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Pliego petitorio de las organizaciones de la sociedad civil hondureñas e internacionales

Martes 30 de agosto del 2022.- En el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras a realizarse entre el 30 de agosto al 2 de septiembre del 2022, las organizaciones nacionales e internacionales que suscribimos esta comunicación, reconocemos la voluntad de la Comisión de conocer de primera mano la situación de los derechos humanos en el país y procurar el seguimiento a las recomendaciones estructurales que han realizado al Estado hondureño.

Honduras vive un momento histórico de lucha y transformación política y social. La deuda pendiente en materia de derechos humanos es amplia y desde las organizaciones de la sociedad civil reafirmamos el compromiso en aportar a la consolidación de un Estado democrático y de derecho que atienda un mejoramiento estructural de las condiciones en las que se ejercen los derechos humanos en el país.

En ese sentido, en el marco de la visita, solicitamos a la Comisión Interamericana inste al Estado hondureño a:

Primero: Adoptar las medidas tendientes a garantizar una adecuada regulación, fiscalización y supervisión de la actividad y debida diligencia de las empresas en territorio hondureño; asegurando la participación de las comunidades afectadas, el consentimiento y la consulta previa, libre e informada, el acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas durante todo el proceso de análisis y otorgamiento de concesiones, así como durante el desarrollo de proyectos.

Segundo: Cumplir con lo ordenado en sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), particularmente aquellas que solicitan la restitución de los derechos a la tierra y el territorio de comunidades sometidas a violencia y despojo por parte de empresas y otros particulares, como lo son Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Tercero: Asegurar medidas contundentes para la defensa de los derechos humanos a través de la pronta adhesión, ratificación y aseguramiento de recursos para la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo Escazú) para asegurar el derecho al acceso a la información pública, la protección de las personas defensoras y la justicia medio-ambiental.

Cuarto: Adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial, o el perfeccionamiento de las existentes, así como el apego al estándar internacional en materia de derechos humanos que garanticen la libre realización de las actividades de las personas defensoras, comunidades indígenas y garífunas, periodistas independientes, comunicadores sociales y operadores de justicia.

Quinto: Diseñar e implementar un sistema de protección integral, que incluya el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección para personas defensoras, quienes ejercen el periodismo independiente, comunidades indígenas y garífunas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Esta protección debe ser integral, con enfoque de género e interseccional para responder a las realidades y necesidades de las personas y colectividades en defensa de los derechos humanos.

Sexto: Avanzar en la creación, aprobación e implementación del Protocolo Escaleras, así expuesto en la sentencia de la CoIDH en el Caso Escaleras Mejía y otros vs Honduras, para poner fin a la impunidad histórica que ha existido en los delitos contra personas defensoras de derechos humanos y garantizar la investigación inmediata, seria y eficaz de ataques que pongan o hayan puesto en peligro la vida o la integridad por motivos de su trabajo.

Séptimo: Solicitar la revisión y derogación del marco normativo vigente que atenta y restringe la libertad de expresión, asociación y el ejercicio de la protesta social, en especial las figuras de los denominados delitos contra el honor o la usurpación y las reformas contempladas en el Decreto 93/21 utilizadas para criminalizar personas defensoras de derechos humanos, así como para la persecución de periodistas y comunicadores sociales.

Octavo: Solicitar al Estado hondureño el debido respeto y garantía de la labor de las personas defensoras, periodistas, comunicadores y quienes se manifiesta o protestan restringiendo y previniendo el uso indebido de las tecnologías de vigilancia, tales como la censura, ciberpatrullaje, interceptación de las comunicaciones, retención de datos/metadatos, televigilancia, reconocimiento facial, grabación de sonido e imágenes, geolocalización contra activistas, disidentes y personas defensoras de derechos humanos, con el fin de censurar sus acciones.

Noveno: Avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y en la adecuación de la normativa interna acorde a los estándares interamericanos de derechos humanos para superar cualquier obstáculo en el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas militares.

Décimo: Garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y personas menores de edad en conflicto con la ley, asegurando condiciones dignas al interior de las cárceles en Honduras, favoreciendo el proceso de rehabilitación y reinserción social, así como el cumplimiento de las salvaguardas y una correcta investigación de las muertes en custodia suscitadas en los últimos años dentro de los centros penitenciarios a nivel nacional y en el Centro de Internamiento Renaciendo.

Undécimo: Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, adecuándose a los estándares internacionales, a fin de prevenir situaciones críticas, reducir la sobrepoblación y el hacinamiento.

Duodécimo: Garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el proceso de la denuncia, investigación y judicialización de casos de forma efectiva, pronta e imparcial y la sanción de los responsables en todos los niveles jerárquicos. Igualmente, es imperativo asegurar la captura, enjuiciamiento y sanción de los autores intelectuales de crímenes como el de Berta Cáceres y todas las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en Honduras.

Decimotercero: Fortalecer los mecanismos del sistema de justicia para que adopten protocolos especiales de investigación y administración de justicia con enfoque diferenciado para los casos de violencia y discriminación penal en perjuicio de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexual, intersexual y queer+ (género fluido, no binaries, disidentes sexuales).

Decimocuarto: Asegurar una política integral para la prevención, investigación, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres, en respuesta a la endémica situación de emergencia que se vive en el país; esta política debe incluir mecanismos específicos de alerta y actuación ante casos de femicidios.

Decimoquinto: Adoptar medidas tendientes a asegurar el acceso a derechos sexuales y
reproductivos de la población hondureña. En particular, es fundamental que se adopten
medidas tendientes a despenalizar el aborto en los términos dispuestos en la guía publicada
por la OMS en 2022. Por lo tanto, el Estado debe revertir las modificaciones constitucionales que están dirigidas a imposibilitar el acceso a este servicio de salud. En sentido similar, el Estado hondureño debe adoptar medidas para derogar las regulaciones administrativas que impiden el acceso a la anticoncepción oral de emergencia, especialmente a víctimas de violencia sexual.

Decimosexto: Adoptar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de las personas migrantes retornadas, en especial de migrantes en situación de vulnerabilidad, discapacidad y/o con necesidades particulares de protección.

Decimoséptimo: Implementar medidas para la búsqueda e identificación de personas migrantes desaparecidas, así como procesos de repatriación accesibles, transparentes y en comunicación con las familias.

Decimoctavo: Avanzar en la aprobación y promulgación de la Ley a Personas Desplazadas
por la violencia, y su presupuesto, que desde el año 2019 fue presentada al Congreso
Nacional de la República.

Decimonoveno: Asegurar un proceso de elección de Cortes acorde con los estándares
interamericanos de transparencia y objetividad, ya que constituye un supuesto esencial para
garantizar la independencia de operadoras y operadores de justicia en Honduras.

Veinteavo: Avanzar en su proceso de institucionalidad democrática, garantizando una
auténtica separación de poderes y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Finalmente, reconocemos la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
la promoción de los derechos humanos en la región y en procurar el diálogo plural y cercano
con las organizaciones de la sociedad civil que damos seguimiento permanente a la situación
de los derechos humanos en el país.

Honduras tiene una deuda pendiente en los territorios, las comunidades y el pueblo
hondureño en su conjunto. Las organizaciones de derechos humanos y los movimientos
nacionales e internacionales que suscribimos este documento, apostamos por la
consolidación de un Estado de Derecho que responda diligentemente a los desafíos que
enfrenta el pueblo hondureño con el objetivo de que avance firmemente hacia la justicia socio
ambiental para todas las personas.

Organizaciones firmantes

  1. Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH)
  2. ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
  3. Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
  4. Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG)
  5. Asociación para una Ciudadanía Participativa, (ACI PARTICIPA)
  6. Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas /Afectadas por el VIH-SIDA
    en Honduras (APUVIMEH)
  7. Asociación por el desarrollo de la península de zacate grande (ADEPZA)
  8. Bufete Justicia para los Pueblos (BJP)
  9. Caritas de Honduras. Diócesis de San Pedro Sula
  10. Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  11. Centro de Derechos Reproductivos (CRR)
  12. Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y SIDA (CEPRES)
  13. Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
  1. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
  2. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH
  3. Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus
    Familiares (CPTRT)
  4. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  5. Coalición Ambientalista de Copán (CAC)
  6. Coalición Contra la Impunidad (CCI)
  7. Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa
  8. Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE)
  9. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
  10. Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes
    y sus Derechos (COIPRODEN)
  11. Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
  12. Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (CONAMINH)
  13. Diakonia en Honduras
  14. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
  15. Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH)
  16. Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria y Otros (FESTAGRO)
  17. FÍAN. Internacional, Honduras
  18. Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe FAU-AL
  19. Fundación Para la Justicia y El Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
  20. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMDefensoras)
  21. Mis Gestos Dejan Huellas
  22. Movimiento «Laudato Si”, Capítulo Honduras
  23. Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS,
  24. Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA)
  25. Movimiento de Mujeres por la paz Visitación Padilla
  26. Movimiento indígena Lenca de la Paz Honduras (MILPAH)
  27. Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán
  28. Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI)
  29. Protection International Mesoamérica
  30. Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos
  31. Red de Jóvenes Mis Gestos dejan Huellas
  32. Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Siguatepeque,
  33. Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
  34. Sustenta Honduras
  35. Tribu Tolupán Las Vegas de Tepemechín