Ciudad de México a 31 de enero de 2016.- El multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México sigue sin esclarecerse. La Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) se ha caracterizado por su desdén hacia las víctimas, reflejado en la falta de voluntad para continuar de manera diligente y exhaustiva con las investigaciones. De esta forma, la Procuraduría niega el acceso a la justicia y el derecho a la verdad para las familias de Alejandra Negrete, Mile Virginia, Nadia Vera, Rubén Espinosa y Yesenia Quiroz.
Hasta el día de hoy, seguimos sin conocer el móvil; tampoco la PGJDF ha querido profundizar en la línea de investigación relacionada con el activismo de Nadia Vera y el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa. Mucho menos se ha querido confirmar o descartar, a partir de pruebas consistentes, la coautoría y participación de más personas en los hechos.
Con una narrativa errática, repleta de contradicciones y vacíos de información, la PGJDF genera más dudas que respuestas. A pesar de que formalmente la averiguación previa sigue abierta, en los hechos, los avances son nulos. A partir de la detención del tercer presunto responsable, la institución ministerial ha perdido cualquier interés en profundizar sobre los hechos y las circunstancias fundamentales.
En efecto no es del interés de la Procuraduría conocer la mecánica de los hechos al interior del domicilio donde se cometió el crimen; obtener la sábana de llamadas de los teléfonos celulares de Mile, Nadia y Rubén para geolocalizarlos; identificar a las personas que llamaron a los supuestos implicados antes, durante y después del crimen; y descartar grupos genéticos masculinos encontrados en el lugar de los hechos. Por otro lado, dos de los imputados alegan que fueron coaccionados para autoinculparse y se retractan de cualquier acción que los vincule con los hechos delictivos.
Todo lo anterior denota la falta de capacidad para construir una investigación seria, imparcial y objetiva. Desafortunadamente, el caso Narvarte es síntoma de una enfermedad más grande que afecta la calidad de las investigaciones y el consecuente abatimiento de la impunidad; es parte de una crisis en materia de procuración de justicia en la Ciudad que requiere ser atendida de manera urgente.
A seis meses del multihomicidio la única certeza es que la Ciudad de México ha dejado de ser un lugar seguro para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país.
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