Ciudad de México, a 31 de agosto de 2022.- ARTICLE 19 condena los asesinatos y se solidariza con las y los familiares y amistades de las y los periodistas. Además, reitera nuevamente a las autoridades mexicanas sus obligaciones de prevenir la violencia, proteger a las víctimas ante ataques, procurar justicia, reparar el daño y generar garantías de no repetición. 

Ante el alza de la violencia letal, este 2022 es un año de alerta roja, pues al menos 16 periodistas, 3 trabajadores no editoriales de medios de comunicación y un familiar de periodistas han sido asesinados.

La violencia letal contra periodistas en México ha sido una constante en las últimas tres administraciones. Sin embargo, el vertiginoso escalamiento de los asesinatos este año no tiene precedentes. De los 16 casos registrados, hasta el momento, ARTICLE 19 identifica vínculos de estos crímenes con el ejercicio informativo por lo menos de 11 periodistas y 3 trabajadores. La organización Reporteros Sin Fronteras señala que hasta el día de hoy 8 periodistas han sido asesinados en Ucrania, país en guerra. Con ello damos cuenta de la magnitud de la tragedia que enfrenta México sin que las autoridades sientan apremio ni urgencia para avanzar en la prevención de más asesinatos y en el esclarecimiento de los ocurridos. 

Los homicidios ocurridos a lo largo del año, y en particular los cometidos en agosto, reflejan el agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad y asedio bajo el cual se encuentra la prensa. Todo ocurre ante un Estado que es omiso o incapaz  de generar estrategias que enfrenten los causales de la violencia y reviertan la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país

Este mes ARTICLE 19 registró los asesinatos de los periodistas Ernesto Méndez, Juan Arjón, Fredid Román y del multihomicidio del locutor Alan González junto con los trabajadores no editoriales Armando Guerrero, Alejandro Arriaga y Andrés Flores. Aunque al momento de esta publicación ARTICLE 19 no ha encontrado vínculos de los asesinatos de Méndez y Román con labor informativa, la organización reitera que es obligación de las Fiscalías investigar todo caso de asesinatos de periodistas en acorde al Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión y no deben descartar a priori esta línea investigativa.

Del mismo modo, las autoridades están obligadas a conducir todas las diligencias que informen cuáles son los móviles detrás de todos estos asesinatos, quiénes son todos los autores materiales e intelectuales de los crímenes, cuáles son los vínculos entre perpetradores. Dentro de las investigaciones, es fundamental fortalecer los análisis de contexto, para conocer las particularidades y condiciones que generan permisividad para la que estos actos de violencia contra la prensa sigan sucediendo.

Multihomicidio en jornada de violencia en Ciudad Juárez

Alan González, locutor de Radio Switch 105.9 FM y sus colegas trabajadores del medio Armando Guerrero, Alejandro Arriaga y Andrés Flores, fueron asesinados el 11 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los hechos ocurrieron cuando ellos se encontraban grabando en una plaza comercial ubicada en la colonia Pradera Dorada, cuando presuntos integrantes de la delincuencia organizada realizaron una serie de ataques contra la población civil, así como destrucción de propiedad a través de incendios a negocios y vehículos. 

En entrevista con ARTICLE 19, testimonios cuyos nombres se reservan relataron que ninguno de los colaboradores del medio había reportado alguna amenaza previa: El único con proyección pública era Alan, quien en sus programas hablaba sobre todo de música. Sin embargo, el estado de Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez, reportan altos niveles de violencia con 1,155 homicidios dolosos en el primer semestre del año, de los cuales más de la mitad ocurrieron en Ciudad Juárez. 

En este clima de violencia y de ausencia de Estado de Derecho, trabajar en un medio de comunicación se convierte en un ejercicio de extremo riesgo. Así, al estar grabando en público durante una jornada de ataques contra la población civil donde se asesinaron a 11 personas; su vehículo rotulado con información del medio y su equipo videográfico, pudo haberles convertido en un blanco con alto impacto mediático. 

Incluso el día de los ataques y posterior a estos, periodistas y medios de la entidad, quienes se reservan sus nombres por seguridad, recibieron amenazas vinculadas a las coberturas de dichos hechos. Resulta alarmante que  ante la ausencia de las autoridades, los actos propagandísticos del crimen organizado vayan enfocados en generar temor en la población, y en particular, en las y los periodistas.

Desaparición y homicidio de Juan Arjón

El 15 de agosto, el gremio periodístico hizo pública la desaparición de Juan Arjón, periodista independiente del medio digital A qué le temes, en San Luis Río Colorado, Sonora. El 17 de agosto, la Fiscalía confirmó que su cuerpo había sido identificado y que presentaba evidencias de violencia física. 

Juan Arjón se hacía llamar el Sicario de la Pluma, abordando temas sobre crimen organizado, política, corrupción y denuncia ciudadana. Colegas periodistas de Arjón le describen como alguien muy activo, buscando grabar situaciones al momento: Era muy “aventado”, documentaba cosas que muchos no, y no tenía miedo de sacar una cámara y grabar al momento. Según información compartida con ARTICLE 19, el comunicador fue visto por última vez grabando fuera de lo que presuntamente era un casino clandestino.

Como se abordó en el informe Anual 2021 de ARTICLE 19, debido a la precariedad que existe en la labor periodística, integrantes de medios de comunicación en múltiples ocasiones buscan otra actividad adicional al periodismo para poder solventar sus gastos. Así, Arjón laboraba en una cocina diariamente y se empleaba ocasionalmente en otros trabajos. 

La información brindada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ha sido encaminada en estigmatizar y criminalizar a Juan. Parte de esa narrativa se centra en las múltiples fuentes de empleo de la víctima. Desvincular los asesinatos de periodistas con su labor, debido a la necesidad económica de buscar otras fuentes de empleo no sólo desinforma a la población, sino que niega la violencia económica bajo la cual la prensa ejerce el derecho a informar y pretende descartar de inmediato cualquier posible vínculo de la labor informativa de la víctima con el crimen.. 

Asesinatos y violencia contra la prensa, una constante crítica en el país

La violencia letal contra la prensa se inserta en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, debilitamiento institucional y un Estado de Derecho endeble. Así, en este primer semestre del 2022, en el territorio mexicano se agredió a una persona periodista o medio de comunicación cada 14 horas. 

Es preciso especificar que la violencia que vive la prensa no está concentrada en una única zona del país. En la frontera norte, ARTICLE 19 registró 21 agresiones en Tamaulipas en los primeros seis meses del año, convirtiéndose en la segunda entidad con más agresiones. Por su parte, en Sonora se documentaron 3 agresiones contra la prensa, entre los que se encuentra el asesinato de Jorge Luis Camero y ahora se le suma el caso de Juan Arjón. También cabe mencionar que aún se encuentra desaparecido el periodista Jorge Molontzin desde el año pasado. En Baja California se perpetraron también 7 ataques contra periodistas y medios, entre ellos los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

En la región oeste, resalta Michoacán por ejemplo, estado donde, además de los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares, se documentaron otras 28 agresiones contra la prensa, colocándola en la tercera posición de estados con más casos de violencia documentados por ARTICLE 19. En el suroeste, Chiapas (20 agresiones), Guerrero (17) y Oaxaca (13) se encuentran entre las 10 entidades federativas con más agresiones. Con el caso de Heber López, Oaxaca registra 15 asesinatos desde el año 2000, los mismos números de periodistas asesinados que Guerrero, colocando a ambas entidades (junto con Tamaulipas) en el segundo ranking de estados con más asesinatos en el país.

En este contexto tan hostil y adverso, preocupa que la reacción de las autoridades es insuficiente, y en ocasiones, agrava de las circunstancias. En los casos de Roberto Toledo, Luis Enrique Ramirez, Jorge Luis Camero, Yessenia Mollinedo, Sheila Joahana García y Juan Arjón las autoridades tanto a nivel estatal como federal han inferido o completamente desvinculado sus homicidios con el ejercicio periodístico en menos de 72 horas. Los discursos que, sin una investigación concreta, desvinculan  la libertad de expresión de los asesinatos de la prensa, contravienen el Protocolo Homologado, el cual obliga a las Fiscalías a considerar la violación de este derecho como una de sus líneas investigativas. La gravedad de estos discursos se agudiza cuando se perfilan argumentos para eludir el esclarecimiento de los hechos, sancionar a los responsables, reparar el daño y generar garantías de no repetición.

De la misma forma, el ejecutivo federal repite constantemente que los asesinatos no son crímenes de Estado, es decir, que se vinculan sólo a la delincuencia organizada, y que a diferencia de antes, no hay impunidad. Al respecto, ARTICLE 19 recalca que aunque la delincuencia organizada está presuntamente involucrada en la autoría material en al menos 12 de los 16 asesinatos, no elimina la responsabilidad de las autoridades de investigación de identificar a los autores intelectuales de crímenes contra la prensa. 

Como parte de una estrategia integral para frenar esta ola de violencia, ARTICLE 19 suscribe algunas medidas recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

• Prevenir y generar un ambiente propicio para el ejercicio periodístico. Esto incluye adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística. 
• Proteger y accionar diligentemente ante los asesinatos y agresiones contra la prensa. 
• Procurar justicia, lo que incluye 1) actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico, 2) efectuar investigaciones en un plazo razonable, evitando dilaciones o entorpecimientos injustificados y 3) facilitar la participación de las víctimas o sus familiares.

Ante la continua violencia letal y de otros tipos que viven la prensa y sus familiares, ARTICLE 19 reitera su enérgica condena y exige: 

• A todas las autoridades, a nivel Federal, Estatal y Municipal abstenerse de emitir discursos que nieguen la responsabilidad de las autoridades, o que desvinculen los asesinatos del ejercicio periodístico. Asimismo deben colaborar con las investigaciones y evitar su obstaculización.
• A la Fiscalía General de la República, particularmente la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y a las Fiscalías Generales de los entidades federativas, particularmente donde han ocurrido los asesinatos de este año (Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas), investigar de acuerdo al Protocolo Homologado de Investigación Delitos Contra la Libertad de Expresión garantizando el acceso a la información y participación de las familias de las víctimas de las y los periodistas asesinados. Las investigaciones deben llevarse de manera diligente, exhaustiva, profesional, independiente, profesional, objetiva, e imparcial.
• Al Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, entablar entre el gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas acciones coordinadas como mesas de trabajo para la generación de medidas preventivas urgentes y, en acorde al artículo 43 de la Ley de Protección para Personas Defensoras y Periodistas diseñar e implementar sistemas de alerta temprana en las entidades de mayor violencia contra la prensa y en donde han ocurrido asesinatos contra periodistas este 2022.