El pasado domingo 5 de mayo alrededor del país se manifestaron varios grupos de ciudadanos con la intención de hacer una Marcha Nacional por La Paz y la Justicia. Bajo la convocatoria del poeta Javier Sicilia, quien ha sufrido la violencia al igual que las y los familiares de las 40,000 personas que han muerto y desaparecido en esta lucha contra el crimen organizado y tras la frase ¡Estamos Hasta la Madre! Miles de personas salieron a la calle para ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente y exigir a las autoridades un cambio. El Silencio como forma de llamado y exigencia marcó la marcha y varios movimientos que exigen justicia como los padres y madres de 49 niños y niñas que murieron quemados o asfixiados por el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora se unieron, entre muchos otros, a esta manifestación pacífica.
No es fortuito que en la Constitución Política Mexicana en el Artículo 9° quede consagrado el derecho de asociarse y reunirse y en el 6° garantice el de libertad de expresión. Estos derechos se reconocen en la Carta Magna porque son requisito indispensable en cualquier sociedad democrática al ser una de las formas en que la ciudadanía puede ir más allá de la democracia representativa y exigir a sus gobernantes. En el caso del domingo las demandas fueron tan diversas como los asistentes. Paz, justicia y seguridad fueron algunas palabras que se repetían en cartelones y mantas.
La rendición de cuentas y el derecho al acceso a la información no sólo se limitan a la cuestión del gasto público. Va más allá. También se vincula con la toma de decisiones de las políticas del país. Como parte del contrato social, los ciudadanos cedemos a los gobiernos la responsabilidad de velar por la seguridad y la de las instituciones. Por ello, ante la situación de violencia que se vive en México y la falta de respuesta por parte de los representantes, la ciudadanía salió a exigir que las autoridades cumplan con esta función y responsabilidad. La muestra es que la ciudadanía está pendiente y evalúa las acciones que el gobierno lleva a cabo a pesar de la escasa información difundida sobre su actuar.
Más allá de las diferentes consignas y de los intereses de cada grupo o persona que se unieron a este llamado hecho por la Marcha Nacional, quedó patente que hay varias (muchas) personas que no están de acuerdo con la política instrumentada para enfrentar al crimen organizado en México y que la impartición de justicia es materia pendiente para muchas personas que han sido víctimas de la violencia, que tienen cara y nombres. No se trata de reducir a las víctimas y familiares a señalarles como daños colaterales, como lo ha presentado la Administración Federal. Y que, como lo demostró la respuesta retórica de las autoridades a las demandas de la marcha, se ha hecho poco o nada, aún cuando se abundan las historias y testimonios que dan cuenta de la negligencia y omisiones con la que se han conducido las autoridades.
La manifestación pacífica es un derecho y una vía para exigir que las autoridades cumplan con las funciones que le fueron encomendados. Las autoridades no pueden hacer oídos sordos a las exigencias de una ciudadanía que delegó su representación, que le exigen los mínimos requerimientos de un Estado de Derecho, si, aquella figura a la que tan a menudo apelan cuando les conviene.
La justicia es un reclamo generalizado de la sociedad mexicana ¿qué se necesita para que se haga justicia en México? ¿Cuántas muertes más? En este espacio hemos advertido sobre la oportunidad inigualable que se le presenta al Presidente Felipe Calderón para escuchar a los ciudadanos y tomar acción. Sin embargo, hasta ahora la respuesta de Los Pinos estuvo marcada por una corrección política artificial muy lejana a los sentimientos de las miles de personas que salieron a marchar el domingo pasado.
El silencio de la marcha nacional también es una invitación a la reflexión. Fue también un pretexto para el encuentro de distintas perspectivas del descontento. Mal hará el gobierno en cuestionar la legitimidad del evento o de la espontaneidad de quienes participaron.
ARTÍCULO19 se suma a las miles de personas que en silencio exigen paz y justicia no sólo para las más de 40,000 víctimas de la violencia, sino también para el resto de las personas bajo la jurisdicción del Estado Mexicano. Al gobierno mexicano le recordamos las palabras de la luchadora social de Birmania y miembro del Consejo Consultivo de nuestra organización, Aung San Suu Kyi, “el miedo no es el estado natural de las cosas.”
