Hoy comenzaron las comparecencias de los aspirantes a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los seis candidatos fueron propuestos por el presidente Felipe Calderón, para que suplan al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Designaciones públicas te presenta los perfiles de los seis candidatos. Designaciones públicas es un proyecto construido tras un acuerdo entre Animal Político, Artículo 19, Fundar, y Judicatura Ciudadana, las cuales buscan “contribuir a que los procesos de designación de los titulares de ciertos órganos del Estado mexicano sean efectivamente públicos”, por medio de incentivar el debate de cuáles serían los perfiles idóneos de quiénes encabezarán estos órganos, mientras se generan mecanismos de participación ciudadana en estas decisiones, por medio de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, los derechos políticos y la transparencia del Estado.
Los principales objetivos de este ejercicio son:
1) Construir mecanismos y procesos de participación ciudadana en los procesos de designaciones públicas.
2) Generar información pormenorizada y de fácil comprensión que permita comprender la relevancia y características de las designaciones, así como respecto de los méritos de quienes en su momento sean propuestos a ocupar las posiciones.
3) Publicitar los procesos de designaciones públicas de los órganos del Estado mexicano.
4) Incentivar la deliberación pública de las designaciones públicas.
5) Fortalecer la independencia e imparcialidad de los órganos públicos.
Aquí están los perfiles de los aspirantes:
Manuel Baraibar Constantino
Una de las sugerencias del aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Baráibar Constantino, para “un juez que inicia su carrera judicial” es tener siempre en cuenta que “ser juez perfecto es imposible, pues “el único que ha existido fue crucificado hace 20 siglos en medio de dos ladrones”.
Bajo esa premisa cristiano-jurídica, el magistrado chiapaneco –amigo personal del ministro Sergio Valls Hernández- ha escalado posiciones en su carrera de tres décadas dentro del Poder Judicial de la Federación (que inició como actuario de un tribunal) y a pesar de tener en su historial resoluciones a favor de personajes tan polémicos como Raúl Salinas de Gortari, o el ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, hoy se encuentra a un paso de llegar al puesto más alto al que aspira cualquier jurista: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La inclusión de Baráibar en la terna enviada el 10 de octubre al Senado de la República para sustituir al ministro Guillermo Ortiz Mayagoita a partir del 1 de diciembre, según varios trascendidos, fue producto de una negociación entre el presidente Felipe Calderón con el mandatario electo Enrique Peña Nieto, pactada durante la cuarta reunión entre ambos políticos el pasado lunes 8 de octubre en Los Pinos.
Fue después de ese día cuando el nombre del magistrado Julio César Vázquez Mellado García, presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, fue borrado de la terna para incluir a Baráibar Constantino como uno de los posibles ministros del máximo tribunal de justicia en México.
“Estuve quince días en la lista del presidente –me confirmó vía telefónica el magistrado Vázquez Mellado- pero, en la recta final, mi nombre fue sacado de la terna enviada al Legislativo”.
***
Al comparecer este lunes 29 de octubre ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, elmagistrado Manuel Baráibar deberá justificar la resolución que abrió la puerta para liberar, en junio de 2005, a Raúl Salinas de Gortari, quien llevaba diez años en prisión bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito; falsificación de documentos oficiales y asesinato.
De igual forma, el magistrado Baráibar tendría que explicar a los senadores por qué -entre 14 de abril y el 16 junio de 2011- pidió suspender en siete ocasiones la sesión del tribunal de circuito que decidiría sobre el amparo que dejó sin efecto la solicitud de ejercicio de acción penal determinada por un juez federal en contra del ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, acusado de fraude procesal al falsificar un pagaré de 130 millones de dólares con la intención de apropiarse de un lote de obras de arte propiedad de la empresa Arthinia.
Paradójicamente, las dos resoluciones polémicas del magistrado Baráibar parecen ser también su fortaleza, pues diversas personas consultadas ubican al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y al obispo emérito Onésimo Cepeda como impulsores y cabilderos del posible ministro de la SCJN, tanto ante el mandatario saliente como ante el entrante.
Sólo resta estar pendientes y esperar la decisión que, a partir de este lunes, procesará la Comisión de Justicia del Senado. Seguiremos informando.
Rosa María Temblador Vidrio
La carta de presentación de la Magistrada Rosa María Temblador Vidrio para aspirar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es poseer una trayectoria de 33 años dentro del Poder Judicial Federal (PJF), la cual podría calificarse como pulcra.
Oriunda del municipio de El Grullo, Jalisco, Temblador Vidrio inició su carrera judicial en 1979, cuando cursaba la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Entonces de 22 años de edad, la integrante de la terna para suceder al Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia sólo interrumpiría su trabajo en tribunales en 1980, año en el que laboró como abogada postulante para el despacho González Peña, Domínguez Chávez y Asociados.
En sus primeros ocho años de carrera, fue proyectista y secretaria en dos juzgados y dos tribunales en Jalisco, en uno de los cuales era magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien posteriormente formaría parte de la primera generación de magistrados del Tribunal Electoral del PJF y en 2006 fue una de las encargadas de calificar la elección presidencial que ganó Felipe Calderón.
Temblador Vidrio dio un salto en su vida profesional en 1987, cuando se trasladó a la Ciudad de México para convertirse en secretaria de estudio y cuenta de la SCJN, trabajando en ponencias de los ministros Raúl Cuevas Mantecón y Felipe López Contreras. Un año después recibió el nombramiento de juez y fue asignada al Juzgado Quinto de Distrito en Puebla, entonces de reciente creación.
El PJF la nombró Magistrada a propuesta avalada por unanimidad en 1993 y la designó al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en el puerto de Veracruz. Al año siguiente regresó a Puebla tras ser adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, en el cual permanece hasta la fecha.
Durante sus 19 años como Magistrada, Temblador Vidrio ha producido 40 jurisprudencias y 95 tesis aisladas en proyectos de juicios de amparo, reclamaciones y quejas sobre casos civiles, penales y mercantiles, principalmente. Una de las resoluciones que presume fue conseguir que el Congreso de Puebla reformara el Código de Procedimientos Civiles estatal en 2007 para quitar el requisito del abogado patrono en los procesos, luego que amparó a una mujer a la que se le había desechado su demanda por carecer de defensa.
Tal vez el caso que ha llevado que tuvo mayor eco mediático en el estado fue un juicio en el que el tribunal concedió un amparo al Ayuntamiento de Puebla en 2008, dentro de un litigio en el que la empresa Desarrollo Iberoamericano exigía el pagó de más de 40 millones de pesos tras acusar que se le adeudaba la construcción de un tramo de un distribuidor vial edificado años antes. La resolución fue emitida cuando la alcaldía era presidida por Blanca Alcalá Ruiz, actualmente senadora por el PRI.
De forma paralela a sus labores, Temblador Vidrio obtuvo la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Iberoamericana en 2004, además de que ha sido ponente en cinco seminarios, congresos y programas, y ha participado en otros 11 eventos.
Merecedora de un premio por parte del Colegio de Abogados de Puebla y un reconocimiento de la Benemérita Universidad Autónoma del estado, Temblador Vidrio es considerada como una magistrada del sector que pudiera calificarse como conservador dentro del PJF, indicó un funcionario consultado que hablo bajo condición de anonimato.
Un caso juzgado por el pleno de la SCJN del que Temblador Vidrio se ha manifestado públicamente es la validación de la unión entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten hijos en el Distrito Federal. Aunque considera que el asunto es relevante porque se aprobó la transformación del concepto tradicional de familia, la Magistrada expuso en una ponencia que antes de reformar el Código Civil del Distrito Federal, los asambleístas debieron acreditar que la convivencia de menores en un seno familiar conformado por parejas del mismo sexo no es susceptible de causarles daño emocional.
En su análisis del caso, señaló que coincidía con las consideraciones expuestas durante el debate, registrado en el pleno en 2010, por el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, considerado como el miembro de la SCJN más conservador.
Sin tener sanciones en su historial, la Magistrada de 55 años de edad apuesta a que el Senado valore su trayectoria para elegirla Ministra de la SCJN.
Andrea Zambrana Castañeda
La Magistrada Andrea Zambrana Castañeda ha afirmado que el puesto de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sería el privilegio más grande al que aspira como juzgadora.
En dos años, la actual integrante del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región ha sido nominada por el Presidente Felipe Calderón dos veces a la SCJN, a pesar de tener menos de un lustro como magistrada.
Nacida en la Colonia Roma, en el Distrito Federal, Zambrana Castañeda tiene 49 años de edad, de los cuales los últimos 17 los ha destinado a forjar una carrera dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF). Es, de los seis candidatos propuestos a la SCJN, la más joven y la que menor trayectoria tiene en la justicia federal.
No obstante, Zambrana Castañeda suma una experiencia de ocho años dentro de la SCJN, tiempo en el que fue secretaria de Estado y Cuenta de la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a quien ahora aspira a relevar.
Según registros públicos, sus padres desarrollaron carrera dentro de la ciencia y la justicia. Originario de Bolivia, Wilfredo Zambrana Peñaloza, su padre, se especializó en agronomía, y Eva Castañeda de Zambrana, su madre, fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Con ese bagaje familiar, Zambrana Castañeda cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulándose en 1991 con mención honorífica. Durante su etapa como estudiante, fue becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país.
En su tesis “Autotutela: algunas formas que subsisten”, manifestó su agradecimiento al finado catedrático Cipriano Gómez Lira y a Genaro Góngora Pimentel, quien antes de ser Ministro de la SCJN fue durante más de una década Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde Zambrana Castañeda inició su trayectoria formal dentro del PJF como secretaria, en 1995.
Antes, entre 1991 y 1994, ocupó cargos de subdirección y dirección en áreas de la Lotería Nacional y la Comisión Federal de Competencia de la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial -actualmente Secretaría de Economía-, además de un breve paso en la Oficialía de Partes Común de Tribunales Colegiados en el Distrito Federal.
Tras cuatro años en el Tribunal Colegiado emigró a la SCJN, donde, según una fuente consultada, se convirtió en una de las funcionarias de mayor confianza del Ministro Aguirre Anguiano, quien durante los 17 en el cargo ha sostenido posiciones que pueden calificarse de conservadoras.
Entre los numerosos proyectos que elaboró con el Ministro, destaca el referente a la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores en 2006 en contra de las reformas a las leyes Federal de Telecomunicaciones y Federal de Radio y Televisión, conocidas popularmente como “Ley Televisa”.
En 2008, Zambrana Castañeda obtuvo el nombramiento de Magistrada de Circuito durante el Tercer Concurso de Oposición Libre. De los 10 ganadores, sólo ella y dos funcionarios más obtuvieron la designación sin antes haber sido jueces, factor que generó críticas entre el personal del PJF por considerar que no tenían el mérito suficiente para ser magistrados.
Tras su nombramiento fue asignada al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Naucalpan, Estado de México, donde produjo tres jurisprudencias y cinco tesis aisladas en proyectos para resolver juicios de amparo y revisiones fiscales.
Zambrana Castañeda fue reasignada al Tribunal Auxiliar en el que continúa despachando en 2009, justo cuando este inició funciones al ser creado por el PJF con la finalidad de descargar el trabajo de los tribunales colegiados emitiendo las sentencias de sus expedientes.
Durante sus labores en el Tribunal Auxiliar ha producido 19 tesis aisladas en las materias administrativa y constitucional, durante juicios de amparo que han abarcado conflictos de publicidad en la vía pública, transporte escolar y predial, entre otros.
El Presidente Calderón la propuso en diciembre de 2010 dentro de la terna que completaban la magistrada Elvia Díaz de León y Lilia Mónica López Benítez para ocupar el cargo que el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo había dejado vacante al fallecer tres meses antes. El 14 de diciembre, Zambrana Castañeda compareció ante el pleno del Senado, sin embargo no obtuvo ningún voto y en febrero fue elegido Jorge Mario Pardo Rebolledo.
De carácter fuerte, es vista como una Magistrada con posiciones coincidentes con el Ministro Aguirre Anguiano y con una cercanía al Presidente Calderón, expuso la fuente del PJF consultada, la cual habló bajo condición de anonimato.
Con sólo un voto particular emitido durante su labor en el Tribunal Auxiliar y una queja administrativa en su contra que fue desechada, Zambrana Castañeda completa su historial de vida con estudios de especialidad en Derecho Fiscal, Penal, Civil, y Amparo cursados en la Universidad Panamericana, en la cual también es candidata a doctora.
Emma Meza Fonseca
Emma Meza Fonseca estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (1977-1981) y se tituló con la tesis “Nueva Política Humanitaria del Ministerio Público”, el 2 de julio de 2007 obtuvo la Maestría en Derecho Procesal Penal con la tesis “La conciliación como un medio de solución de conflictos a nivel averiguación previa”.
Es oriunda de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero toda su vida académica la realizó en el Distrito Federal, la primaria la cursó en el Belmont American School, la secundaria en la no. 95 “Victor Hugo”, posteriormente siguió sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria no. 6 “Antonio Caso” y la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Inmediatamente después de terminar su licenciatura inició su carrera en el Poder Judicial Federal con tan solo 23 años. El primer puesto que ocupó fue de Proyectista “H” adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, labor que ocupó de octubre de 1981 a enero de 1982, posteriormente realizó la tarea de Segundo Secretario, en el mismo juzgado durante los próximos tres años.
Siguió su carrera judicial como Secretario de Estudio Adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, de enero de 1986 a noviembre de 1987. Posteriormente trabajó durante cuatro años en la SCJN como Secretario de Estudio y Cuenta, adscrita a la ponencia del Ministro Santiago Rodríguez Roldán, de 1987 a 1991. En abril de 1991 fue nombrada Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán con residencia en Mérida donde laboró hasta septiembre de 1992.
Después seguirían años determinantes en su labor en el Poder Judicial al ser nombrada Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal de septiembre de 1992 a enero de 1994, y posteriormente fungiendo como Juez Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, de enero de 1994 a enero de 1997, en este periodo Emma Meza cuenta con el antecedente de haber concedido un amparo que permitió al ex líder del sindicato de trabajadores petroleros Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, quedar en libertad.
Otro momento determinante fue el Caso Ruiz Massieu, como juez federal, Emma Meza también conoció el expediente de los acusados por el asesinato del secretario del Partido Revolucionario Institucional , ocurrido a finales de 1994 y sentenció a 50 años de prisión a Daniel Aguilar Treviño y a otros siete involucrados en el homicidio.
En 1997 es nombrada Magistrada de Circuito, Adscrita al Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, con Sede en Oaxadca donde sólo permanece algunos meses de febrero a julio. De ahí se traslada Puebla como Magistrada de Circuito Adscrita al Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, donde ejerce de agosto de 1997 a abril de 1998.
De 1998 a 2001 se convierte en Magistrada del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el 10 de diciembre de 2001 hasta abril de 2006 es nombrada Magistrada del Noveno Tribunal Coletiado en Materia Penal del Primer Circuito.
En abril de 2006 llegaría otro momento importante en su carrera Judicial cuando es asignada como Coordinadora Especial de Investigación, Confianza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luego de que ésta atrajera el tema de las violaciones a la periodista Lydia Cacho. Entre sus conclusiones, los magistrados detectaron una serie de irregularidades en la aprehensión de la periodista, una celeridad inusitada para la captura y un traslado infrahumano. Sin embargo, la base de su investigación fue no punitiva toda vez que las famosas grabaciones que le dieron el mote de “gober precioso” a Mario Marín eran ilegales y no podían ser utilizadas como prueba plena contra el mandatario.
Después de esa investigación se reincorporó a su nombramiento anterior y hasta la fecha es Magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia penal del Primer Circuito.
En sus publicaciones destacan “Aplicación de la Jurisprudencia en torno al cuerpo del delito” escrita en el año 2000, “Ilícitos contra la Salud, Modalidades o Delitos” de 2001, “La tortura en México” de 2002, “Que el secuestro ya no sea negocio” escrito en 2005, “La relación del poder Judicial Federal con los medios de comunicación” publicado en 2006 y “La equidad de género en los altos puestos del Poder Judicial de la Federación” editado en 2011.
La magistrada Emma Meza Fonseca, tiene un pensamiento de corte liberal, apoya al aborto, la adopción y matrimonio homosexual.
Pablo Vicente Monroy Gómez
El magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez tiene más de 27 años de experiencia dentro del Poder Judicial Federal.
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (1968-1972) y se tituló con la tesis “El derecho del trabajador a la vivienda”.
Su labor profesional comenzó en la docencia. Inició impartiendo clases en la Secundaria de la Universidad Motolinía antes de terminar la licenciatura. Posteriormente fue titular de las materias de Derecho Social, Sociología del trabajo y Derecho Familiar en la Escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”. Laboró también como profesor en el Colegio Westminster, en el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo y en 1978 inició como profesor adscrito al Departamento de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.
En la UAM en 1979 se convierte en Consejero Académico Titular del departamento de Derecho, y de 1980 a 1984 ocupa el lugar de asesor de la Comisión Dictaminadora de Humanidades en concursos de oposición, paralelamente de marzo de 1980 a junio de 1983, funge como Jefe del Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del campus.
Su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación inicia en septiembre de 1985, cuando él tenía 36 años, comenzó como Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la ponencia del Magistrado Rafael Pérez Miravete. En 1987 se convierte en Secretario del tribunal adscrito en la Coordinación Jurídica del Sistema de Consulta de Jurisprudencia y Tesis y en 1988 y 1989 funge como Secretario de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala de la SCJN, en la ponencia del señor ministro Juan Díaz Romero.
Entre los años 1990 y 1994 se convierte en Juez de Distrito con residencia en Veracruz y en el Distrito Federal. En esta época, como Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del D.F. conoció el caso de Joaquín El Chapo Guzmán y dictó sentencia condenatoria por un total de 12 años en prisión al narcotraficante (Fecha de la sentencia 3 de marzo de 1994).
En su comparecencia ante legisladores el 24 de octubre pasado, Monroy Gómez explicó que juzgó a Joaquín Guzmán Loera porque las pruebas fueron suficientes para culparlo de falsificación de documentos, pero aclaró, que ni en la acusación original ni a lo largo del proceso Joaquín “El Chapo” Guzmán fue acusado de delitos relacionados con el crimen organizado.
Después de su labor como Juez de Distrito en materia Penal es nombrado Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del primer Circuito en 1994 y se convierte en Magistrado fundador del Segundo tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito con residencia en Mérida Yucatán, donde labora de 1994 a 1999. Ese mismo año se convierte en Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo cuarto circuito hasta 2001. Y del 9 de julio de 2001 a la fecha realiza la tarea de Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito.
De 2006 hasta ahora ha centrado sus estudios y publicaciones en los derechos de los pueblos indígenas. Su trabajo “Las consecuencias jurídicas en el Derecho Penal Mexicano” forma parte de una Antología sobre Derechos indígenas en la Procuración de Justicia. En 2008 en el Instituto de Lenguas Indígenas y en la Universidad de Oriente, presenta el texto “Contenido e implicaciones de la Nueva Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos indígenas”. Un año después publica “¿Deben ser el trato igual y la no discriminación el fundamente de la imparcialidad judicial estipulada en el Código Iberoamericano de ética judicial?”. También tiene textos inéditos como “El acceso de las Mujeres indígenas a la justicia”.
En todas estas publicaciones plantea problemas y soluciones de la relación entre la impartición de justicia y los pueblos autóctonos, y resuelve que “los funcionarios del Poder Judicial están obligados a considerar la cosmovisión de los pueblos indígenas al tomar decisiones que involucren a sus integrantes” y señal que “En todos los procedimientos judiciales donde un individuo o un colectivo indígena tomen parte el juez está obligado a tener en cuenta las especificidades culturales para resolver en consecuencia”.
Al ser mencionado en la terna para ocupar un lugar como ministro en la SCJN, la organización Maya KUXA’ANO’ON A.C. emitió un comunicado firmado por Jaime Ermilo Novelo González Sub Coordinador Regional, señalando que :“En su lucha permanente por revitalizar y revindicar nuestra gran civilización Maya, los mayas lo proponemos para ocupar el cargo de primer ministro de la SCJN”.
En entrevista en diciembre de 2011 con la revista “Justicia en Yucatán” habló de congruencia en la labor de impartir justicia “Los juzgadores estamos en una caja de cristal, a la vista de todos, por tanto nuestra vida personal debe ser congruente, pues no sería bien visto por la sociedad que juzgáramos a una persona por haber cometido un delito en estado de ebriedad y nosotros nos comportáramos de esa manera frente a la gente, tiene que haber congruencia entre la vida profesional y la vida personal, como decía el ministro en retiro Juan Díaz Romero, hay que ser honestos y parecerlo, las dos cosas al mismo tiempo”.
Actualmente trabaja en su tesis para la maestría en “Democracia y Derechos Humanos” por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Alberto Pérez Dayán
El magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez tiene más de 27 años de experiencia dentro del Poder Judicial Federal.
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (1968-1972) y se tituló con la tesis “El derecho del trabajador a la vivienda”.
Su labor profesional comenzó en la docencia. Inició impartiendo clases en la Secundaria de la Universidad Motolinía antes de terminar la licenciatura. Posteriormente fue titular de las materias de Derecho Social, Sociología del trabajo y Derecho Familiar en la Escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”. Laboró también como profesor en el Colegio Westminster, en el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo y en 1978 inició como profesor adscrito al Departamento de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.
En la UAM en 1979 se convierte en Consejero Académico Titular del departamento de Derecho, y de 1980 a 1984 ocupa el lugar de asesor de la Comisión Dictaminadora de Humanidades en concursos de oposición, paralelamente de marzo de 1980 a junio de 1983, funge como Jefe del Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del campus.
Su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación inicia en septiembre de 1985, cuando él tenía 36 años, comenzó como Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la ponencia del Magistrado Rafael Pérez Miravete. En 1987 se convierte en Secretario del tribunal adscrito en la Coordinación Jurídica del Sistema de Consulta de Jurisprudencia y Tesis y en 1988 y 1989 funge como Secretario de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala de la SCJN, en la ponencia del señor ministro Juan Díaz Romero.
Entre los años 1990 y 1994 se convierte en Juez de Distrito con residencia en Veracruz y en el Distrito Federal. En esta época, como Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del D.F. conoció el caso de Joaquín El Chapo Guzmán y dictó sentencia condenatoria por un total de 12 años en prisión al narcotraficante (Fecha de la sentencia 3 de marzo de 1994).
En su comparecencia ante legisladores el 24 de octubre pasado, Monroy Gómez explicó que juzgó a Joaquín Guzmán Loera porque las pruebas fueron suficientes para culparlo de falsificación de documentos, pero aclaró, que ni en la acusación original ni a lo largo del proceso Joaquín “El Chapo” Guzmán fue acusado de delitos relacionados con el crimen organizado.
Después de su labor como Juez de Distrito en materia Penal es nombrado Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del primer Circuito en 1994 y se convierte en Magistrado fundador del Segundo tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito con residencia en Mérida Yucatán, donde labora de 1994 a 1999. Ese mismo año se convierte en Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo cuarto circuito hasta 2001. Y del 9 de julio de 2001 a la fecha realiza la tarea de Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito.
De 2006 hasta ahora ha centrado sus estudios y publicaciones en los derechos de los pueblos indígenas. Su trabajo “Las consecuencias jurídicas en el Derecho Penal Mexicano” forma parte de una Antología sobre Derechos indígenas en la Procuración de Justicia. En 2008 en el Instituto de Lenguas Indígenas y en la Universidad de Oriente, presenta el texto “Contenido e implicaciones de la Nueva Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos indígenas”. Un año después publica “¿Deben ser el trato igual y la no discriminación el fundamente de la imparcialidad judicial estipulada en el Código Iberoamericano de ética judicial?”. También tiene textos inéditos como “El acceso de las Mujeres indígenas a la justicia”.
En todas estas publicaciones plantea problemas y soluciones de la relación entre la impartición de justicia y los pueblos autóctonos, y resuelve que “los funcionarios del Poder Judicial están obligados a considerar la cosmovisión de los pueblos indígenas al tomar decisiones que involucren a sus integrantes” y señal que “En todos los procedimientos judiciales donde un individuo o un colectivo indígena tomen parte el juez está obligado a tener en cuenta las especificidades culturales para resolver en consecuencia”.
Al ser mencionado en la terna para ocupar un lugar como ministro en la SCJN, la organización Maya KUXA’ANO’ON A.C. emitió un comunicado firmado por Jaime Ermilo Novelo González Sub Coordinador Regional, señalando que :“En su lucha permanente por revitalizar y revindicar nuestra gran civilización Maya, los mayas lo proponemos para ocupar el cargo de primer ministro de la SCJN”.
En entrevista en diciembre de 2011 con la revista “Justicia en Yucatán” habló de congruencia en la labor de impartir justicia “Los juzgadores estamos en una caja de cristal, a la vista de todos, por tanto nuestra vida personal debe ser congruente, pues no sería bien visto por la sociedad que juzgáramos a una persona por haber cometido un delito en estado de ebriedad y nosotros nos comportáramos de esa manera frente a la gente, tiene que haber congruencia entre la vida profesional y la vida personal, como decía el ministro en retiro Juan Díaz Romero, hay que ser honestos y parecerlo, las dos cosas al mismo tiempo”.
Actualmente trabaja en su tesis para la maestría en “Democracia y Derechos Humanos” por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
