“Es inútil,señor gobernador, no le creemos”, fue la frase del fundador de Proceso, Julio Scherer, mientras Javier Duarte prometía esclarecer el crimen contra la periodista Regina Martínez con una promesa de esas que se escuchan todos los días en boca de algún político: “llegaremos hasta las últimas consecuencias”.
El gobierno de Veracruz se ha ganado la desconfianza a pulso cuando se trata de asegurar a las víctimas de las agresiones a periodistas una reparación adecuada. Sólo en la actual administración estatal, que apenas cumple año y medio, ocho comunicadores han sido asesinados; otro más fue desaparecido. No hay un sólo detenido por ninguno de esos nueve casos ni un solo informe que diga a la sociedad cuáles son los avances.
El único trabajo visible ha sido el control de daños, el sospechoso silencio de la prensa local frente a temas del más claro interés público (los 35 asesinado de Boca del Río) o en el mejor de los casos, visiones uniformadas con la versión del gobernador. El crimen contra la corresponsal de Proceso, por ejemplo, no fue prioridad para la mayoría de la prensa de Veracruz, que consideró más importante mostrar en sus primeras planas a la esposa del gobernador regalando juguetes a los niños, mientras la segunda nota en importancia no era sino un boletín elaborado en la Coordinación General de Comunicación Social: “Unidad del pueblo y de instituciones, fundamental para el desarrollo: Duarte”.
La mañana del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, cinco días después del asesinato de Regina Martínez, otros tres periodistas (Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez) aparecieron muertos en un canal de aguas negras.
Los tres habían dejado la ciudad por meses, habían vuelto recientemente y apenas comenzaban a reincorporarse a su trabajo como reporteros gráficos. Se fueron por miedo, después del asesinato de Yolanda Ordaz, reportera de Notiver, cuando el entonces procurador Reynaldo Escobar aseguró que había relación de comunicadores con la delincuencia organizada e hizo circular videos de interrogatorios extrajudiciales realizados por delincuentes para involucrar a periodistas con grupos criminales.
Sobre Regina Martínez, detrás de la cual hay un medio de prestigio y presencia nacional no ha sido posible hacer las mismas insinuaciones. No hay nadie en Xalapa que ponga en duda su capacidad de trabajo y su honestidad. “La chaparrita era muy combativa”, recuerdan casi todos los que la conocieron.
Por eso ha iniciado un nuevo éxodo de periodistas fuera del estado, similar al que se dio hace un año. Nadie quiere servir como mensaje a los grupos de poder que han hecho que el estado se le salga de control a Javier Duarte. “Luna y Huge no estaban metidos en nada y los asesinaron —dice un reportero del puerto de Veracruz—; yo no ando metido en nada y tengo miedo de que también a mí me pase”.
Los responsables de los crímenes recientes han conseguido lo que se propusieron. Tal como lo advirtieron los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre México, existen comunidades “totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de impunidad”. En toda la zona de Veracruz y Boca del Río hoy existen sólo cuatro reporteros que realizan las coberturas de temas de seguridad pública; los periodistas incómodos que como Regina Martínez iban más allá de las notas de sucesos cotidianos, que investigaban temas que llegaban a los medios nacionales, todos fueron sacados de la jugada. La descomposición se ha acelerado en el estado a unas semanas del proceso electoral federal.
Los hechos recientes han afectado el flujo de información, ideas y opiniones; la idea parece ser silenciar a uno, a dos, a cuatro periodistas, y que el miedo se multiplique para que todos se callen, que nada llegue al público ni a los lectores, sino versiones uniformadas.
