• Las acciones del gobierno mexicano para exigir la liberación de Julian Assange son una muestra importante en favor de la libertad de expresión y el acceso a la información, no obstante, deben traducirse en una estrategia integral para frenar la ola de violencia contra periodistas en México.

Ciudad de México 14 septiembre 2022.- La visita del padre y hermano de Julian Assange, John y Gabriel Shipton, como parte de la  invitación del gobierno de México para la celebración del grito de independencia, es una oportunidad para revisar la situación prevaleciente en México e impulsar políticas efectivas para la protección de periodistas y personas alertadoras en México.

Las acciones que ha promovido el gobierno mexicano en favor del periodista y activista Julian Assange para exigir su inmediata liberación son una muestra importante en favor de la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin embargo, este mismo espíritu que se manifiesta hacia el exterior también tiene que reflejarse al interior del país. Debe ir acompañado de la implementación de políticas y estrategias integrales que garanticen el trabajo periodístico en condiciones de seguridad y pongan fin a la impunidad de casos de violencia contra periodistas.

En México, la violencia letal contra la prensa no cesa. En lo que va del año, 16 periodistas, 3 trabajadores no editoriales de medios de comunicación y un familiar de un periodista han sido asesinados. En 11 de estos casos, ARTICLE 19 ha documentado el posible vínculo de trabajo de las víctimas con el crimen letal.

La violencia letal en México se materializa en un contexto donde cada 14 horas se agrede a un periodista por hacer su trabajo. A esta violencia contra la prensa, de la cual las figuras públicas son las principales perpetradoras, le acompaña un 98% de impunidad.

La visita de los familiares de Assange y las muestras de solidaridad que ha expresado el gobierno de México, marcan una oportunidad para que también se promueva una estrategia integral que ponga freno el vertiginoso escalamiento de las agresiones contra periodistas, siendo el asesinato las expresiones más graves y extremas de censura.

Como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de las y los periodistas, y el deber de proteger, prevenir y procurar la justicia. Por su parte, Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión (RELE-CIDH) recomendó en reiteradas ocasiones a México desplegar esfuerzos acordes a la urgencia de la cruel violencia contra la prensa y lamentó que, conforme pasa el tiempo, los asesinatos de periodistas aumentan y las acciones de las autoridades son más confusas y contradictorias. En este contexto, el Relator considera fundamental que las autoridades repudien de manera inequívoca este tipo de ataques y se abstengan de efectuar declaraciones que puedan incrementar la vulnerabilidad y el riesgo inherente a la profesión.

El caso de Julian Assange

Julian Assange no es un criminal. Es un periodista, fundador de Wikileaks, que enfrenta una terrible persecución de cara a un proceso de extradición a Estados Unidos, lo cual  representa una amenaza para la libertad de expresión, el periodismo de investigación y las personas alertadoras (conocidos en inglés como whistleblowers) cuya labor es fundamental para revelar de información de interés público.

ARTICLE 19 ha solicitado en numerosas ocasiones revocar la decisión de extradición por parte del Reino Unido, así como el cierre de todas las investigaciones penales sobre WikiLeaks y su editor en jefe, Julian Assange, que ponga fin al acoso y a otras persecuciones contra Wikileaks por publicar información de interés para las personas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados.

De permitirse el enjuiciamiento de Assange en los Estados Unidos, un mensaje quedará claro para periodistas y personas alertadoras: cualquiera que haga su trabajo en sentido contrario a los grandes intereses políticos y económicos, será perseguido. Ello puede tener consecuencias fatales al generar un efecto inhibidor en las y los periodistas a nivel mundial.

Por su parte, en junio de 2022, la ministra del interior de Reino Unido, Priti Patel aprobó la extradición de Assange con lo cual envió un mensaje de intimidación para quienes hacen periodismo de investigación y revelan información de interés público. Frente a esta decisión, la defensa del periodista apeló ante los tribunales de Reino Unido.

De concretarse la extradición a Estados Unidos, el fundador de Wikileaks enfrentaría el riesgo de ser sentenciado a 175 años de prisión por haber infringido la ley de espionaje de 1917 al filtrar información relacionada con la seguridad nacional.

Las revelaciones hechas por Wikileaks han permitido que la ciudadanía conozca, entre otros casos, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán.

Por ello, el establecimiento de mecanismos para la protección de personas alertadoras también resultan fundamentales. El Estado mexicano tiene la oportunidad de establecer un mecanismo integral para la protección de personas alertadoras, entre ellas la discusión y aprobación de una ley en la materia.

Desde ARTICLE 19, esperamos que el ánimo renovado del gobierno mexicano por la tutela de la libertad de expresión se traduzca en una mejora inmediata y permanente de las condiciones de seguridad para el periodismo en México. Por eso, son urgentes los esfuerzos encaminados a la creación de políticas integrales que garanticen prevención, protección, y en su caso, el acceso a la justicia y la reparación del daño a las y los periodistas que sufren agresiones recurrentes y múltiples.

Nota para prensa
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