Periodista en Baja California con orden de aprehensión por acusaciones falsas en su contra
Ciudad de México a 2 de diciembre de 2016.- El periodista Antonio Heras, colaborador del portal Lindero Norte, cuenta con una orden de aprehensión, producto de una falsa acusación en la que se le culpa de ser propietario de una empresa importadora, dedicada a la venta de automóviles usados con documentos irregulares en el estado de Baja California.
El 22 de noviembre de 2016, fueron presentadas seis denuncias en contra de Heras por estas supuestas ventas, por el incumplimiento en la entrega de vehículos importados desde Estados Unidos, y por irregularidades en la documentación.
En entrevista con ARTICLE 19, el periodista expresó:
“Uno de los recursos que se presentaron en mi contra dice que un funcionario del gobierno del estado, de nombre José Alberto de Lara Granillo, fue a comprar un vehículo con una importadora, que posteriormente reclamó la entrega de la unidad y que el vendedor le dijo que si quería demandar, Antonio Heras era el dueño del negocio. Las otras imputación son iguales pero con diferentes nombres”.
Heras aseguró que se trata de un mecanismo distractor, de inhibición a la libertad de expresión y del libre ejercicio periodístico, en tanto las acusaciones fueron parte de un montaje burdo para que él enfrentara un proceso penal falseado, cuya medida cautelar es prisión preventiva.
Como antecedente a este hecho, en agosto de este año, Heras fue víctima de violencia institucional cuando, a través de presiones ejercidas sobre los contratos de publicidad por parte de Jorge Alberto Cornejo, Coordinador de Imagen y Publicidad de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Baja California, el Grupo Imagen le notificó que ya no tendría participación en un nuevo proyecto informativo, donde el periodista estaba previsto para participar como conductor y director editorial.
Heras se entrevistó con el Director de Comunicación Social del estado a quien le señaló lo que su subordinado había hecho y le notificó que haría público lo sucedido, además de emprender acciones legales por violentar su derecho al trabajo.
Respecto al acoso sistemático que ha sufrido directa e indirectamente, Heras concluye:
“Se trata de una reacción del gobierno de Baja California para inhibirnos de informar a la sociedad, desde un punto de vista crítico sobre los programas gubernamentales. Es una reacción contra el gremio periodístico, que se suma a las campañas negras de desprestigio y de condicionar publicidad a cambio de callar voces críticas.”
Respecto a la acusación sin sustento el periodista, declaró a Article19:
“Vivo de lo que me pagan en mi trabajo, no tengo los recursos para ser dueño de lotes de automóviles y menos de importadoras. No soy el único que ha pasado por una situación como esta. En este caso, se trata de un montaje que considero que es un agravio terrible y una agresión directa de parte del gobierno de Francisco Vega.”
Article19 ha documentado previamente el uso indebido de la asignación de publicidad oficial a medios por parte del gobierno del estado para favorecer, censurar indirectamente o castigar a medios según sus líneas editoriales.
La situación en la que se encuentra el periodista Antonio Heras es la culminación de una política de presión hacia la prensa, con el objetivo de acallar las voces críticas en Baja California.
Ante la posibilidad de que Antonio Heras sea detenido, ARTICLE 19 exige a la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California se abstenga de hacer un uso desviado del derecho penal para inhibir la libertad de expresión.
Exigimos al gobierno estatal que cese el clima de criminalización y hostigamiento que prevalece contra las y los periodistas de Baja California, que buscan indagar en asuntos de interés público relacionados con la rendición de cuentas del gobierno estatal.
Urgimos a la Comisión Estatal del Derechos Humanos de Baja California, a que se pronuncie e intervenga en la medida de sus atribuciones en el caso.
Del mismo modo, exigimos que cese la presión de la Dirección de Comunicación Social hacia los medios y periodistas de Baja California, porque se trata de un hecho grave e indignante que tiene la intención de interferir en su labor informativa e impedir el legítimo derecho de la sociedad a estar informada.
Nota para prensa
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