En el informe presentado al Grupo de Trabajo del Comité de Derechos Humanos de la ONU para Guatemala en 2010 se hicieron varias recomendaciones:
- Se debería despenalizar la difamación. Las normas civiles por difamación debe colocar la responsabilidad sobre los funcionarios públicos para demostrar la falsedad de las alegaciones de hecho, debe exigir a los funcionarios públicos a tolerar un mayor grado de crítica, y debe imponer límites globales sobre compensaciones por daños.
- Se deben tomar medidas para garantizar la posibilidad de apelar la negativa a revelar información a un órgano independiente con plenos poderes para investigar y solucionar dichos reclamos.
- El marco legal para la radiodifusión debe ser fundamentalmente revisada para ponerla en consonancia con las normas internacionales en esta área.
- Un sistema efectivo debe ser puesto en marcha para la concentración de la regulación de la propiedad de los medios de comunicación, incluido el establecimiento de límites claros a la concentración de los medios de comunicación, que sustituirá a las actualmente leyes antimonopólicas.
- Medidas efectivas deben ser adoptadas para responder a los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos, que están diseñados para limitar su derecho a la libertad de expresión. Un punto importante aquí debe ser garantizar una investigación eficaz en este tipo de ataques.
- Hay una necesidad de una política eficaz de prevención de violaciones de derechos humanos, especialmente para aquellos en las zonas rurales. La Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas y Sindicato de Trabajadores y la Oficina del Fiscal Especial de Derechos Humanos debe garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de los derechos humanos y fortalecer el mecanismo que ya existe para proteger a estos grupos y evitar agresiones futuras.
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA)