La impunidad no debe prevalecer ante el asesinato del periodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres
México DF a 3 de agoato de 2014.- El viernes 31 de julio cinco personas fueron asesinadas en un departamento ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Según la información conocida hasta el momento, los cuerpos de las víctimas, cuatro mujeres y un hombre, presentaban señales de tortura.
Entre las víctimas se identificó al fotoperiodista Rubén Espinosa, quien colaboraba con la revista Proceso y con la agencia Cuartoscuro, además de que especializaba en la cobertura de protestas y movimientos sociales. Rubén se trasñadó desde hace dos meses a la Ciudad de México en búsqueda de seguridad tras las amenazas de las que había sido objeto en Veracruz. Horas antes de que se comunicase su asesinato, la organización Artículo19, a petición de sus familiares, denunció la desaparición del reportero.
Otra de las víctimas fue la activista y defensora de derechos humanos Nadia Vera, originaria de Chiapas, quien desde hace un año abandonó Veracruz por amanezas en su contra como represalia a protestas coordinadas en dicha entidad como integrante del movimiento Yo Soy 132, entre otros espacios, y quien vivía en la casa donde fueron encontrados los cuerpos.
Estos asesinatos se producen en medio de un contexto de violencia contra las y los periodistas en todo el país, y con especial incidencia en Veracruz, frente a la cual las autoridades tanto estatales como federales han sido incapaces de cumplir sus funciones. La impunidad generalizada, y la propia participación de autoridades son elementos característicos de la gran mayoría de las agresiones. También las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos se han convertido en una constante en los últimos años, especialmente en el marco de la represión violenta a las protestas sociales, y se ha acompañado por la estigmatización y la criminalización por parte de autoridades.
La violencia de género, incluyendo los feminicidios, es también una constante en México, donde, según datos oficiales seis mujeres son asesinadas cada día, sin que la mayoría de los feminicidos sean investigados y esclarecidos.
Estos elementos deben ser plenamente integrados en la investigación de forma complementaria, mientras no se vayan esclareciendo los hechos.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social condena los asesinatos y llama a las autoridades a realizar una investigación pronta, expedita e imparcial que esclarezca este atroz crimen, y que tenga en cuenta las amenazas recibidas por Rubén a consecuencia de su labor, el contexto de agresiones contra de la prensa y las y los periodistas en Veracruz, la labor de las personas defensoras de derechos humanos y la violencia feminicida, así como la posible participación de servidores públicos en estos hechos, de forma directa o indirecta.
Estos asesinatos resultan especialmente preocupantes, por las amenazas previas y las denuncias públicas realizadas por Rubén y que no fueron correctamente atendidas por las autoridades, que teniendo la responsabilidad de investigar, brindar seguridad y garantizar un ambiente propicio para el ejercicio periodístico, han fallado en sus responsabilidades, incluyendo la responsabilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR).
Un alto número de periodistas de otras partes del país han tenido que dejar sus estados y trasladarse a otros lugares, principalmente la Ciudad de México, debido a las amenazas y agresiones derivadas del ejercicio de su necesaria y legitima labor. Este ataque envía un claro mensaje de intimidación para todas y todos los periodistas: No existe un lugar seguro para ejercer el periodismo en México.
Es por todo lo anterior, que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social llama a las autoridades correspondientes:
- A garantizar los derechos y la protección de las familias de las 5 víctimas, así como de sus compañeras y compañeros; principalmente, su derecho a la participación durante la investigación, el derecho a la verdad y a no ser revictimizadas durante el proceso de obtención de justicia.
- A no excluir líneas de investigación relacionadas a la labor de periodista y defensora de derechos humanos, sin haberlas agotado previamente durante la investigación.
- A investigar la posibilidad de que se trate de feminicidios. Es importante destacar que no se trata de posibilidades excluyentes, sino complementarias, como muestran los numerosos casos de violencia de género contra mujeres defensoras y periodistas que se han registrado en los últimos años en México.
- A considerar la posible existencia de delitos de competencia federal.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
