Asesinatos de periodistas en México: resultado de la ausencia de una política pública integral de protección
Ciudad de México, 21 de junio de 2021.- Las organizaciones que conformamos el Espacio OSC, Reporteros sin Fronteras (RSF), y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigimos la creación de una política pública integral que genere protecciones efectivas para la prensa en México.
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 19 periodistas han sido asesinadas y asesinados en posible vínculo con su labor. Además en lo que va del año, por lo menos un periodista, Jorge Molontzín, fue desaparecido. De igual forma, organizaciones de la sociedad civil registran entre un 10% y 13% de aumentos anuales en los ataques contra la prensa, sin que a la fecha haya estrategias claras por parte del gobierno para frenar la violencia.
Gustavo Sánchez Cabrera
El 17 de junio de 2021, Gustavo Sánchez Cabrera, director del medio digital Noticias Minuto a Minuto y Panorama Pacífico TV, fue asesinado por sujetos desconocidos con un arma de fuego en Morro Mazatán, Santo Domingo Tehuantepec, estado de Oaxaca. Según información pública, sujetos desconocidos le dispararon en la cabeza y se dieron a la fuga en un auto color verde. El periodista reportaba principalmente notas de política local y policíaca o nota roja.
Al asesinato de Gustavo Sánchez le anteceden una serie de amenazas en redes sociales e intimidaciones como allanamientos y presencia de sujetos desconocidos cerca de su domicilio. En este sentido, preocupa a las organizaciones la ausencia de un aparato de justicia que investigue y lleve a los agresores de los periodistas a la justicia. El año pasado, Gustavo Sánchez fue víctima de múltiples amenazas, allanamientos y hasta un intento de asesinato el 13 de julio de 2020.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió la carpeta de investigación el mismo julio de 2020, donde Gustavo directamente identificó a su agresor. Dicha entidad dictaminó medidas de protección al periodista, entre las que se incluían rondines por parte de la Policía Estatal. Sin embargo, el mismo periodista relató a ARTICLE 19 y RSF que sus medidas, las cuales consistían en rondines policiales a su domicilio, no se cumplían a tres meses después de su ataque:
Cabe resaltar que Sánchez informó a RSF que en mayo de 2021 solicitó a la Fiscalía del Estado una actualización sobre el estado que guardaba su investigación, sin obtener respuesta.
De la misma forma, preocupa la lenta reacción por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) en sus procedimientos para la incorporación al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el seguimiento a la correcta implementación de las medidas de protección. Si bien, se desconoce la fecha exacta, Sánchez expresó en diciembre 2020 a ARTICLE 19 que había solicitado su incorporación al Mecanismo, pero no había sido procesado su caso. Ese mismo mes, ARTICLE 19 urgió al Mecanismo a reconsiderar la aplicación y a incorporar a Sánchez al programa de protección. RSF asimismo documentó el caso y también urgió a las autoridades otorgaran medidas de protección al periodista. En enero del 2021, Sánchez solicitó de nuevo su incorporación al Mecanismo. No obstante, su evaluación ocurrió el 30 de mayo, y sus medidas fueron notificadas a inicios de junio. Sin embargo, estas no llegaron a ser implementadas por parte de la Fiscalía de Oaxaca.
Enrique García García
El mismo 17 de junio, sujetos desconocidos asesinaron a Enrique García García con arma de fuego en el Estado de México. Según información pública, fue encontrado con heridas de bala en su auto. Sus familiares habían reportado su desaparición un día antes. Si bien, García fue reportero de TV Mexiquense y el Sol de Toluca, según la información documentada por ARTICLE 19, desde el año 2019, el periodista principalmente trabajó en comunicación social del municipio, así como en el equipo de comunicación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la campaña electoral del 2021. Asimismo, García fungía como conductor para la aplicación DiDi.
Las organizaciones de sociedad civil se encuentran documentando los hechos, y recuerdan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que deben, en acorde a los protocolos de investigación, considerar no sólo la línea de investigación de un posible asalto, sino su rol como periodista y su labor dentro de comunicación social de un partido, particularmente cuando las elecciones concluyeron hace menos de dos semanas. Cabe resaltar que este 2021, el proceso electoral se caracterizó por altos niveles de violencia política, y organizaciones de sociedad civil reportaron al menos 55 amenazas y agresiones contra la prensa. Ninguna línea de investigación debe descartarse a priori con el fin de identificar a los culpables y llevarlos ante la justicia.
El rol del Estado en la protección de la prensa
México continúa siendo uno de los Estados más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, siendo insuficientes las actuales políticas de protección. En su concepción actual, la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha logrado contrarrestar las causas estructurales de violencia y agresiones contra la prensa en los últimos años, con al menos 139 asesinatos de periodistas desde el año 2000[1], incluyendo a 12 personas beneficiarias del actual Mecanismo de Protección.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que, en materia de agresiones contra la prensa, es responsabilidad del Estado prevenir, proteger, y procurar justicia. Respecto a la prevención indica que la seguridad de periodistas no debe limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan acciones de prevención dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad.
Organizaciones de sociedad civil han reiterado públicamente las limitaciones de las actuales políticas reactivas. La protección de la prensa debe darse a través de una Política Pública Integral la cual debe reconocer la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que el periodismo y el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información se ejerza de de forma libre y segura. El Estado mexicano debe así no sólo trabajar en prevención, sino en la coordinación entre las distintas entidades federativas y niveles de gobierno con el fin de generar medidas de protección, así como combatir la impunidad investigando diligentemente los ataques contra la prensa y los asesinatos del gremio periodístico.
En vista de lo anterior, las organizaciones que conformamos el Espacio OSC, Reporteros sin Fronteras (RSF), y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) reiteran la urgencia de implementar una política de protección integral y:
- Exhortan al ejecutivo federal así como a los ejecutivos de los poderes municipales y estatales a pronunciarse públicamente a favor de la importancia de la labor periodística, así como en contra de la violencia contra la prensa.
- Exigen al Estado mexicano que, en acorde a sus obligaciones internacionales, otorgue la máxima prioridad política a atender y resolver la situación de impunidad de los asesinatos cometidos contra periodistas y comunicadores sociales así como prevenir cualquier ataque contra la prensa y garantizar plenamente el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
- Conminan al ejecutivo federal a asegurar que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas reciba un financiamiento adecuado y completo con el fin de fortalecer y garantizar su funcionamiento para incorporar y proteger a aquellas personas y colectivos beneficiarios. En ese mismo sentido, SEGOB y SHCP deben dar a conocer cuales son los nuevos lineamientos bajos los cuales operan los recursos para protección de periodistas y personas defensoras.
- Al mismo tiempo urgen al Mecanismo debe hacer una revisión profunda de la aplicación de los análisis de riesgo y la aplicación de las medidas de emergencia.
- Urgen a todos los niveles de gobierno a fortalecer la coordinación y cooperación entre el Mecanismo y las autoridades locales, con el fin de implementar las medidas de protección a cada persona y colectivo beneficiario.
- Llaman a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR), así como a las Fiscalías Estatales a combatir la impunidad investigando diligentemente los casos de asesinatos de periodistas. Urgen también la investigación de todos los crímenes contra la libertad de expresión, apegados al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
FIRMAN:
Reporteros Sin Fronteras (RSF)
Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
[1] ARTICLE 19 ha documentado 139 asesinatos de periodistas vinculados a su labor. Ver: https://articulo19.org/periodistasasesinados/
Reporteros Sin Fronteras (RSF). Ver: https://rsf.org/es/mexico
Nota para prensa
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