ARTICLE 19 encuentra preocupante la respuesta del Gobierno del Estado de Guerrero
Ciudad de México, 21 abril 2020.- Derivado de la carta pública que ARTICLE 19 envió al Gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, denominada “Ante agresiones constantes a la prensa en Guerrero, ARTICLE 19 escribe carta al gobernador Héctor Astudillo Flores”, la Secretaría de Gobierno estatal respondió el 19 de abril mediante el comunicado “Sin sustento los señalamientos de Ezequiel Flores”.
Respecto al contenido de dicho comunicado y la respuesta emitida vía correo electrónico, desde ARTICLE 19 manifestamos diversas preocupaciones:
El comunicado oficial da muestra de un enfoque reactivo frente a la problemática de violencia y falta de garantías para el ejercicio de la labor periodística en el estado, es decir, medidas que responden a situaciones ya inminentes o que se han materializado en agresiones contra periodistas, y que desatienden un enfoque de prevención que las autoridades deben implementar para evitar esas situaciones y revertir dicha problemática.
Rechazamos cualquier afirmación o consideración respecto a que las y los periodistas son quienes se colocan en una situación de riesgo, cargándoles la responsabilidad de lo que pueda sucederles. La carga de responsabilidad y las obligaciones para brindar seguridad y garantizar la labor periodística corresponden a las autoridades. Por el contrario, las autoridades debe reconocer públicamente la importancia de la labor que periodistas como Ezequiel Flores, realizan a favor de la sociedad, para contar con información de interés público, como por ejemplo, sobre la violencia en el estado.
Asimismo, desde ARTICLE 19 consideramos que la creación de un Mapa de Riesgos “que informe a periodistas las condiciones prevalecientes en la entidad en materia de seguridad” como lo refirió en el comunicado, no es una medida efectiva, preventiva, que brinde respuestas eficientes para combatir la violencia contra la prensa. De igual forma, el mantenimiento de un Fondo de Periodistas para otorgar, entre otras cuestiones, seguro de vida, tampoco es una medida que atienda la problemática de fondo, sino una consecuencia a aplicar frente a la situación.
Lo antes descrito puede traducirse en un mensaje donde las autoridades trasladan la responsabilidad a las personas periodistas por cubrir en determinadas zonas, normalizando la violencia existente y desatendiendo la obligación de brindar seguridad a todas las personas, asumiendo la existencia de zonas de silencio y que indefectiblemente las y los periodistas deben atenerse a ello o su integridad se verá afectada.
En este sentido, mientras las autoridades continúen con esa perspectiva de reacción y no emprende aquellas acciones preventivas, que atiendan las causas de la problemática de violencia, persistirá la falta de garantías particularmente para el desempeño de la labor periodística.
Lo anterior se refleja en la continuidad de las agresiones contra la prensa en el estado de Guerrero, que desde el año 2009 al 2019, han sumado un total de 280 agresiones, conforme a la documentación de ARTICLE 19, colocando a dicha entidad como el cuarto estado a nivel nacional más peligroso para el ejercicio periodístico. Y durante la actual administración, cinco periodistas han sido asesinados.
En el caso del periodista Ezequiel Flores, de igual forma las agresiones en su contra persisten, sin que hasta la fecha el mismo goce de plenas garantías para continuar con su labor. En este sentido, tanto el gobierno federal, a través del Mecanismo de Protección, como el gobierno estatal, no han cumplido cabalmente con la obligación de brindarle protección efectiva, encontrándose al día de hoy bajo amenaza el corresponsal de la revista Proceso.
Asimismo, dar aviso a la CNDH, al Mecanismo Federal de Protección o la falta de respuesta o efectividad de éste último, no exime a las autoridades estatales de sus obligaciones, ni resulta suficiente para garantizar los derechos humanos del periodista. Incluso resulta redundante, ya que en caso de que la CNDH gire medidas precautorias conforme a sus facultades, irían dirigidas al propio gobierno estatal.
Un compromiso con la libertad de expresión, el periodismo y la defensa de derechos humanos no debe partir de esas premisas, sino de la generación de políticas públicas de prevención y protección con un enfoque integral, y esto se logra con una coordinación entre instituciones y niveles de gobierno, que verdaderamente sea eficiente y tenga un seguimiento puntual de los casos, sin trasladar la carga o la responsabilidad a las víctimas.
Sumado al contexto del estado de Guerrero, en donde los niveles de violencia son elevados, existen zonas cooptadas por grupos criminales y también se ha documentado la connivencia entre dichos grupos y autoridades, hace más apremiante que el Estado multiplique esfuerzos, con medidas eficientes, integrales y preventivas, que dejen de ser paliativos que no dan ninguna solución al fondo de la problemática existente.
Nota para prensa
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