Frente por la Libertad de Expresión exhorta a todas las autoridades a garantizar la protesta social
Ciudad de México, 4 de enero de 2017.- Derivado de la noticia dada por la Secretaría de Hacienda sobre el aumento del 20% en los precios de la gasolina a partir del 1° de enero de 2017, la reacción de amplios sectores de la sociedad ha sido de descontento y rechazo ante las implicaciones económicas que representa en los hogares mexicanos, por lo que desde el comienzo de este año se han organizado diversas protestas en la mayoría de los estados de la República.
Esta inconformidad social se ha traducido en una serie de manifestaciones, a través de marchas, tomas simbólicas de gasolineras, bloqueos en carreteras, así como plantones frente a edificios gubernamentales, además de existir diversas convocatorias en redes sociales para seguir ejerciendo el derecho a la protesta.
Hasta el día de hoy, en la mayoría de las entidades de la República –en al menos 28–, se están realizando protestas; es decir, en casi todo el país la gente está expresando su inconformidad, específicamente en los estados de Chihuahua, Morelos, estado de México, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Campeche, Sonora, Tlaxcala, Durango, Oaxaca, Yucatán, Nayarit, Tabasco y Baja California.
Ante ello, resulta preocupante que desde los primeros días de estas múltiples protestas, ya se han presentado en varias entidades, algunas actuaciones contrarias a la plena garantía de la libertad de expresión por parte de agentes policiales de diversas corporaciones del país, reportándose detenciones, uso de gas lacrimógeno y de equipo antimotines, contra personas manifestantes: tan sólo el 2 de enero se informó sobre la detención de 6 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional durante protestas en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México; así como 5 personas detenidas en Guadalajara y otras 5 después de un bloqueo en la carretera México-Toluca.
Asimismo, en el Estado de México se reportó, a través de videos publicados en redes sociales, que en Tultitlán y Coacalco se presentaron detonaciones de armas de fuego en el contexto de protestas. De igual forma, se informó que en Mazatlán, Sinaloa, la policía municipal y ministerial reprimió las manifestaciones que se presentaban en la planta de Pemex La Esperanza del Libramiento Luis Donaldo Colosio. En León, Guanajuato, se registraron actos intimidatorios por parte de las policías estatales hacia personas manifestantes contra el aumento del transporte público.
Estos son algunos de los hechos que se han presentado durante los dos primeros días del 2017, en el contexto de las protestas contra el aumento de los precios a la gasolina en México y derivado de las reformas estructurales implementadas por el Estado mexicano y en particular, la de la reforma energética. Resulta preocupante que la criminalización contra quien ejerce su derecho a la manifestación siga presentándose en distintas parte del país.
Por lo anterior, las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), hacemos un llamado general a todas las autoridades del país, tanto a nivel federal, estatal y municipal, a que cumplan con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, respetando el ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas que a lo largo del país se están manifestando contra el alza de precios a la gasolina y se abstengan de toda aquella actuación que vulnere la libertad, seguridad e integridad de quienes se manifiesten.
Asimismo, exigimos a las distintas corporaciones policiales, tanto a nivel estatal como municipal, así como a la Policía Federal, a que se abtengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública, debiendo privilegiar en todo momento el diálogo y velar por la seguridad de las personas, conforme a sus obligaciones legales y protocolarias, en atención a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
De igual forma, exhortamos a los organismos estatales de derechos humanos, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que cumplan con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas, además de solicitar, conforme a sus facultades legales, las medidas precautorias correspondientes para que las autoridades garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad de las personas.
En México existe un contexto adverso para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, habiendo una tendencia cada vez más creciente de medidas que buscan limitar esta libertad, tales como iniciativas o leyes que pretenden regular las manifestaciones conteniendo restricciones desproporcionales, así como agresiones por parte de diversas autoridades en contextos de protesta, tales como detenciones arbitrarias, encapsulamientos, utilización de armas letales y, en general, uso excesivo de la fuerza pública. Por tanto, las autoridades debe cumplir con su mandato de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; particularmente, el derecho a la protesta social, necesario en toda sociedad democrática.
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., Resonar.
