Por: Ricardo González, oficial de protección a periodistas en ARTICLE19.
“Aquí no pasa nada, hasta que pasa”, me explicó un periodista veterano que conocí hace unos días cuando estuve en Piedras Negras, una de tantas ciudades fronterizas que ha sido tocada, tanto por la presencia de grupos del crimen organizado como por los operativos de las Policía Federal, Sedena y la Marina para combatirlos.
La razón del viaje fue la realización de un pequeño taller sobre autoprotección y seguridad para un grupo en donde había reporteros, editores, locutores y reporteros visuales. Además de Iván Baez encargado del área legal de nuestra oficina, también se encontraba en el grupo Elia Baltazar de la Red de Periodistas de Pie para hablar de ética como una herramienta de autoprotección.
Coahuila no es un lugar fácil para ejercer el periodismo, no sólo por las amenazas y el riesgo que implica ejercer esa profesión, sino también por lo difícil (y arriesgado) que resulta desde un inicio ejercer derechos humanos en este contexto.
A manera de broma un tanto amarga, un periodista de Torreón que conocí hace un año y que ahora vive en la Ciudad de México me dijo que las fiestas entre reporteros luego del asesinato de su colega parecían más “grupos de autoayuda que peda.”
En los últimos años fueron asesinado 2 periodistas coahuilenses, Valentín Valdés (8 enero 2010) colaborador del periódico Zócalo de la ciudad de Saltillo y Eliseo Barrón (27 de mayo 2009) quien colaboraba con el periódico La Opinión del Grupo Multimedios de la región Lagunera.
El reportero Rafael Ortiz (10 de junio 2006), colaborador de Zócalo Monclova, así como Stephania Cardoso desparecieron sin dejar rastro alguno, afortunadamente Stephania reapareció junto con su hijo una semana después, hoy se encuentra bajo la protección del gobierno federal. Ortiz permanece desparecido y las investigaciones han avanzado poco o más bien nada.
Quienes ejercen el periodismo en Coahuila, como en muchos otros estados, son víctimas de la violencia en tres momentos distintos, primero como miembros de la comunidad en donde tienen lugar estos hechos, en segundo lugar como testigos privilegiados que habrán de contar (o callar) lo sucedido, y finalmente por los efecto que esto tiene en términos de su integridad física y la de sus familias.
“No si sí está complicado, pero por eso me cuido. Me cuido mucho”, me dijo cambiando de gesto a la mitad de la oración otro reportero de Piedras Negras que ya ha tenido varios incidentes de seguridad durante su carrera.
Después de convivir con el grupo a lo largo del taller, me quedó claro que están echando mano de todos los recursos a su alcance para hacer su trabajo de manera segura. Si bien el objetivo del taller fue facilitar este proceso o por lo menos acompañarlo, urge el apoyo decidido del gobierno.
Por primera vez en este tipo de talleres abordamos el tema del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que creo luego de la aprobación de una ley para este fin hace unos meses. Esta es una iniciativa que la criticamos abiertamente desde que fue puesta consideración para ser votada.
Al igual que otras ciudades fronterizas, Piedras Negras es un ejemplo de la situación que enfrentan periodistas y medios de comunicación en muchas partes del país. Sí bien los números de agresiones no son comparables con los que se registran en estados como Veracruz, la calma que se percibe en las calles puede mutar de manera súbita en una zona de guerra.
Durante las discusiones que sostuvimos reafirmé muchas de las dudas que tuve desde el principio sobre lo dispuesto en la ley. Más allá de los señalamientos jurídicos y técnicos, existen varias limitaciones prácticas para coordinar en unas horas la protección a un periodista amenazado en un lugar alejado de la Ciudad de México como Piedras Negras.
La atención a un caso semejante por parte del personal de la PGR, Policía Federal o inclusive de las Fuerzas Armadas, seguramente estará marcada por la desconfianza con la que tratan de manera rutinaria a la prensa. Tachados como posibles informantes o voceros de alguno de los grupos criminales, los periodistas tampoco confiarían a un esquema de protección en esas condiciones.
Al regresar a la Ciudad de México, me quedó claro que el principal obstáculo será vencer esta desconfianza mutua en donde la prensa lleva las perder. La respuesta que leo de Javier Garza, editor de El Siglo de Torreón en una entrevista para CNN en Español durante el vuelo de regreso, me recuerda el tamaño del reto. “Estamos conscientes de que estamos solos en este trabajo. Yo ya descarté que el gobierno va a ayudar, ahora qué hacemos”.
