Urge generar una política pública para la protección de personas defensoras y periodistas y garantizar los recursos para su efectiva implementación
México a 4 de diciembre de 2020.- El Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que articula a 16 organizaciones nacionales e internacionales, que trabajan por el fortalecimiento de las condiciones generales para ejercer el derecho a defender y a la libertad de expresión, vemos de manera positiva algunos de los anuncios y medidas adoptadas por el Ejecutivo y Legislativo.
El pasado 25 de noviembre, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, presentó el diagnóstico “Agravios contra personas periodistas y quienes ejercen la libertad de expresión” en donde también se incluye una ruta para revertir la situación de violencia contra la prensa.
Algunas de las acciones a destacar tienen que ver con transitar hacia un Sistema Nacional de Protección Integral con mayor articulación con las entidades federativas, impulsar el cumplimiento de las obligaciones de las fiscalías locales y federal, el fomento a la coordinación entre las entidades federativas, estatales y municipales para la implementación de medidas, entre otras[1].
Por otro lado, desde el Poder Legislativo, se ha avanzado en la iniciativa de Ley y reforma , respecto al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, aprobadas por el Senado de la República y la Cámara de Diputados el pasado 6 de noviembre, así como el dictamen que deroga la Ley de Imprenta de fecha 29 de noviembre y por último, la reciente reforma a la actual Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada el día de ayer 3 de diciembre por la Cámara de Diputados .
En el caso de la mencionada reforma a Ley de protección se destaca lo siguiente:
- Se propone el cambio de naturaleza jurídica del Mecanismo, posibilitando fortalecer su estructura.
- Se amplía el objetivo de la Ley pues además de buscar proteger la vida, libertad, integridad y seguridad de personas defensoras y periodistas, también se deberán “establecer acciones y procedimientos entre los tres niveles de gobierno para crear ambientes seguros para la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del derecho a informar, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, en los entornos físico y digital;”
- Se propone el fortalecimiento de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) a través de la creación de nuevas Unidades Auxiliares, mismas que fueron recomendadas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
- Se establece mayores atribuciones al Consejo Consultivo, tales como de solicitar a la junta de Gobierno invitar a determinadas instituciones, así como fortalece su estructura a través de la creación de una Secretaría Técnica
- Incorpora el enfoque diferencial e intercultural, así como la perspectiva de género y de diversidad de género como elementos transversales en la implementación de las acciones derivadas de la Ley;
- Se establece con mayor precisión la obligación de fomentar acciones entre los tres órdenes de gobierno para la implementación de los planes de protección, así como para impulsar medidas de prevención con el objetivo de establecer entornos seguros para ejercer el derecho a defender derechos humanos y libertad de expresión;
- Se establece la generación de planes de protección individuales, colectivos y comunitarios, y la generación de medidas de protección frente a agresiones en el entorno digital y;
- Se incorporan medidas sociales y mecanismos de atención a víctimas desplazadas.
Aunque observamos avances legislativos en la ruta propuesta por el Subsecretario Alejandro Encinas, vemos con preocupación que existe falta de claridad en los tiempos para el cumplimiento de la ruta, así como de garantías presupuestales y recursos etiquetados que aseguren el efectivo cumplimiento de las medidas anunciadas y adoptadas por ambos Poderes.
A su vez, tampoco queda clara la participación de personas defensoras, organizaciones de derechos humanos y periodistas en la ruta propuesta, consideramos que el diálogo es un factor esencial para lograr los objetivos marcados por el Subsecretario y generar entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico.
Además, nos preocupa profundamente que las acciones del Mecanismo de Protección se siguen concentrando en la implementación de medidas físicas de protección, las cuales siguen sin incorporar la perspectiva de género y el enfoque intercultural y tampoco buscan acciones que promuevan la prevención; construir estrategias interinstitucionales para erradicar la impunidad o en generar acciones que atiendan de manera integral la reparación del daño ante violaciones a derechos humanos.
Si bien es cierto que el diálogo en todos los niveles de gobierno debe ser entendido como un paso necesario de articulación para enfrentar la grave situación que sufren periodistas y personas defensoras, es importante dotar a las instituciones federales y estatales de los recursos financieros y humanos necesarios para llevar a cabo el conjunto de acciones para fortalecer la política de protección propuesta. Pese a ello no se da certeza en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el recurso que será destinado para la implementación de medidas.
Tal como lo ha mencionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado debe proveer los recursos presupuestarios y logísticos necesarios para asegurar que las medidas de protección puedan permanecer en efecto mientras subsista el riesgo[2].
Adicional, se debe reconocer que los agentes gubernamentales son quienes cometen la mayor parte de las agresiones contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos. En ese sentido, la investigación diligente de las agresiones, amenazas u hostigamientos son una condición esencial para mitigar efectivamente la situación de riesgo que enfrentan estas poblaciones.
Desde el Espacio OSC hacemos un llamado:
A la Secretaría de Gobernación, a establecer rutas y tiempos para el desarrollo de cada una de las acciones propuestas, garantizando en todo momento la participación de las organizaciones de la sociedad civil y personas beneficiarias del Mecanismo de Protección,
Al Senado, a aprobar el dictamen de reforma de la actual Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, garantizando los instrumentos de financiamiento suficientes para su correcta implementación a nivel federal y estatal.
A la Cámara de Diputadxs, a continuar promoviendo la discusión y reforma de marcos normativos que fortalezcan la política de protección, así como la derogatoria de leyes contrarias a la defensa de derechos humanos, y;
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a garantizar la asignación presupuestal suficiente e idónea para la implementación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Amnistía Internacional México.
[1] Medidas anunciadas por el Subsecretario Alejandro Encinas, Transitar hacia un Sistema Nacional de Protección Integral, a través del fortalecimiento de mesas de trabajo con las 32 Secretarías Generales de Gobierno del país; diseño de una campaña nacional de Reconocimiento a Personas Defensoras y Periodistas; revisión del actual marco normativo de protección y establecimiento de mecanismos de coordinación entre la federación y los estado; impulsar que las fiscalías estatales y la FEADLE cumplan con sus obligaciones en materia de procuración de justicia; y por último, implementar Planes de Contingencia a fin de incentivar procesos que atiendan las causas de los fenómenos que detonan situaciones de riesgo, Véase SEGOB, Ibidem.
[2] CIDH, Políticas integrales de protección de personas defensoras, 2017, p. 144.
Nota para prensa
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