Posicionamientos

Grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. PRI y PVEM niegan la posibilidad de fortalecer una pieza clave del sistema democrático de nuestro país; ambigüedad del PRD lo hace posible.


México D.F. 20 de agosto de 2013, México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia expresamos nuestra preocupación profunda por los términos en que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción, y Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados emitieron el dictamen para reformar la Constitución en materia de transparencia y acceso a la información.

Después de un proceso legislativo poco claro, cerrado, sin información disponible oportunamente y sin consultas públicas y abiertas, coordinado por la Comisión de Puntos Constitucionales, y en contraste diametral con el que tuvo lugar en el Senado de la República, el resultado de la discusión, hasta el momento, es un dictamen que limita el derecho de acceso a la información (DAI) y es regresivo respecto de la minuta aprobada por el Senado, en donde el proceso también estuvo a cargo de la Comisión de Puntos Constitucionales.

La minuta del Senado llegó a la Cámara de Diputados en diciembre de 2012. A pesar de ello, la etapa de dictamen se realizó, formalmente, hasta abril de 2013, a pocos días de terminar el periodo ordinario de sesiones. Al no haber acuerdo entre los tres grupos parlamentarios mayores, la discusión se suspendió, principalmente porque las propuestas de modificación a la minuta por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), con el respaldo del Grupo Parlamentario del

Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) resultaban contrarias al derecho de acceso a la información.

La reunión de Comisiones Unidas se reanudó hasta ayer a partir de la propuesta de incluir el tema de la reforma de transparencia en el Segundo Periodo Extraordinario de la Cámara de Diputados. La información que circuló sugería que había avances en las negociaciones, aunque sin la claridad suficiente para pronosticar un resultado positivo, el cual finalmente no llegó pues, en lo general, se mantuvieron las propuestas de modificación de abril pasado. La postura ambigua del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) permitió que el dictamen fuera aprobado el día de ayer en los términos presentados por el GPPRI y el GPPVEM. De haberse aliado con el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) para votar el dictamen en lo general en contra, hubiera existido la posibilidad de frenar este grave retroceso.

De esta manera, se aprobó un dictamen que propone que algunos titulares de entidades públicas — el Consejero Jurídico, el Procurador General de la República, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Presidente del Banco de México –, puedan impugnar las resoluciones del órgano garante del derecho de acceso a la información, bajo supuestos que consideramos demasiado amplios y generales: literalmente, “la seguridad, la estabilidad económica y la protección de derechos humanos”. Esto significa que, en la práctica, el acceso a la información para el ciudadano perderá su calidad de expedito, además de que se judicializa un derecho humano y se contradice el reconocimiento expreso de la especialización y autonomía del órgano garante para dirimir las controversias que se susciten en esta materia.

El dictamen plantea que los partidos políticos serán sujetos obligados directos pero bajo la supervisión del Instituto Federal Electoral (IFE), lo que implica mantenerlos en un régimen de excepción para el escrutinio eficaz del ciudadano, conservando la relación asimétrica entre éste y los institutos políticos que, tal como funciona en la actualidad el sistema político en México, dominan de manera abrumadora y arbitraria la toma de decisiones y el debate públicos.

Aunque se mantiene la facultad del Senado para el nombramiento de los comisionados, lo que amplía la posibilidad de elegir un perfil más independiente del poder político, también estipula criterios rigurosos en extremo para los candidatos a comisionados del órgano garante, equiparándolos con los necesarios para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia, y dejando de lado la posibilidad de enriquecer el trabajo del órgano garante a partir de una composición multidisciplinaria y heterogénea, cerrando la oportunidad de que ciudadanos con trayectoria reconocida de compromiso con la transparencia y acceso a la información puedan contender.

De igual forma se excluyó la facultad del órgano garante para interponer acciones de inconstitucionalidad, con lo que se evita la protección, de manera amplia y preventiva, del derecho de acceso a la información ante la posibilidad de proponer normas que puedan limitar su alcance – intencionalmente o no.

Por todo esto, el dictamen aprobado ayer en las Comisiones Unidas representa un revés a la máxima protección del derecho de acceso a la información y una contradicción del compromiso del Estado Mexicano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El dictamen aprobado debilita el alcance del marco normativo del DAI, producto de los años de experiencia en su ejercicio, y desatiende varias de las demandas y planteamientos técnicos más sensibles de los especialistas en todos los ámbitos – académicos, funcionarios de los órganos garantes, organizaciones de la sociedad civil – y de las y los ciudadanos involucrados en el tema de transparencia y acceso a la información, que se expusieron públicamente desde la discusión en el Senado y que se compartieron a lo largo de los meses que duró el proceso en la Cámara de Diputados.

Las organizaciones y redes que suscribimos este documento exhortamos a las y los 500 diputados que estarán en el Pleno de la Cámara de Diputados durante el segundo periodo extraordinario para que subsanen el dictamen que surgió del trabajo de las comisiones dictaminadoras. Aún hay tiempo para garantizar a la sociedad mexicana la posibilidad efectiva de la protección de su derecho de acceso a la información y un escrutinio público que abone a la consolidación democrática del país.

 Si México no puede esperar, #TransparenciaYA 

*Para mayor información, favor de contactar a Héctor Rubio (hector.rubio@gesoc.org.mx) y/o Gabriela Morales (gabyj27@hotmail.com).

20 agosto, 2013 @ 1:18 PM