Ciudad de México a 10 de diciembre de 2016.- Desde 2013, el estado de Baja California presenta una tendencia alarmante respecto a la degradación de la relación entre la prensa y el gobierno estatal. A través de detenciones arbitrarias, amenazas, condicionamiento de pagos de publicidad oficial, demandas y campañas de difamación, ataques cibernéticos, criminalización y denuncias infundadas, el gobierno de Baja California y no pocos gobiernos municipales, han intentado, y en muchos casos logrado, obstaculizar la labor periodística.
La alerta más reciente emitida desde ARTICLE 19, respecto al intento de criminalizar al periodista Antonio Heras por el motivo de una acusación infundada de fraude, es un nuevo episodio de una larga ofensiva hacia medios y periodistas que han resistido o logrado evadir los mecanismos de control de la prensa, orquestados desde el gobierno del Estado.
A la par de lo sucedido con Heras, Adela Navarro, directora de Semanario Zeta y Dora Elena Cortés, editora de Agencia Fronteriza de Noticias, se han enfrentado en las últimas semanas a una campaña de desprestigio en su contra en asuntos ligados a su vida privada. De cuenta de esta situación, el periodista mexicalense Gerardo Fragoso, fue contactado por un individuo no identificado que le propuso el intercambio de una importante cantidad de dinero para no publicar material y dichos falsos que dañarían la reputación de Navarro.
En el mismo sentido, Cortés recibió información sobre la intención de Jorge Cornejo Manzo –Director de Imagen, de la oficina de Comunicación Social– de emprender una campaña de desprestigio en su contra a causa de la cobertura crítica de AFN hacia el gobierno estatal.
Ante esta situación, el gremio periodístico se ha pronunciado en repetidas ocasiones sin que sus reclamos hayan encontrado la debida atención por parte de las autoridades. En el último pronunciamiento, emitido el 9 de diciembre de 2016, cien periodistas de la entidad señalaron la violencia institucional que han sufrido a manos de la Coordinación de Comunicación Social de Baja California y su área de Publicidad e Imagen, a cargo de Roberto Karlo López y Jorge Alberto Cornejo Manzo, respectivamente. Estos funcionarios del gobierno estatal fueron señalados por haber sido artífices de campañas negras hacia Adela Navarro Bello, de Semanario ZETA y Dora Elena Cortés Juárez, de la Agencia Fronteriza de Noticias, además de presionar a directores de medios, editores y periodistas para cambiar la línea editorial y beneficiar mediáticamente la imagen del gobierno estatal.
La situación descrita por los y las periodistas firmantes han evidenciado las omisiones del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, la Procuradora General de Justicia Perla Ibarra Leyva y el Secretario General de Gobierno Francisco Rueda Gómez.
Agresiones constantes
Aunque las agresiones hacia la prensa en Baja California registradas por ARTICLE 19 son diversas en forma e intensidad, la mayoría cuenta con el común denominador de haber sido perpetradas por funcionarios públicos. A continuación, se hace un recuento de 2013 a 2016 de los casos por los que esta oficina se pronunció en su momento:
- Carmen Olsen, fue agredida el 4 de enero de 2013 por policías municipales de Playas de Rosarito. Interpuso una denuncia, y paralelamente, un día después, las autoridades iniciaron un proceso acusándola de ultrajes. Detrás de las agresiones físicas contra la periodista, estaba el entonces Director de Seguridad Pública municipal, Francisco Castro Trenti. Previamente había sido denunciada por difamación por Claudia Cristina Espinoza, la auxiliar de Castro Trenti. Pese al absurdo de ser víctima y acusada por los mismos hechos, el proceso penal sigue en trámite a casi 4 años de lo ocurrido, debido a múltiples irregularidades cometidas por el Juez Penal de Primera Instancia de Playas de Rosarito, entre ellas: pretender desahogar forzosamente careos de forma oficiosa, la ausencia de notificación a su defensora y la negativa a sobreseer el proceso por ultrajes (pese a la declaración de inconstitucionalidad de este delito en el Código Penal del Distrito Federal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Incluso su abogada, Sandra Esquer, fue amenazada por los policías que agredieron a Olsen.
- En mayo de 2013, Armando Acosta Rojas e hijo fueron golpeados y detenidos arbitrariamente por policías municipales de Tecate, Baja California.
- En junio de 2013, Daniel Ángel y Vicente Calderón fueron citados a declarar ante la detención del presunto narcotraficante Melvin Gutiérrez. Los requirieron para aportar las videograbaciones que hicieron durante su detención, poniéndolos en un nivel de riesgo alto.
- En julio de 2013, Jaime Delgado fue amenazado con ser privado de su libertad, golpeado y con provocarle problemas a familiares que trabajan en el gobierno estatal.
- En octubre de 2013 Jorge Nieto, periodista de Tijuana, fue detenido arbitrariamente por policías municipales, al estar grabando un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos policías.
- En junio de 2014 los portales de noticias “Periodismo Negro” y “Pregonero Baja”, fueron blanco de una serie de ataques cibernéticos que han inhabilitado sus respectivos sitios web, dejando sus contenidos fuera de línea por espacio de tres días.
- En marzo de 2015, el gobernador Vega de Lamadrid y los cinco alcaldes de Baja California, entidad ubicada en el noroeste de México, publicaron un desplegado en distintos medios de comunicación donde acusaron que tres periódicos han utilizado una “política de chantaje” y “extorsión”, a través de sus contenidos editoriales, “con la finalidad de conseguir que se solventen sus pretensiones económicas, en detrimento del presupuesto público”.
- En mayo de 2015, Enrique Tellaeche Ocaño, corresponsal de Noticias MVS en el estado de Baja California y Director del portal de noticias “MonitorBC.info”, fue detenido arbitrariamente por elementos de seguridad pública de Mexicali, mientras cubría la localización de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN para el cargo de gobernador de Sonora.
- En noviembre de 2015, el periodista Jaime Delgado Gaxiola, director del portal de noticias Periodismo Negro, fue notificado por parte del Juez Tercero de lo Civil en Mexicali, Baja California, Jorge Duarte Magaña, para efecto de que el comunicador, como medida cautelar, “se abstuviera de realizar o publicar manifestación alguna” referente a Sonia Guadalupe Carrillo Pérez, quien es presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Mexicali.
- En marzo de 2016, Carlos Zúñiga, fotorreportero de la Agencia Fronteriza de Noticias, fue intimidado por un policía sin uniforme ni identificación, quien le apuntó con un arma larga mientras tomaba imágenes de una detención en el municipio de Tijuana.
Ley de Comunicación Social Institucional
En buena medida, los efectos sobre el acoso hacia la prensa en el estado han sido potenciados por la presión generada por la Coordinación de Comunicación Social de Baja California. Los vacíos en la legislación local han provocado que los contratos de publicidad funcionen como un punto de presión hacia las líneas editoriales en los medios.
En este contexto, la asignación discrecional y opaca de la publicidad oficial ha funcionado como una herramienta de censura indirecta que busca controlar las opiniones que éstos construyen y difunden respecto a las autoridades. Esta censura sobre medios de comunicación afecta los derechos humanos a la libertad de expresión, libre circulación de ideas y acceso a la información, no solamente de periodistas, sino de la sociedad en general.
En este sentido, es necesario acotar que el 5 de marzo de 2014, fue presentada una iniciativa ciudadana en el congreso local para obligar a los tres poderes del estado a transparentar la asignación de recursos, contratos y anuncios publicitarios. A la par de esta propuesta se presentó otra iniciativa suscrita por doce diputados de la XXI Legislatura, en la que se abordaron cuestiones relevantes como: la obligación de los tres poderes del estado de trasparentar de forma proactiva información sobre el ejercicio del presupuesto; detallar a quiénes se les asignó el gasto; contratos; número de anuncios publicitarios contratados en los medios de comunicación y los conceptos o campañas.
El gobierno estatal, por medio de su Secretaría General, se opuso a la aprobación de esta ley argumentando que el congreso local carece de competencias para regular la materia, toda vez que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Del mismo modo, el gobierno concluyó que la iniciativa viola los principios de imparcialidad en la erogación de recursos públicos y de división de poderes. Ante esta oposición tajante, las inicitivas se congelaron en la Legislatura de Baja California. Hoy la asignación de la pauta de publicidad es una de las causas eficientes del incremento de la violencia contra la prensa.
En estos años difíciles, ARTICLE 19 ha acompañado a los periodistas afectados en este proceso de hostigamiento por lo que valoramos urgente poner fin a la ofensiva creciente por parte de las autoridades en el contexto bajacaliforniano.
Por este motivo, exigimos el cese inmediato de las campañas de difamación orquestadas desde el gobierno estatal. También exigimos el cese de la utilización de instrumentos legales y mecanismos institucionales para entorpecer y suprimir la actividad periodística mediante el hostigamiento y la criminalización.
Por su parte, ARTICLE 19 urge al Poder Legislativo del Estado de Baja California a recuperar las iniciativas en materia de publicidad oficial y aprobar la legislación correspondiente. De la misma manera, resulta necesario que se deroguen delitos que atentan contra la libertad de expresión, como el de ultrajes, a la par de regular los topes de indemnización que pueden reclamarse por la vía civil por supuesto daño moral.
Asimismo, ARTICLE 19 exige al Poder Judicial del Estado de Baja California que evite convalidar procesos penales y civiles utilizados por autoridades estatales y municipales para inhibir la crítica periodística. En todo caso, los jueces y magistrados de la entidad deben retomar los estándares más altos en materia de libertad de expresión y garantizar en todo momento las reglas del debido proceso.
Nota para prensa
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