El grupo de artistas rusas Pussy Riot fueron encontradas culpables de “vandalismo por motivos de odio o enemistad religiosa en contra de un grupo social, previstas por un grupo organizado”, crimen que se encuentra tipificado en el artículo 213 del código penal ruso. La corte condenó a dos años de cárcel a las integrantes del grupo de punk. En realidad la protesta del 21 de febrero en la iglesia de cristo salvador fue una protesta política: pidiendo que el presidente Putin deje el poder y al mismo tiempo protestando por la cercana relación entre éste y la iglesia católica ortodoxa. Hasta donde se sabe, Putin no es una religión aún en Rusia.
La acción de Pussy Riot era un ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. El derecho internacional protege cualquier forma de expresión que pueda ser comunicada, incluida la información y las ideas que se consideran provocadoras u ofensivas para algunas personas. Los tribunales internacionales y nacionales han reconocido que el derecho a la libertad de expresión se extiende al discurso simbólico o conducta expresiva, como la quema de banderas, las colecciones de firmas para exigir la renuncia de los miembros del gobierno, la distribución de folletos y la exhibición de pancartas.
La protesta escenificada por Pussy Riots debe entenderse en el contexto adverso que existe en Rusia para ejercer el derecho a la libre expresión y de asociación. Rusia ha venido restringiendo los espacios de protesta y manifestación pública. Por ejemplo, los requisitos para realizar una marcha implican infinidad de trámites burocráticos. Además en meses resientes el gobierno ruso decretó una serie de disposiciones que limitan el espacio de acción e independencia de la sociedad civil y las expresiones críticas o discordantes dentro de la escena pública y en Internet. De ahí que el surgimiento de grupos artístico-político como Pussy Riot, tengan que echar mano de acciones dramáticas y espectaculares para llamar la atención del público con cada vez más frecuencia.
Es claro que nadie tiene el derecho a irrumpir a un templo de culto religioso aunque sea en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero la mayoría de las democracias occidentales contemplarían multas económicas o administrativas para ello. La condena de 2 años de cárcel es absolutamente desproporcionada, más aún cuando el elemento de “enemistad religiosa” no fue probado. Las acusaciones y condena en contra de las integrantes de Pussy Riot son evidentemente motivadas por intereses político-partidistas y por tanto desproporcionados y contrarias a los estándares internacionales de garantía de la libre expresión.
El derecho a la libertad de expresión constituye un elemento primario y básico de la orden pública de una sociedad democrática. Sin embargo, las consideraciones de orden público justifican las restricciones a la libertad de expresión. El derecho internacional exige que cualquier restricción deba ser proporcional y necesaria en una sociedad democrática. Además, las autoridades deben demostrar que la expresión en cuestión pueda causar desorden público o producir una acción ilegal.
El derecho a la libertad de expresión de las integrantes de Pussy Riot fue restringido por su detención y posterior condena penal. La restricción es innecesaria porque la naturaleza de la acción no justifica el recurso al derecho penal. Aunque a veces los manifestantes intencionalmente violen las leyes de orden público con el fin de elaborar la atención del público – por ejemplo, la violación de la propiedad privada o bloqueo de carreteras – las integrantes de Pussy Riot no hicieron tal cosa para llevar a cabo el performance. La catedral estaba abierta al público, y, en particular, a la oración pública y por lo tanto, a la expresión. Tampoco Pussy Riot actuaron de forma violenta o agresiva durante su actuación, y después de 40 segundos de pose, no se resistieron al ser retiradas de la catedral.
No es nuevo que veamos a gobiernos con supuesta normalidad democrática hacer uso político de la justicia. Lo increíble es que lo veamos como una cosa normal. El arte y el discurso político son especialmente protegidos por los estándares internacionales de libertad de expresión, son las últimas fronteras de nuestra posibilidad de expresarnos, quien las cruza para cerrarlas no solamente atenta contra una persona o grupo, sino contra todos. Las democracias funcionales deben de tener la capacidad de gestionar y procesar todas las expresiones que tienen lugar en la esfera pública, inclusive aquellas que resulten chocantes y ofensivas.
Durante el discurso final de las integrantes de Pussy Riot antes de ser sentenciadas, Nadezhda Tolokonnikova, concluyó su intervención citando una de las letras de sus canciones, la cual se convierte en un mensaje de reflexión no sólo para sus compatriotas sino para todas las personas que hemos seguido el proceso legal en su contra: “Vengan a probar la libertad con nosotros (…) Eso es todo”.
