“Pueden existir momentos en los que no podamos prevenir una injusticia,
pero nunca debe existir un momento en donde dejemos de protestar”.
Elie Wiesel, Activista y Premio Nobel de la Paz 1986
Sin importar el país, el trabajo de promoción, defensa y protección de derechos humanos siempre resulta incomodo a los grupos cercanos al poder. Son estas personas, defensores y defensoras derechos humanos, las que confrontan los abusos y excesos de los gobiernos en turno y ofrecen un espejo a la sociedad. Al igual que las personas que ejercen la libertad de prensa a través del derecho a la libertad de expresión, quienes deciden utilizar este derecho para denunciar violaciones a derechos humanos y otras injusticias, es uno de los grupos en mayor grado de vulnerabilidad en México debido a la falta de una política gubernamental que facilite y proteja su trabajo.
No son pocos los organismos gubernamentales y civiles que han expresado su preocupación por las condiciones de acoso (judicial y físico) que enfrenta los y las defensoras en México. El representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, planteó la situación actual de la siguiente manera: “no pueden seguir muriendo más defensores; su situación es crítica y se requiere que de inmediato el gobierno federal, estatal y municipal rompan el cristal de la alerta, y pongan en marcha medidas para su protección.”
Así es, la historia de México está plagada de testimonios de defensores de derechos humanos que fueron víctima de abusos y violencia.
Ejemplo de ello, son los testimonios del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Desde hace 17 años un grupo personas indígenas y mestizas, se han dado a la tarea de defender de manera integral los derechos de los pueblos na savi, me´phaa, nauas, nn’anncue y mestizos de las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. La situación que han enfrentado no ha sido fácil: Conflicto agrarios, militarización, crimen organizado y grupos armados son algunos de los elementos innegables y rutinarios de la realidad en la montaña guerrerense.
El equipo de Tlachinollan ha sido parte clave en causas como el rechazo a la construcción de la presa La Parota y la explotación minera desmedida en aquella región. Así como casos de suma relevancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo. Ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa fueron violadas sexualmente y torturadas por efectivos militares en 2002, 8 años más tarde el Estado Mexicano fue encontrado culpable, sin embargo la Secretaría de Gobernación esta regateando el cumplimiento de la sentencia al mantener el proceso dentro del fuero militar.
El camino recorrido en estos 17 años ha estado marcado por innumerables obstáculos, en marzo del 2009, el Centro Tlachinollan anunció el cierre de su oficina en Ayutla de los Libres, ante la falta de garantías de seguridad y constantes amenazas en contra de su equipo y el de las otras organizaciones que trabajan en la misma región. En aquel entonces, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos ejemplificó la gravedad de la situación con el caso de la desaparición y ejecución a manos de personas que se ostentaron como elementos de la Secretaria de Seguridad Públicade Raúl Lucas y Manuel Ponce, Secretario y Presidente de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, cuyos cuerpos fueron encontrados 7 días después con huellas evidentes de tortura. Simplemente no había garantías para desempeñar las labores de defensa y promoción de derechos humanos.
Sin lugar a dudas los hechos pasarán a la historia del movimiento de derechos humanos como uno de los capítulos más oscuros.
Dos años más tarde y acompañados de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes diplomáticos de varios países, el pasado 16 de junio, tuvo lugar una ceremonia de reapertura de la oficina de Ayutla. “Ayutla la que todavía no es de los libres”, como señaló Abel Barrera durante su discurso. Si bien la situación de seguridad no ha cambiado sustancialmente, los casos de asesinato aún permanecen impunes y el nuevo gobierno de Ángel Aguirre aún no ha traducido su compromiso con la región en acciones, el equipo de Tlachinollan decidió arroparse para continuar su trabajo con solidaridad. Ese gesto genuinamente humano que parece ser el único antídoto para la indiferencia e inacción de las autoridades.
La ceremonia fue muy emotiva. “Hemos regresado”, exclamó Abel Barrera antes de que las viudas de Raúl y Manuel develaran una placa conmemorativa.
La lucha por el respeto y plena realización de los derechos humanos, está siendo librada en muchos frentes y de manera cotidiana por mujeres y hombres a lo largo y ancho del país. Recordemos hoy más que nunca, que un grupo de personas ha retomado esta labor a favor de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las que nos encontramos en los centros urbanos y nos sentimos ajenos a las injusticias que de manera cotidiana enfrentan las poblaciones indígenas en la región de la montaña guerrerense.
