Velar por los derechos colectivos de las comunidades nahuas en la región cholulteca y de los volcanes en Puebla, y detener la criminalización y hostigamiento en su contra
- El Estado mexicano debe garantizar el derecho a defender los derechos colectivos y la integridad y vida de las y los integrantes de las comunidades en la región cholulteca y de los volcanes.
- Preocupa a organizaciones sociales la criminalización y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Puebla.
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2022.- El Espacio_OSC reconoce la imprescindible labor del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua- Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) y de Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes (PU), este último conformado por los pueblos de Ometoxtla, Nextetelco, Cuanalá, Zacatepec, Almoloya, Cuautlancingo, Tlaxcalancingo, Calpan, Atzala, Tlautla, Texintla, Cuachayotla, Cuapa, Puebla, Xoxtla, Tlaltenango, Coronando, Zoquiapan, Colonia José Ángeles y Tlaltenango, todos, pueblos de raíz nahua, a quienes les reconocemos por su defensa de los derechos humanos al agua, a un medioambiente sano y a la libre determinación de los pueblos indígenas.
Las comunidades y pueblos originarios tienen un papel fundamental en la lucha contra la crisis climática global y el cuidado del agua, especialmente en México, donde, por ejemplo, el 79% del territorio está amenazado por algún nivel de sequía (CONAGUA, 2021). Por ello, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que están enfrentando las y los integrantes del FPDTA–MPT y de PU por la legítima labor de defensa que realizan en sus comunidades en los estados de Puebla y Morelos. Especialmente alarmante es la campaña de difamación en medios de comunicación y procesos de judicialización dirigidos en su contra. El Espacio OSC ha recibido adicionalmente información sobre otros eventos violatorios como ataques a la integridad física, detenciones arbitrarias, amenazas de daño físico, actos de vigilancia e intimidación. Estos ataques buscan menoscabar y obstaculizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos, pues integrantes de PU se han organizado para denunciar los graves impactos medioambientales relacionados con la actividad industrial de empresas, tanto mexicanas como transnacionales, que operan en la región. Uno de los impactos más visibles que señalan es la aparición de un gigantesco socavón en Santa María Zacatepec que las comunidades nahuas asocian a la sobreexplotación de los mantos subacuíferos.
Las comunidades nahuas y las personas defensoras organizadas en el FPDTA–MPT y PU han visibilizado estos hechos y han ejercido el derecho a la protesta social como estrategia para llamar la atención de las autoridades de gobierno, lo que a su vez, ha generado represalias en su contra. Especialmente preocupante son varios ataques contra los y las integrantes de PU, que han sido perpetrados en los alrededores del Altepelmecalli —La Casa de los Pueblos—, ubicada en San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla. Altepelmecalli fue creado en agosto del año pasado como centro comunitario en las instalaciones ocupadas de la planta de agua embotellada de la empresa Bonafont, filial de la multinacional Danone, cerrada pacíficamente por las comunidades en resistencia desde marzo de 2021, al ser señalada como una de las principales responsables por la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona.
El 15 de febrero, a la 1:15 de la madrugada, aproximadamente 100 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal de Puebla, realizaron un desalojo del Altepelmecalli, que funcionaba como un espacio para la organización política, cultural, educativa de las comunidades, así como para desarrollar proyectos de salud, comunicación y agricultura. Además de la desproporcionalidad entre quienes se encontraban resguardados/as y la cantidad de agentes de las fuerzas de seguridad pública, cabe señalar que las instalaciones se encuentran bajo resguardo de una empresa de seguridad privada y el gobernador de Puebla ha dicho que se espera que “la empresa restablezca sus operaciones de manera normal”.
Otras agresiones que se asocian con el ejercicio del derecho humano a la libre determinación.
El 9 de diciembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó al Instituto Electoral Estatal a organizar una consulta en la localidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, para que sus habitantes decidieron bajo qué sistema quisieran regirse. Desde el Espacio OSC, si bien celebramos la importancia de la resolución del TEEP para garantizar el derecho de los pueblos a la libre determinación, también alertamos sobre el aumento de los riesgos y las represalias que este proceso de consulta ha significado para los y las integrantes de PU, FPDTA-MPT y las comunidades nahuas organizadas.
Ante la escalada de riesgos y el aumento de agresiones, exigimos al Estado mexicano garantizar el derecho a defender derechos humanos de las comunidades y personas defensoras de la tierra y del agua, en particular, en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, y que son actualmente blanco de de difamación, criminalización, asesinatos, amenazas y agresiones incrementadas en las últimas semanas.
En particular, exigimos a las autoridades municipales, estatales y federales, así como a la comunidad internacional, el reconocimiento público por su labor como personas defensoras de derechos humanos y la condena pública de la campaña de difamación dirigida en su contra.
Hacemos un llamado a las instituciones estatales y nacionales de derechos humanos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, que se valore el riesgo y a que se actúe para proteger a las comunidades en general por su labor legítima articulada en la defensa a sus derechos colectivos y, en especial, a las y los integrantes del FPDTA-MPT en cada uno de sus lugares de origen y defensa.
Instamos al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras y Periodistas a garantizar la protección de los y las integrantes de PU y del FPDTA-MPT beneficiarios de dicho mecanismo, desde un enfoque preventivo, diferencial y colectivo y a ampliar la mirada para reconocer también el riesgo colectivo que pueblos y comunidades enfrentan en la región.
Llamamos a detener las acciones y/o afirmaciones criminalizadoras de los gobiernos municipales en la región, el Estatal de Puebla y la Fiscalía General del Estado de Puebla de la cual son actualmente víctimas varios integrantes de PU y el FPDTA-MPT como represalia a su legítima labor de defensa de la tierra y el agua, y ante el ejercicio de su derecho a la protesta.
Por último, solicitamos a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Puebla una investigación exhaustiva y con perspectiva de derechos humanos, de los ataques cometidos en contra de las comunidades y personas defensoras en el marco de su defensa del agua y el territorio, así como del ejercicio de su derecho a la libre determinación. Asimismo, llamamos al Estado mexicano a que tome acciones que permitan reparar el daño causado, así como la implementación de garantías de no repetición.
ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria OP», A.C.. El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
Nota para prensa
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