México, D.F., a 6 de octubre de 2015.- Ayer, 5 de octubre de 2015, concluyó la etapa de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo económico multilateral promovido por Estados Unidos y del que México es parte junto a otras diez naciones de Asia, Oceanía y América.
La negociación se prolongó durante siete años, en los cuales los textos del acuerdo se mantuvieron en secreto. Lo único que el público conoce es de filtraciones publicadas en Wikileaks sobre capítulos referentes a temas como inversiones, propiedad intelectual y medio ambiente. Pese a que las negociaciones terminaron, las condiciones del acuerdo siguen siendo reservadas.
Este hermetismo es incompatible con la democracia del siglo XXI. Mientras nuestros países han avanzado en mejorar sus democracias y establecer mejores mecanismos de transparencia pública, el TPP es todavía un resabio de opacidad propio de regímenes autoritarios.
Si el TPP tendrá impactos en materias tan sensibles como el rol del Estado en la economía, los derechos en internet o el acceso a la salud, lo que se requiere es más debate público. No existe ninguna razón para que un tratado de esta magnitud haya sido negociado a espaldas de la ciudadanía, donde mayor opacidad solo resta legitimidad y confianza.
El tema es preocupante, pues las filtraciones en Wikileaks han generado rechazo en distintos sectores como el ganadero, el obrero, el automotriz, el sector salud, comunidades artísticas, uniones de consumidores, grupos ambientalistas y desarrolladores de software. Inclusive Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, cuestionó los supuestos beneficios económicos que este acuerdo traería a México.
El TPP aún no está firmado por México. Correspondería al presidente Enrique Peña Nieto hacerlo, pero es el Senado de la República quien en última instancia debe aprobar o rechazar el tratado en su totalidad, sin posibilidad de hacer modificaciones al mismo.
Un Estado democrático no puede privilegiar los intereses de empresas multinacionales, por encima del interés público de su población frente a posibles amenazas a derechos humanos como la salud, la alimentación, la educación y la libertad de expresión en Internet.
Las organizaciones, ARTICLE 19, Derechos Digitales y R3D exigimos al Senado que el documento final se haga público de inmediato para poder evaluar el posible impacto en términos de derechos humanos. Concluidas las negociaciones, no existe justificación alguna para no transparentar el texto y someterlo al necesario debate público del que ha sido impedido en todo este tiempo.
