principalmente las comunidades pertenecientes al núcleo agrario de Cacahuatepec, quienes han tenido que salir a la carretera para pedir comida y agua, además que varias comunidades se inundaron debido al cauce del río Papagayo.

Esta organización también relata lo ocurrido en la zona del mar y las lagunas donde las tragedias son de gran magnitud, ya que hay varios pescadores que se encuentran desaparecidos – varios de ellos se encontraban en alta mar pescando durante la llegada del huracán. Además, señala que la mayoría de las familias pescadoras perdieron sus lanchas y sus viviendas quedaron dañadas.

En otra entrevista realizada por ARTICLE 19, también se mencionó que la situación en las comunidades de la periferia de Acapulco que se concentran en la costera y las colonias populares es peor, ya que no han sido atendidas ni agua les han llevado»^[2].  Esto deja ver que cuando se trata de poblaciones menos visibles como las comunidades indígenas y afromexicanas que habitan también el territorio afectado, las desigualdades en la atención se acentúan.  

Lo mismo es señalado por Manu Ureste, periodista de Animal Político enviado a Guerrero, quien comentó a ARTICLE 19 en entrevista, que «en las colonias aledañas a la ciudad, sobre todo las zonas montañosas, se sienten muy abandonados porque no se paró ninguna autoridad [ahí] los primeros 4-5 días«.

Además, Ureste manifestó a ARTICLE 19 que la primera semana después del huracán Otis existieron vacíos de información y desorganización por parte de las autoridades para atender las necesidades de la población damnificada: He visto mucha gente de cualquier parte de la ciudad (…), acercándose a preguntarle a las autoridades desesperadas, que dónde pueden encontrar un comedor comunitario porque no tienen que comer, y [las autoridades] no saben, no hay,^[3] refiere.

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, las autoridades tienen la obligación de brindar información clara y oportuna sobre los riesgos de fenómenos naturales y las causas de fondo que los generan. También tiene la responsabilidad de dar respuestas institucionales de manera articulada para asegurar la complementariedad en funciones, la rendición de cuentas y el seguimiento a mediano y largo plazo.

Aunado a lo anterior, las actuaciones de los tres niveles de gobierno durante la Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) deben involucrar la identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, la prevención, la mitigación, la preparación, el auxilio, la recuperación y la reconstrucción, por medio del análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que tome en cuenta la participación de la sociedad, en particular de las población afectada.

Además, las políticas públicas de la GIRD deben tomar en cuenta los principios de transversalidad, rendición de cuentas, corresponsabilidad, eficiencia, equidad e integralidad, dirigidas a combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad, particularmente de localidades susceptibles de sufrir los embates de fenómenos naturales.

No obstante lo anterior, el 31 de diciembre de 2020 se publica la decisión del Ejecutivo federal  de desaparecer el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), considerado un instrumento de política pública tradicionalmente usado por los gobiernos de todos los niveles para atender las emergencias de los desastres por medio de declaratorias, sin que al momento se conozca cuál será el fondo o programa así como el nivel de coordinación institucional mediante el cual se gestionará e implementará el apoyo para la atención de la población y las comunidades afectadas por este fenómeno natural así como aquellos ocurridos en años recientes además de los que podrían ocurrir.

En este contexto, cabe recalcar que expertos en cambio climático han hecho hincapié en que el fenómeno “El Niño” afectaría la temperatura del océano aumentando las probabilidades de huracanes fuertes este año y en años subsecuentes; por lo que, instan a los gobiernos a poner especial atención en reforzar todo tipo de medidas de mitigación los impactos en los ecosistemas, en las pérdidas humanas, económicas y salud. En este sentido se tiene que establecer una serie de partidas presupuestales para la implementación de medidas preventivas, reducción y atención de riesgos.

Los daños causados por el Huracán son incuantificables a la fecha, aunados a la falta de comunicación por la intermitencia de la señal telefónica y la conectividad a internet, ante la falta de luz y de los servicios básicos como agua y alimentos, lo cual se suma  de nuevo a la poca información por parte de las autoridades en cuánto a las formas de apoyo, desde lo más básico sobre dónde obtener alimentos, dónde se ubican los centros comunitarios, albergues, mucho menos se cuenta con información sobre cómo serán las reparaciones de daños a las viviendas.

Por lo anterior y tomando en cuenta las obligaciones que tienen las autoridades en la gestión integral de riesgos de desastres, entre las que se incluye la provisión de información oportuna, pertinente, objetiva, veraz y asequible en contextos de desastres naturales, exhortamos a los tres niveles de gobierno que, de forma coordinada  continúe atendiendo de manera expedita a la población damnificada en Guerrero y además:

• Realice acciones encaminadas a la difusión de información fiable, por todos los medios a su alcance, en materia de prevención, atención y reconstrucción, de tal forma que se garantice los derechos de las comunidades damnificadas.
• Implementar mecanismos efectivos de difusión de información útil y oportuna a través de medios accesibles, diversos e incluyentes que permitan transparentar el impacto de las afectaciones provocadas por el huracán Otis.
• Proveer de forma diligente datos confirmados sobre personas desaparecidas y hospitalizadas así como los daños materiales que arrojó este huracán.
• Administrar de forma responsable los recursos públicos asignados para atender la emergencia así como los recursos provistos por organismos internacionales; a la par gestionar de manera articulada con el sector privado y de sociedad civil los provistos por ambos.
• Establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia que aseguren que los recursos anteriormente señalados lleguen a quienes los necesitan.

El presente comunicado contiene información que será desarrollada da profundidad en un reporte posterior.

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^[1] Entrevista realizada de forma anónima, por motivos de seguridad. Acapulco, Guerrero, Octubre, 2023.

^[2] Entrevista realizada de forma anónima, por motivos de seguridad. 30 de octubre de 2023.

^[3] Entrevista con el corresponsal de Animal Político en Guerrero, 31 de octubre de 2023.

Nota para prensa

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