Las #GolondrinasEnElAlambre del gobierno federal: Torres falsas de telefonía para recolectar información de personas
Ciudad de México, 03 de junio e 2020.- El 30 de mayo de 2020, una investigación realizada por South Lighthouse dio cuenta de al menos 21 antenas en la Ciudad de México que podrían ser torres falsas de telefonía, también conocidas como IMSI catchers o stingrays.
Estos aparatos recolectan datos de todos los teléfonos en su rango de alcance de manera masiva e indiscriminada, tales como números de identificación de la tarjeta SIM (IMSI) y del dispositivo (IMEI), proveedor de telefonía celular, ubicación, e incluso llamadas y mensajes. Los IMSI catchers tienen la capacidad de interceptar la conexión entre una red celular auténtica y los teléfonos, recolectando información sin el consentimiento o conocimiento de las personas o del proveedor del servicio de telefonía.
Según los hallazgos principales de la investigación, las torres falsas de telefonía se ubican en 1) la autopista entre la Ciudad de México y Puebla (Amecameca), abarcando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Campo Militar 37-B de la Secretaría de la Defensa Nacional; 2) la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México; 3) el Zócalo de la Ciudad de México; 4) el Palacio de Bellas Artes; 5) el Palacio Legislativo; 6) el Heroico Colegio Militar y 7) el Archivo General de las Notarías, entre otros.
La información provista por South Lighthouse en el marco del proyecto FADe (Fake Antenna Detection) de las 21 antenas sospechosas concuerda con la obtenida por PODER, quien dio a conocer que el gobierno federal cuenta con 21 contratos vigentes con la empresa fabricante de estas torres falsas, L3Harris Technologies, Inc., concedidos entre 2014 y 2019, por un valor de $85,552,638.89 pesos. Tres de los contratos comenzaron en marzo, abril y julio de 2019 y fueron firmados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, por un valor de $23,094,970 pesos.
El 10 de diciembre de 2019, el gobierno federal presentó el Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, documento que contiene un compromiso expreso para generar controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas. El compromiso implica realizar adecuaciones en marcos regulatorios y operativos para el uso de tecnologías de intervención de comunicaciones, acceso a datos conservados y geolocalización. El 19 de diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ya no habría “golondrinas en el alambre”, para hacer referencia a que su gobierno, a diferencia del anterior, no realizaría acciones de espionaje en contra de la población.
Un año y medio después de estos acontecimientos, nos encontramos en un contexto donde sigue pendiente una investigación imparcial, exhaustiva y expedita de los casos de vigilancia ilegal y arbitraria en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, y la generación de regulaciones necesarias para asegurar un uso legítimo y responsable de todo tipo de tecnologías que impliquen una intervención en las comunicaciones privadas de las personas. La impunidad y la falta de regulación adecuada han propiciado que autoridades sin facultades para ejercer vigilancia, como la Sedena y Semar, hayan adquirido estos equipos.
El espacio cívico está compuesto por el ejercicio de las libertades de expresión individuales y colectivas, como son la manifestación de ideas y opiniones, la ejecución de muestras de disidencia, y la pertenencia a movimientos sociales o de protesta. Saberse bajo la vigilancia del Estado –o incluso, la sospecha de estarlo– tiene el potencial de afectar el comportamiento de las personas, no solo en el ámbito privado e individual, sino también en el espacio cívico, al tener un efecto inhibitorio en la forma en que una sociedad se expresa de forma colectiva sin temor a represalias.
La implementación de tecnologías para la vigilancia coloca en mayor grado de vulnerabilidad a quienes fortalecen el espacio cívico al acompañar y buscar procesos hacia la verdad, memoria y justicia, como son las personas alertadoras, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos. Si la información recolectada por las antenas se usa de forma incorrecta o se extravía, expone a dañar a quienes tienen un rol crucial en el fortalecimiento de nuestra democracia, y quienes ya han sido sujetas y sujetos de severas agresiones a su privacidad por otras administraciones.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al gobierno federal para que:
- Esclarezca bajo qué fundamento legal la Sedena, Semar y cualquier otra autoridad federal han adquirido y desplegado IMSI catchers.
- Haga transparente en qué lugares y momentos la Sedena, Semar y cualquier otra autoridad federal ha utilizado IMSI catchers.
- Clarifique los protocolos y mecanismos de rendición de cuentas existentes para evitar el uso arbitrario de estas tecnologías.
- Cumpla con el compromiso adquirido en el Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México a fin de garantizar la participación activa, libre y significativa de las partes interesadas para la generación de una política pública en materia de uso de tecnología para la intervención de comunicaciones privadas, acceso a datos conservados y geolocalización en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia, mecanismos de control judicial, de transparencia y otras medidas de rendición de cuentas.
- Establezca una moratoria en el uso de herramientas de vigilancia hasta que no exista una regulación robusta y suficiente para prevenir abusos y garantizar rendición de cuentas.
- Asegure una investigación imparcial, exhaustiva y expedita de los casos de vigilancia ilegal y arbitraria en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.
Nota para prensa
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