El pasado jueves 23 de junio, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen de iniciativa del “Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, elaborado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Gobernación y presentada por el Diputado Flavino Ríos Alvarado, Vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Más allá de los señalamientos sobre los vicios del proceso legislativo en que se aprobó el dictamen, nos preocupa en específico la reforma que elimina la definitividad de las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).
La nueva redacción del artículo 72 establece que “Las resoluciones definitivas que pongan fin al recurso de revisión, una vez que hayan causado estado, deberán cumplirse en un plazo no mayor a quince días, contado a partir de que surta efectos su notificación”, lo que implica que las resoluciones del IVAI no tengan carácter definitivo para los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz (LTAIPEV) y que puedan ser apeladas por estos mismos sujetos obligados.
Dicha reforma representa un grave retroceso para el ejercicio del derecho de acceso a la información en Veracruz, no sólo porque es contraria al artículo 6° constitucional, también porque contribuye al debilitamiento del IVAI como el órgano garante del derecho en esa entidad federativa y, por tanto, a la protección del derecho de acceso a la información pública.
En otras palabras, eliminar la definitividad de las resoluciones del IVAI trae consigo efectos perniciosos que obstaculizan el ejercicio del derecho de acceso a la información: 1) debilitan la autonomía del órgano garante; 2) dificultan el proceso de acceso a la información al cancelar su carácter de expedito y los principios de gratuidad, sencillez y máxima publicidad y, 3) aumentan los incentivos de las autoridades a negar información pública.
Desgraciadamente, esta reforma es la confirmación de una tendencia en nuestro país. Las reformas a las Leyes de Campeche (2009) y Guerrero (2010) y los intentos de reforma de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental van justamente en este sentido. Sostenemos que dichas iniciativas, más que resultados de la ignorancia o la ingenuidad, constituyen intentos malintencionados para cerrarle el paso a la transparencia de la gestión gubernamental y al derecho de acceso a la información de las personas. Diversos especialistas y organizaciones de la sociedad civil han insistido en los graves efectos de estas reformas sin que esas voces sean escuchadas y tomadas en cuenta.
Hoy hay una acción de inconstitucionalidad en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpuesta por la mayoría parlamentaria del Congreso del Estado de Campeche (2009). Desde esta tribuna urgimos a la máxima autoridad del Poder Judicial de la Federación su pronta resolución para dar un mensaje claro y contundente que inhiba estos intentos retardatarios.
