Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2018.- El día de ayer se realizó la detención de un funcionario público del Estado de Puebla relacionado con la detención arbitraria y tortura de la periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro. Con ello, hasta el día de hoy, se tiene a un policía judcial de Puebla sentenciado a seis años de prisión, otro prófugo y ahora uno más que se encuentra a disposición del Juez Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo.
Lo detención significa un avance en la búsqueda de justicia de Lydia pero de ninguna manera cierra su caso ni garantiza plenamente la justicia. Tal como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su resolución de 31 de julio pasado, el Estado mexicano ha fallado por 13 años en garantizar acceso a la justicia para la periodista cuya detención y tortura -ocurrida en diciembre de 2005- fue fraguada desde las altas esferas del poder del Estado de Puebla, en connivencia con empresarios implicados en una red de pederastia infantil revelada a través de su libro “Los Demonios del Edén”. También cabe recordar que desde 2004 se encontraba bajo proceso Jean Succar Kuri, acusado de pederastia y pornografía infantil, siendo parte del entramado de alto nivel que fraguó las agresiones contra Lydia.
El 16 de diciembre próximo se cumplen trece años de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en agravio de Lydia. Hasta el día de hoy, no se ha procesado a los autores intelectuales en su caso. Es hasta que todas las personas responsables sean procesadas y sancionadas en el marco del debido proceso, que podremos hablar de justicia completa.
Por lo anterior, en el marco del cumplimiento de la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ARTICLE 19 exige a la Procuraduría General de la República que actúe con la debida diligencia para dar con todos los responsables y conducirlos ante la autoridad judicial para que se sean debidamente sancionados. En el caso particular del funcionario detenido el día de ayer, exigimos que se garantice la integridad y seguridad personales de Lydia para evitar mayor re-victimización en el marco el proceso penal, recordando que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece deberes especiales de protección para las personas sobrevivientes de tortura.
Debemos recordar que durante trece años de lucha por la justicia en su caso, Lydia Cacho ha sufrido amenazas que hasta la fecha no se han esclarecido ni mitigado. Es por ello que cuenta desde 2009 con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la detención y eventual enjuiciamiento de Alejandro “N”, se debe garantizar la seguridad de la periodista por los riesgos que entraña que poderosos empresarios como Kamel Nacif y políticos implicados como Mario Marín, se mantengan impunes.
Ante tal situación, ARTICLE 19 exige a la Secretaria de Gobernación y demás instancias competentes que se garantice la seguridad de Lydia Cacho mediante un esquema robusto, pertinente, idóneo y adecuado al nivel de riesgo que deriva de la re-activación de su caso ante los tribunales federales.
Lydia Cacho y ARTICLE 19, como sus representantes, no cejaremos en la búsqueda de justicia hasta que la totalidad de las personas implicadas en la detención arbitraria, tortura, discriminación por género, y ataque contra la libertad de expresión perpetrados contra ella sean plenamente esclarecidos y sancionados. De la misma manera mantendremos la exigencia de cumplir con las medidas de reparación integral del daño derivadas de la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
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Nota para prensa
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