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Alcalde de Zihuatanejo debe abstenerse de denostar labor periodística de prensa crítica

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2017.- Por medio de Facebook, el alcalde de Zihuatanejo, Guerrero, Gustavo García Bello, ha denostado el trabajo de varios reporteros locales; entre ellos, Noé Aguirre Orozco. Las declaraciones del funcionario, en respuesta a la crítica de la prensa, estigmatizan la labor periodística y constituyen una agresión a la libertad de expresión.

El alcalde señaló que los periodistas “tienen resentimiento” debido a que supuestamente los despidió después de haberlos descubierto cobrando un sueldo en el municipio sin trabajar en él.

“Muy lamentable que ciudadanos y ciudadanas de nuestro Municipio, como Noe (sic) Aguirre Orozco, (…) aprovechando un momento de ambigüedad , mal informen, denosten (sic), agredan y destilen todo su veneno, fomenten la confrontación, tratando de confundir a la población con mentiras, dedicándose a publicar memés (sic) y ediciones periodisticas (sic) falsas, con el afán de perjudicarme. Esto obedece a que al llegar a la Presidencia Municipal despedi (sic) a la hermana y cuñado de Noé y a él lo di de baja como aviador”, publicó el funcionario en su página oficial de Facebook el 19 de mayo.

Imagen: Facebook.

En entrevista con ARTICLE 19, Aguirre negó que fueran ciertas las declaraciones de García Bello. “Yo nunca he trabajado en el municipio, lo que dice el alcalde es mentira. No es la primera vez que sucede esto, ya en otro momento Somer Ríos, funcionario del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) me atacó en Facebook haciendo comentarios ofensivos hacia mi familia, a raíz de una publicación que hice donde contrasté la pobreza y las necesidades que hay a nivel local con una imagen de la primera dama (de Zihuatanejo, Guerrero), donde portaba una bolsa de marca y ostentosa”.

“Además, en actos públicos en colonias populares, García ha hablado de que quieren atacar a su gobierno y menciona que soy una de las personas que he participado de eso”, agregó. “Él llama ataque a los trabajos periodísticos que he hecho durante su administración”.

Aguirre expresó preocupación por una campaña que busca estigmatizar su trabajo. “Antes no me preocupaba tanto, aunque sabía que el ataque venía del municipio a través de cuentas hechas en Facebook para apoyarlo, pero ahora el ataque viene del alcalde mismo”.

Incluso, esto ha tenido repercusiones laborales para su familia. Su hermana fue despedida injustificadamente. “Llevaba 12 años trabajando en el municipio con distintas administraciones, por su eficiencia, pero cuando supieron que era mi hermana la despidieron sin indemnizarla”.

En sus coberturas, el periodista dijo que busca ir más allá de la nota diaria y dar seguimiento a los hechos que afectan al municipio. “No soy de tomar un tema y sacar una nota. Yo doy continuidad, un seguimiento a las cosas de las cuales escribo. El alcalde nunca respondió formalmente a ninguna de las notas sobre las irregularidades de su gobierno”, reiteró.

Desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es necesario señalar el deber de las autoridades estatales sobre sus declaraciones públicas y los límites de éstas[1]:

“[C]onstituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento.”

En el informe anual 2016 de ARTICLE 19, Libertades en Resistencia, se registró que 184 de las 426 agresiones contra la prensa se dirigieron a reporteros, como Aguirre.

Guerrero fue la quinta entidad con más agresiones en 2016, con 26. Cabe destacar que el 73% de éstas (19) fueron cometidas por funcionarios públicos; este porcentaje es mayor al nacional, de 53%.

Ante los hechos citados, ARTICLE 19 exige al gobierno municipal de Zihuatanejo cesar la campaña de difamación hacia la prensa local y la obstaculización del ejercicio periodístico de la misma. Al gobierno estatal de Guerrero exigimos se garantice la integridad del periodista Noé Aguirre y genere las condiciones necesarias para la realización de sus labores sin temor a represalias.

Respecto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero consideramos urgente que conozca del caso y se pronuncie en la medida de sus atribuciones.

Además, también urgimos al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que intervenga en el caso haciendo uso de sus facultades a fin de brindar apoyo al periodista.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos y otros vs. Venezuela, Sentencia de 28 de enero de 2009,(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 139

Nota para prensa

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25 mayo, 2017 @ 3:01 PM