América Central

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2021.- El Programa de Centroamérica y el Caribe de ARTICLE 19 para México y Centroamérica comenzó labores en diciembre de 2018 con el propósito de ampliar el trabajo de promoción y defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información en la región. Por el momento el trabajo que se lleva a cabo se concentra en Guatemala, Honduras y Cuba.

Cuba es una demostración de la diversidad de escenarios y retos para la libre expresión en nuestro continente: una isla gobernada desde 1959 por un sistema revolucionario que se proclamó como “un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano (…) para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”; un modelo que ha producido dos Constituciones, una en 1976 y otra en 2019, donde se reconoce la libertad de expresión, de manifestación y en especial de creación artística, pero bajo la rectoría de “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, el Partido Comunista de Cuba.

Cuando se analizan las condiciones de Cuba es imposible no mencionar el embargo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América que ha condicionado el desarrollo de la población cubana y el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales; al mismo tiempo que endurece la posición del gobierno de la isla cuando éste recibe críticas a su gestión, sobre todo cuando se trata de temas ligados a la violación de los derechos humanos.

La más reciente coyuntura de movilizaciones ciudadanas multitudinarias, registradas en el marco de la crisis económica profundizada por la pandemia, ante la falta de alimentos, medicinas, acceso a servicios, así como la falta de libertades frente a la represión constante, la sistemática violación a los derechos a expresarse, manifestarse, asociarse, a la libertad artística, entre otros, los abusos de los cuerpos de seguridad y las campañas de difamación de las voces disidentes, visibilizaron la crisis al interior de la Isla, por más que el gobierno cubano ha intentado minimizar sus expresiones y alcances.

En su primera intervención, posterior a las señales iniciales de las protestas del 11 de julio de 2021, el  gobierno cubano, y su titular Miguel Díaz-Canel Bermúdez, atribuyó la efervescencia social a la coyuntura difícil que la isla atravesaba a causa del recrudecimiento de medidas económicas restrictivas tomadas por el gobierno de Estados Unidos desde la administración Trump hasta la fecha.

Embargo como condicionante de los DESCA

Estas medidas forman parte de una política del gobierno estadounidense que lejos de generar presión interna hacia el gobierno cubano ha funcionado como un elemento de legitimación de su permanencia de este desde 1961, a la vez que ha contribuido a socavar el disfrute de derechos civiles y políticos.

Desde 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha pronunciado de forma unánime contra el embargo estadounidense contra Cuba, la última tuvo lugar el 23 de junio de 2021. Sobre los impactos que el bloqueo económico ha generado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud han señalado:

-Afectaciones en la labor del gobierno de Cuba para proteger a los niños, adolescentes, mujeres y familias como se definen en la Convención sobre los Derechos del Niño.

-Escasez en recursos materiales para la publicación de textos, falta de materiales didácticos, deterioro de centros educativos, disminución de la calidad de alimentos en dichos centros, así como reducción en incentivos materiales para la planta docente.

-Afectaciones en la calidad de vida de la población y la prestación de servicios sociales básicos.

Sobre estas condiciones, diversas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado como es el caso de Amnistía Internacional, quien ha resaltado el impacto de las sanciones económicas en la salud y los servicios médicos. Por otra parte, OXFAM ha señalado la influencia del bloqueo en la calidad de vida de la ciudadanía cubana, en especial, las mujeres. Así mismo la Oficina Regional en México de Konrad Adenauer Stiftung ha llamado la atención sobre la actual coyuntura en Cuba incluyendo en su análisis el impacto del bloqueo en la crisis económica.     

Las afectaciones antes citadas son una parte relevante de los problemas que la política exterior de Estados Unidos ha provocado al interior de Cuba.  Organizaciones de la sociedad civil internacional y organismos de derechos humanos han denunciado que el gobierno de la isla ha usado como excusa dichas condiciones para ejercer una política represiva hacia la libertad de asociación, de expresión y de reunión, todo en nombre de la seguridad nacional. 

Violaciones a derechos humanos al interior de la isla

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las medidas impuestas de manera unilateral por los Estados Unidos no eximen al Estado de Cuba de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa de las violaciones cometidas a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Por ejemplo, en el periodo de enero a junio de 2021 el Programa de Centroamérica y el Caribe documentó 305 agresiones a 42 personas dedicadas a la labor periodística. En el caso de personas activistas han sido contabilizadas 276 agresiones a 23 hombres y mujeres. Aunque los tipos de agresión han sido variados, es posible observar una tendencia importante hacia el arresto domiciliario y las detenciones arbitrarias, actos perpetrados por agentes de Policía Nacional Revolucionaria y el Departamento de Seguridad del Estado. Estos números no son explicables sino a través de la persistencia de las autoridades cubanas por obstaculizar y coartar el derecho a difundir y buscar información así como de reunirse y manifestarse de manera pacífica.

La situación en Cuba es en sí misma compleja y no es posible desligar del balance el impacto que el bloqueo ha tenido en el margen de maniobra económica y financiera del gobierno de la isla, sin embargo sumar a la escasez y la precariedad de los servicios públicos la supresión del disfrute de los derechos civiles y políticos no ha hecho sino empeorar las condiciones en que la ciudadanía subsiste.

En ese panorama tan crítico, las personas buscan expresar sus opiniones, sus demandas y exigencias sobre la coyuntura, así como sus aspiraciones de vivir con mejores condiciones. Esta  sociedad ha encontrado en internet y en las plataformas de redes sociales un aliado y una válvula de escape a las restricciones de acceso a medios de comunicación, incluso con discursos contrarios al oficialismo. La respuesta institucional ha sido la de mayor supresión de derechos fundamentales.

Desde ARTICLE 19, rechazamos la lógica “excepcionalista” bajo la cual se cometen violaciones a derechos humanos de personas y colectivos que en sí mismas resultan injustificables. Estamos seguras y seguros que la dignidad humana no se puede relativizar según los diferentes contextos sociales e históricos. 

Si el gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez busca desescalar el descontento utilizando a los cuerpos de seguridad como la Policía Nacional Revolucionaria y el Departamento de Seguridad del Estado, no sólo continuará engrosando las cifras de personas detenidas sino también faltará a su obligación de promover la libre expresión, el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. El gobierno tiene que demostrar congruencia con su papel de garante de los derechos humanos como Estado Parte de diversos tratados internacionales de derechos humanos y país integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  Por otro lado, es necesario que se entable un verdadero diálogo entre Estados Unidos y Cuba, teniendo como punto de partida el fin del embargo como fuente de restricciones estructurales a los DESCA. 

En medio de este complejo contexto, ARTICLE 19 continuará trabajando  para documentar y analizar el estado de la libertad de expresión en Cuba. Con ello buscamos que las violaciones a dicho derecho sean visibilizadas y se sumen a la demanda diversos sectores de la sociedad civil y mecanismos de protección, tanto nacionales e internacionales. A partir de ahí pugnamos para que el Estado de Cuba garantice las condiciones de libertad y seguridad para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y  adopte todas las medidas a su alcance para que todas y todos los cubanos tengan condiciones de vida digna. 

Las demandas sociales que emergieron en el panorama cubano el 11 de julio pasado, son un llamado para revisitar patrones y dinámicas en las relaciones dentro y fuera de la isla que han atenazado y condicionado el pleno ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos y sociales del pueblo cubano.


Fecha de publicación en línea: 15 agosto, 2021.
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