México D.F., 15 de marzo de 2012 (Article 19/Anticensura).Demasiadas muertes y desapariciones han pasado en México hasta que el Congreso ha decidido hacer lo que tiene que hacer: fortalecer el marco legal para fortalecer la libertad de expresión. El pasado 13 de marzo, el Senado de la República aprobó modificaciones al artículo 73 de la Constitución el cual faculta a las autoridades federales a conocer delitos cometidos contra periodistas en uso de su derecho a la libertad de expresión. Artículo 19 reconoce este relevante paso. Al mismo tiempo subraya que esta modificación es insuficiente para tener el marco legal necesario. En otras palabras, el Congreso desaprovechó hacer las cosas de mejor manera. Es decir, modificar de manera integral las leyes en aras de fortalecer capacidades de investigación y con ello romper el lacerante ciclo de impunidad de los casos de periodistas asesinados o desaparecidos. No fue así, optaron por el camino largo. Hoy un paso y quién sabe cuándo se den los demás. Por lo tanto, el paso siguiente es que la reforma sea aprobada por al menos 17 legislaturas locales para poder entrar en vigor. Restaría además que el congreso federal redacte y apruebe reformas a la legislación secundaria (Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) que dicte los supuestos en los que esta reforma será aplicable.
La facultad de la federación para atraer casos no resolverá ni parará mágicamente la violencia contra la prensa. Debe de quedar esto sumamente claro. El objetivo central de dicha facultad es sencilla: que los casos de agresión a periodistas no sean investigados por las procuradurías locales. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a nuestra documentación, 60% de los casos de agresiones contra la prensa son cometidos por agentes estatales, es decir, funcionarios públicos como policía municipal o estatal, entre otros. Si el número de funcionarios estatales es tan alto, la evidencia nos dicta que el ministerio público no actuará de manera diligente contra aquellos funcionarios que amenacen, detengan de manera ilegal y golpeen a periodistas entre otros delitos. Entonces, la intención del legislador es no permitir que autoridades locales solapen a sus colegas.
La facultad inscrita en el artículo 73 no se reserva la materia de agresiones contra periodistas para ser únicamente conocida por autoridades federales. Con base en la reforma pueden convivir competencias del orden local y el federal, pero la federación tiene facultad de atraer un caso del orden local. La primera pregunta que tendría que responder la legislación secundaria es ¿cuáles casos son los que deberá atraer la federación? Los casos son diversos, desde una cachetada hasta una desaparición. Se tendrá que definir de alguna manera qué casos deben cumplir qué requisitos para que sean investigados por la PGR. Además, la ley secundaria también debe de definir el sujeto, es decir, ¿qué se debe entender por periodista o actividad periodística? La discusión sobre el sujeto debe ser incluyente y no restrictiva en aras de proteger el derecho a la libertad de expresión y no una profesión únicamente.
Por último, es imposible hablar de la facultad de la federación de investigar sin hablar del indignante papel que ha jugado el ministerio público federal a través de la Fiscalía Espacial para Delitos contra la Libertad de Expresión(FEDALE). Es sabido que esa fiscalía ha resuelto solamente un caso en los cinco años de vida. La simple idea de darle más trabajo con la atracción de nuevos casos parecería un contrasentido. En otras palabras, las ruedas para hacer válido el artículo 73 son dos: ley secundaria y fortalecimiento del marco legal de la fiscalía empezando con la modificación al reglamento de la PGR para darle presupuesto y nuevas facultades. Sin estos dos elementos el paso adelante que es la reforma constitucional quedaría en puros buenos deseos.
En conclusión, bienvenida la reforma al artículo 73. Celebremos fríamente y comencemos a trabajar en todos los otros pendientes que necesitamos lograr para que la impunidad en los casos de periodistas sea abatida. De lo contrario continuaremos poniendo en riesgo nuestro derecho a la información.
Aprovechamos el espacio para invitarlos el próximo 20 de marzo a la presentación de nuestro informe anual «Silencio Forzado: el Estado cómplice de la violencia contra la prensa»
