Más de 60 organizaciones internacionales denuncian el alarmante deterioro de los derechos humanos en El Salvador
Jueves 19 de agosto de 2021.- Organizaciones de derechos humanos expresamos nuestra preocupación ante el deterioro de los derechos humanos, consolidación de autoritarismo y discursos de odio contra personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y medios de comunicación en El Salvador, como consecuencia de la concentración de poder del presidente Nayib Bukele y su partido y del desmantelamiento progresivo de los controles entre poderes públicos que impedirían los abusos de poder.
Muestras de lo anterior son la toma de la Asamblea Legislativa que intentaron el presidente y el ejército en 2020, la destitución irregular de los miembros de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República el 01 de mayo de 2021, el uso reiterado del discurso de control de la pandemia para restringir derechos y libertades que mantuvo en detención a miles de personas en “centros de contención”. También, la persecución y hostigamientos sostenidos por parte del presidente y de funcionarios de gobierno en contra de personas opositoras, defensoras y periodistas, son una expresión clara de la deriva autoritaria que ya ha generado la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El gobierno actual utiliza las instituciones públicas y manipula el discurso público para favorecer intereses de grupos afines y deslegitimar y acallar a quienes denuncian las sistemáticas violaciones a derechos humanos. Particular preocupación generan los ataques contra organizaciones de mujeres y feministas.
Mientras tanto, miles de personas siguen huyendo de la pobreza y la política de control territorial que mantienen a comunidades enteras bajo el terror de grupos de crimen organizado y fuerzas de seguridad, los índices de feminicidio y violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se mantienen entre los más elevados de Latinoamérica y la corrupción profundiza la desigualdad.
En este contexto, toda persona, organización o medio de comunicación que denuncie abusos de poder es señalada como enemiga del Estado, amenazada, hostigada y acosada. Las organizaciones funcionan bajo medidas fiscales abusivas y la población ve restringido su derecho a la manifestación pacífica con el pretexto de la pandemia. Las defensoras de derechos humanos y las periodistas enfrentan además discursos de odio, estigmatización y procesos de judicialización con connotaciones sexistas, violencia sexual y otras formas de violencia de género como medio para reprimirlas. De esta manera se pretende legitimar la discriminación y hacer retroceder las conquistas obtenidas por las mujeres para la igualdad.
La Red Salvadoreña de Defensoras, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) han denunciado que periodistas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a una vida libre de violencia y de los derechos de las personas LGBTIQ han visto significativamente incrementados los ataques en su contra en los últimos años, especialmente en el ámbito digital.
Entre febrero y mayo de 2021 se han registrado al menos 370 ataques digitales perpetrados por personas funcionarias públicas, desde entornos cercanos al presidente y quienes le siguen en redes sociales. De esta situación es víctima la defensora de derechos humanos y abogada feminista Bertha Deleón, sobre quien se ha gestado una campaña de estigmatización, desprestigio y criminalización que ha requerido la solicitud de medidas cautelares a la CIDH para ella y su familia con el fin de proteger su vida e integridad personal.
Como muestra de la falta de compromiso con la garantía de derechos humanos, en mayo del presente año fue archivada la iniciativa de “Ley para el reconocimiento y protección integral de personas defensoras de derechos humanos y la garantía del derecho a defender derechos”. El Estado incumple de esta manera con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos, ausentándose además de los espacios de escrutinio internacional, tal como sucedió en la reciente audiencia sobre la situación de derechos humanos en la cual fue convocado por la CIDH . A esto se suma el reiterado descrédito a los posicionamientos y comunicados de mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos cada vez que se denuncia, expresa preocupación por la situación y se emiten recomendaciones.
Esto ha generado climas propicios para acciones como la que ocurrió el 21 de junio, cuando personas desconocidas sustrajeron expedientes de la organización COMADRES que contenían información sensible sobre investigaciones de personas desaparecidas durante el conflicto armado.
Manifestamos nuestra profunda preocupación ante el riesgo en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sus familiares, así como el impacto que las agresiones y el contexto están significando en sus vidas y su trabajo. El Estado debe cesar los ataques, asegurar la separación de poderes y el Estado de derecho y brindar garantías para el libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos y el periodismo independiente.
Instamos a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a mantenerse vigilantes de la situación y pronunciarse, particularmente ante los riesgos específicos que enfrentan las mujeres defensoras y periodistas. Urge resolver las solicitudes de medidas de protección y garantizar mecanismos efectivos para resguardar su vida e integridad.
Las prácticas autoritarias, el discurso de odio legitimador del estigma y la violencia contra quiénes históricamente han abogado por la justicia, la igualdad y la paz genera un contexto de riesgo para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y deja en indefensión a las personas defensoras y periodistas; situación sin precedentes en tiempos de paz.
Regionales e internacionales
American Jewish World Service
ARTICLE 19 Oficina México y Centroamérica
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica A.C.)
Centro de Derechos Reproductivos (CDR)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Código Sur
Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca – Guatemala Entrepueblos-Entrepobles-Herriarte-Entrepobos
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL) Front Line Defenders
Fundación Acceso
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM- Defensoras)
Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID) International Service for Human Rights (ISHR)
Latin America Working Group (LAWG)
Observatorio para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos (OMCT- FIDH)
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) Plataforma Internacional contra la Impunidad
Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad SICSAL SOS El Salvador
Women’s Link Worldwide
Nota para prensa
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