El periódico digital salvadoreño El Faro vive una sitaución de riesgo por denunciar la existencia de un pacto entre autoridades y líderes de grupos criminales.
El próximo 21 de marzo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutirá un proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar, quien propone la libertad inmediata de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años por el delito de secuestro, en un proceso en el que se habrían violado sus derechos fundamentales.
El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, denunció el uso discrecional de fondos públicos de parte de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), la cual ha excluido a ese medio de la contratación de publicidad oficial como una forma de represalia a su línea editorial.
El semanario político Proceso que se edita en la Ciudad de México se convirtió en los últimos meses en objeto de una estrategia consistente en la compra masiva de ejemplares en diversas ciudades del país, para impedir la circulación de información crítica que pone en entredicho a las autoridades locales.
ARTICLE 19 ha apoyado a Contralínea y sus periodistas en diversas ocasiones, lo cual es un grave indicador de las distintas formas y momentos en que se ha tratado de castigar o inhibir el ejercicio periodístico de este medio.
ARTICLE 19, Cencos y CEPET han documentado desde mayo de 2010 el incremento sostenido del riesgo que enfrentan los y las colaboradoras de “Imagen El Periódico de los Zacatecanos” y “El Centinela del Pueblo”. La inacción e inoperancia de los mecanismos de protección que ofrece el Estado Mexicano han sido evidentes y han resultado en aumento del riesgo para estos medios
La periodista Ángeles Mariscal, corresponsal de noticias CNN y Animal Político en Chiapas (sureste), fue obstaculizada para ejercer su labor periodística y su equipo de trabajo le fue retenido por media hora por parte de autoridades al cubrir la audiencia pública del ex gobernador de ese estado, Pablo Salazar Mendiguchía.