En el contexto de la reciente visita de Helen Clark, administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México y ese organismo internacional firmaron un Acuerdo Estratégico de Cooperación. No obstante, para entender sus alcances es fundamental analizar aspectos delicados de esa colaboración entre nuestro país y las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, los mecanismos de rendición de cuentas relacionados con los recursos que el Estado mexicano aporta.
El PNUD tiene dentro de su mandato la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. México tiene uno de los marcos jurídicos más avanzados en esta materia. Esto por sí solo debería abonar a una efectiva fiscalización de los recursos públicos destinados a la relación entre México y el PNUD, lo cual derivará en un mayor impacto y transparencia en el uso de los recursos.
Actualmente, según datos del Informe de Medición de Pobreza 2010, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el país viven 52 millones de mexicanos y mexicanas en condiciones de pobreza. Lo realizado por el Gobierno Federal ante esta situación, según se puede verificar en el Quinto Informe de Gobierno bajo el eje estratégico Igualdad de Oportunidades, resulta claramente insuficiente.
Frente a este contexto de desigualdad y pobreza, México ha creado sinergias con organismos internacionales como el PNUD, que en su Informe de Actividades en México señala tener presencia en el país desde hace más de 50 años trabajando en reducir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad democrática y apoyar al desarrollo sustentable del país. Sería deseable una visión crítica sobre los resultados que expone el PNUD en México, pero poco análisis independiente se hace al respecto.
Según información publicada por el propio PNUD, los fondos para sus tareas en México provienen de diversas fuentes multilaterales y gubernamentales. Algunos proyectos son financiados con recursos propios así como del Sistema de Naciones Unidas, y otros son con fondos gubernamentales nacionales, es decir, recursos públicos.
Nuestro interés es justamente revisar el grado de transparencia con el que se maneja el dinero público una vez que es depositado en las cuentas bancarias del PNUD.
El punto central es que una vez dentro de la administración del PNUD, los fondos públicos deja de tener el escrutinio previsto por la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. El PNUD no es sujeto obligado, por lo que debemos atenernos a lo que la misma agencia de Naciones Unidas esté dispuesta a develar. No hablamos de poco dinero. Veamos:
Según información oficial, en el período comprendido de 2001 a 2007 el PNUD México contó con 176.7 millones de dólares, de los cuales 53.3 millones (30%) provinieron de fondos nacionales fiscales canalizados por el gobierno mexicano y 73 millones (41%) de otros fondos nacionales, es decir por cofinanciamiento de proyectos y contribuciones de organizaciones no gubernamentales y del sector privado del país.
Dichos recursos se destinaron durante el mismo período a los siguientes rubros: Medio ambiente (67% del monto total movilizado), Gobernabilidad (18%), Integración productiva (13%) e Informe sobre Desarrollo Humano México (2%).
Gráfico: Uso y destino del financiamiento 2001-2007. Fuente: ARTICLE 19 con datos del Informe de Actividades del PNUD en México, pp. 45.
Por su parte, en el sitio web del PNUD los datos presentados en financiamiento y ejecución muestran que en el período comprendido de 2009 a 2011, 79% de los recursos en promedio provinieron de fondos gubernamentales y se ejecutaron principalmente en medio ambiente y gobernabilidad democrática. La reducción de pobreza no ha sido una prioridad.
Durante 2010, según información publicada en el PNUD, los proyectos financiados con recursos públicos mexicanos y desarrollados en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo son los siguientes.
Proyectos Financiados con Recursos Nacionales Gubernamentales. Fuente: Sitio web del PNUD. Sección Financiamiento del PNUD México
Dado que los proyectos anteriormente señalados e fondearon con recursos públicos (y atendiendo a estándares internacionales y buenas prácticas que han promovido iniciativas de la sociedad civil como la Global Transparency Initiave), el PNUD (y la ONU en general) debe transitar, más allá de su política de divulgación, a prácticas que aseguren el pleno ejercicio del derecho a la información, estableciendo mecanismos eficaces, gratuitos y expeditos de acceso a la información, además de mecanismos de apelación y difusión proactiva de información, los cuales seguramente abonarán a la participación ciudadana.
Resulta fundamental señalar que la información que publica el PNUD sobre los proyectos ejecutados es limitada y no cumple con estándares constitucionales mexicanos, lo cual, contrasta con la política de la ONU de apertura a la transparencia y rendición de cuentas.
El proyecto “Apoyo a Jóvenes Nivel Medio Superior”, financiado por la Secretaría de Educación Pública, con un monto mayor a 30 millones de pesos en 2010 es un ejemplo de lo anterior. Aun cuando el PNUD publica información relativa al proyecto, un par de documentos en PDF con diagnóstico, objetivos, presupuesto, así como una página web, la información que publica es pobre y desactualizada.
Los resultados presentados están actualizados hasta 2009, pero no están desagregados, lo que facilitaría y ampliaría la información sobre el programa, además de evidenciar su éxito. La información proporcionada simplemente señala actividades realizadas.
Independientemente de las voluntades del PNUD o cualquier organismo internacional que reciba recursos públicos, las dependencias tienen la obligación de hacer pública toda aquella información relativa a montos y personas a quienes entregan recursos públicos, así como los informes que esas mismas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos (Según el Artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental). Lo que llama la atención son los obstáculos para conocer detalladamente de los recursos públicos que el PNUD recibe. Conocemos un contrato y un producto, pero la toma de decisiones sobre el ejercicio de este dinero público, así como muchos detalles sobre la ejecución de actividades y los contratistas para llevarlas a cabo, son secretas.
El gobierno mexicano, por su parte, no ha respondido con mayor claridad a las solicitudes de información realizadas sobre los recursos públicos destinados a proyectos en colaboración con el PNUD. ARTÍCULO 19 tiene en su poder evidencia de las negativas por parte de la autoridad que argumentan que la información que solicita se encuentra en los archivos de la Representación en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo internacional responsable del ejercicio de los recursos del Programa de Apoyo a los y las Jóvenes del Nivel Medio Superior para el Desarrollo de su Proyecto de Vida y la Prevención de Riesgos, denominado Construye T. Cabe destacar que el PNUD no es un Sujeto Obligado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (Solicitud 0001100515310 dirigida a Secretaría de Educación Pública, el 6 de diciembre de 2010.)
Se podría asumir que con nuestro marco jurídico, las autoridades podrían mostrar mayor disposición a publicar de manera proactiva información relevante sobre el destino de los recursos públicos. Sin embargo, durante el ejercicio de vigilancia a las dependencias que mayores recursos destinan al PNUD, no fue posible identificar convenios, memorandos de entendimiento y/o contratación de servicios de asesoría en las obligaciones de transparencia de dependencias.
La contratación de consultorías “amigas” es práctica constante a la hora de dar contratos jugosos, informó una fuente que pidió el anonimato a ARTÍCULO 19. Dichas consultorías, en muchos casos violan el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que establece que las dependencias que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones…deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto, requerirá de la autorización escrita del titular, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. Es decir, se destinan recursos para trabajos que en muchas ocasiones deberían hacerse dentro de las labores diarias de las dependencias.
En conclusión, resulta paradigmático que sea el gobierno federal (quien está obligado por la ley) y el PNUD (quien promueve activamente la transparencia en los gobiernos) en donde se detecten importantes nichos de opacidad en el ejercicio de los recursos públicos. No afirmamos que haya actos de corrupción, pero sí subrayamos que el hecho de que se subcontrate al PNUD para realizar proyectos, imposibilita a la ciudadanía a darle puntual seguimiento al cómo y el porqué del gasto público en dichos contratos. Esta es opacidad escudada en la inmunidad del PNUD. Mal ejemplo.
