México D.F., 22 de septiembre de 2011 (ARTICLE 19 / Anticensura).-La violencia como método de censura continúa siendo una amenaza presente en varias sociedades, la situación es particularmente grave en Pakistán, Filipinas, Rusia, Ucrania, Georgia Honduras y México. El registro del Instituto Internacional de la Prensa (INSI) da cuenta de que tan solo en 2010, fueron asesinados 85 periodistas en 30 países durante el desempeño de su trabajo o como consecuencia del mismo.
Durante los últimos 13 años, la violencia en contra de la prensa ha sido tema recurrente en el seno del Sistema de Naciones Unidas; la UNESCO (1997), así como el Consejo de Seguridad (2006) y recientemente, en mayo pasado, el Consejo de Derechos Humanos, han expresado su preocupación. El camino para que los discursos se tradujeran en acciones concretas ha sido largo, más largo aún, si tomamos en cuenta la incapacidad de la gran mayoría de los Estados para investigar y castigar a los responsables de los más de 500 periodistas que han sido asesinados en la última década. La semana pasada la ONU dio un paso decisivo en esa dirección durante una reunión inter-agencial auspiciada por UNESCO.
El Programa Internacional para el Desarrollo de la comunicación (IPDC) de la UNESCO auspicio una reunión de trabajo para discutir un plan de acción para impulsar un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional que promueva la protección de periodistas y el combate a la impunidad. Reunidos en la sede en París Francia el pasado 13 y 14 de septiembre, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ARTÍCULO19, así como los manda las 4 relatorías de libertad de expresión (América, Europa, África y Naciones Unidas) y diversas agencias de Naciones Unidas, discutieron sobre la situación de vulnerabilidad de la prensa en el mundo, así como la utilidad del marco jurídico internacional para instrumentar acciones concretas.
Entre los temas discutidos destacaron la necesidad de diferenciar las necesidades de periodistas en conflictos armados y en situaciones de (aparente) paz; así como la necesidad de señalar (name and shame) a los Estados que no ofrecen condiciones de seguridad suficientes para el ejercicio de la libertad de prensa, así como aquellos que no han querido o no han podido investigar los casos de asesinatos de periodistas. Otro punto de coincidencia fue reconocer que no es necesario, por el momento, generar más instrumentos jurídicos ya que el verdadero reto recae en que los existentes sean instrumentados adecuadamente.
El borrador del plan de acción que circuló contempla la priorización de la seguridad de la prensa de las agendas de las diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas para trabajar con los estados, las empresas de medios de comunicación y las comunidades de periodistas, teniendo como objetivo reafirmar la responsabilidad de los gobiernos en la protección de la prensa.
ARTÍCULO19 fue enfático al señalar la necesidad de establecer mecanismos adecuados de protección, tanto en conflictos armados como en tiempos de paz, para atender la amenazas bajo una lógica preventiva y no reactiva. De igual forma, llamamos la atención a la urgencia de asistir a los familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia. Finalmente reiteramos disposición de acompañar el proceso de instrumentación del plan de acción. En una reunión posterior con las 4 relatorías de libertad de expresión, definimos una serie de acciones conjuntas respecto a la protección de periodistas y trabajadores de los medios en el mundo.
Aunque los resultados de la reunión convocada por la UNESCO podrán ser constatados en el mediano y largo plazo, celebramos la iniciativa y reconocemos el esfuerzo del PIDC para avanzar en la dirección correcta. Enhorabuena.
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Un hecho que no podemos dejar de consignar y que fue mencionado por Katia D´Artigues en una de sus columnas, es la postura asumida durante la reunión por la ministra Carmen Cecilia Villanueva Bracho, representante alterna del gobierno mexicano ante la UNESCO, quien después de descalificar los trabajos preparativos y el proceso en general, cuestionó la legitimidad de las organizaciones presentes y abiertamente mintió ante la comunidad internacional respecto a las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para atender la violencia en contra de la prensa. Argumentó que México estaba siendo juzgado injustamente y al terminar su intervención abandonó la sala. La actitud mostrada por la ministra Villanueva contraviene la disposición del gobierno mexicano en otros foros internacionales para discutir ese y otros temas urgentes de la agenda de derechos humanos. Exhortamos a la Secretaria de Relaciones Exteriores a que explique si dicha actitud significa un viraje en su posición respecto al tema y a los procesos deliberativos multilaterales o simplemente debe ser entendido como un exabrupto (vergonzoso) de la ministra Villanueva.
