Foto: El Canal de Hernán (YouTube)

Ciudad de México, a 1 de mayo de 2023.- ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica expresa su preocupación por el uso desproporcionado del Código Civil de la Ciudad de México, en materia de daño moral en contra de Hernán Gómez Bruera, periodista y autor del libro “Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T”. La organización reitera su acompañamiento a Hernán y recuerda la importancia de que los marcos normativos en México no deben ser utilizados como mecanismos de censura.

Una demanda millonaria frente a información de relevancia pública

El 17 de abril, Hernán Gómez recibió en su domicilio una demanda por daño moral, en acorde al artículo 1619 del Código Civil de la Ciudad de México, por parte de tres empresas integrantes de El Heraldo Media Group, que a su vez forma parte del conglomerado empresarial Grupo Andrade. El medio en cuestión solicita el pago de una indemnización no menor a 15,000,000 (15 millones de pesos MXN). 

En dicho documento ARTICLE 19 pudo identificar que se argumentan afectaciones al grupo empresarial por publicaciones de Hernán Gómez en sus perfiles de redes sociales «X» y «Facebook», algunas inclusive del 2021; información publicada en su más reciente libro, “Traición en Palacio”, el cual aborda temas relacionados a la corrupción dentro del Poder Judicial, así como una serie de opiniones formuladas en una entrevista al programa de Julio Astillero.

Algunos de los temas resaltados en la demanda tienen que ver con los vínculos del conglomerado empresarial con algunas figuras del poder político en México, como el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; con la forma en que el conglomerado empresarial obtiene contratos de arrendamiento de vehículos, e incluso con un posible sesgo en las encuestas que publica El Heraldo Media Group en contextos electorales.

Es imprescindible recordar que los procesos de licitación de arrendamiento y venta de vehículos a gobiernos, los vínculos profesionales entre grupos empresariales y personas funcionarias públicas, así como la cobertura de procesos electorales constituyen información de relevancia pública, por lo que son discursos especialmente protegidos en acorde al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En específico, la Corte Interamericana ha establecido que:

“El funcionamiento de la democracia exige el mayor nivel posible de discusión pública sobre el funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos de interés público. En un sistema democrático y pluralista, las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso, no sólo por los órganos internos de control, sino también por la prensa y la opinión pública.”

Adicionalmente, en lo que respecta al debate electoral, como lo son los análisis sobre las encuestas y tendencias de voto, la Corte indica que: “En los contextos electorales, la libertad de expresión se liga directamente a los derechos políticos y a su ejercicio, y ambos tipos de derechos se fortalecen recíprocamente.”

Acoso judicial y SLAPPs en México

En México, el acoso judicial^[1] se mantiene como una de las formas contínuas de violentar el derecho de libertad de expresión y acceso a la información a la prensa tanto por actores privados como por personas funcionarias públicas. Este tipo de procesos han tenido un incremento crítico en la última década, pues en el año 2015 la organización había documentado sólo 1 caso, mientras que para el 2016 ya se habían documentado 13. En el 2020 se documentaron 39 casos, y desde entonces cada año se documentan al menos 20 casos anuales. En el año 2023, se iniciaron 1.8 procesos judiciales al mes en promedio contra periodistas y medios de comunicación.

Además de constituirse como un presunto caso de acoso judicial, la demanda contra el periodista Hernán Gómez Bruera tiene características para considerarse en específico una demanda estratégica contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Las SLAPPs son mecanismos jurídicos que se activan con el presunto objetivo de amedrentar, inhibir, menoscabar o acallar opiniones o informaciones que resultan críticas o que visibilizan hechos de interés público. Los procesos de este tipo impactan de manera negativa no sólo a la persona periodista demandada, sino a su entorno social, dado que se envía un mensaje al resto de la prensa sobre sus posibles coberturas de los hechos resaltados en las publicaciones de Hernán. Por tanto, las consecuencias son tanto a nivel individual como social.

Si bien El Heraldo Media Group ha indicado que este proceso legal “no tiene la intención de restringir la libertad de expresión”, la presentación de demandas que exigen reparaciones millonarias por supuestos daños o afectaciones a un grupo empresarial, como las que se alegan en este caso contra Hernán Gómez, envían un mensaje: que existe un alto costo al ser crítico o al publicar información de cierta índole. 

Ante este proceso, el 29 de abril, Gómez Bruera, en acompañamiento de su representación legal, periodistas, seguidores y ARTICLE 19, presentó una respuesta a la demanda, así como una carta al Magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En la carta, el periodista solicita que su caso lo “[…] atienda conforme a derecho, sin permitir interferencia alguna por parte de personajes o grupos empresariales poderosos acostumbrados a imponer sus intereses.”

ARTICLE 19 hace eco de las peticiones de Hernán Gómez, llamando al Heraldo Media Group y Grupo Andrade, a retirar la demanda en afán de promover un espacio amplio en el debate de ideas, opiniones e información; y de la misma forma, solicitando al Quincuagésimo Segundo Juzgado en Materia Civil de Ciudad de México a que desestime la demanda en contra del periodista, basándose en los más altos estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información. 

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^[1] Inicio de procesos civiles, penales o administrativos, ya sea por actores públicos o privados, que pueden o no incluir el uso de recursos públicos, los cuales presuntamente buscan limitar la libertad de expresión y/o acceso a la información sobre algún tema de relevancia pública.