La garantía de derechos para el ejercicio de la libertad de expresión en la región de Centroamérica y el Caribe permaneció como una deuda en 2024. No solo no se cuenta con las condiciones para su ejercicio en países como Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de hecho no se promueve o no existe una voluntad política clara para proveer dichas condiciones. La expansión de gobiernos que apelan al populismo –ya sea de derecha o de izquierda– para sostenerse de modo autoritario o para beneficiar a determinados grupos que muestran resistencia al avance de la democracia se presenta como un obstáculo en la historia reciente de la región en general para el ejercicio de los derechos humanos.

En el año de análisis, como en los pasados cinco años, se han monitoreado en los países de Centroamérica y el Caribe las prácticas antidemocráticas en las que incurren incluso personas que tendrían que ser garantes de derechos al interior de los Estados. Ante la deriva autoritaria que enfrenta la región no es casualidad encontrar incluso prácticas similares que tienen como fin el cierre del espacio cívico, tales como el aumento del uso de leyes para continuar la arremetida en contra del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa o la instrumentalización del derecho penal para acusar judicialmente a voces reconocidas del periodismo con el fin de castigarlas y silenciarlas.

De igual forma, se han documentado verdaderos ejercicios de resiliencia y resistencia desde el periodismo en Centroamérica y el Caribe, así como de parte del activismo, como en el caso de Cuba. Las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadoras comunitarias promueven prácticas dignas de reconocimiento. La confianza que se deriva de las relaciones entre personas periodistas y sus fuentes, el mantenimiento del periodismo ciudadano en Cuba, la autoridad y el compromiso del periodismo crítico e independiente liderado por mujeres en Honduras, el realce del papel del periodismo frente a la crisis medioambiental o el manejo del espacio digital como una zona de oportunidad para generar redes de información son algunas muestras de lo descrito a grandes rasgos en el presente informe.

No obstante, el costo del ejercicio periodístico independiente y crítico en la región continúa siendo alto, sobre todo en coyunturas de relevancia política. El exilio forzoso, la cárcel e incluso la violencia letal en contra de la prensa llegan a ser un disuasor presente en la impunidad alentada por las autoridades responsables, pese al cual el periodismo independiente y plural existe y seguirá existiendo. Lo vimos en el caso de Guatemala hasta la investidura del presidente Arévalo en enero de 2024, durante las elecciones en El Salvador y lo advertimos en este momento en el repunte de agresiones contra la prensa en Honduras durante el periodo preelectoral.