Urge que el Estado guatemalteco y su titular Alejandro Giammattei cumpla compromisos sobre protección a periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos
La historia de Guatemala ha sido tejida sobre estructuras sociales y políticas generadoras de violencias, que hasta el día de hoy impactan de manera negativa en los ejercicios de la defensa de los derechos humanos, así como de un periodismo libre y crítico. En materia de prevención y protección, Guatemala no cuenta con un sistema que identifique las causas que generan los riesgos para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que desarrolle esquemas de seguridad holística para sujetos individuales y colectivos. Además, que impulse y dé seguimiento a las acciones emprendidas para abatir la impunidad. Las condiciones se agravan para las y los defensores y periodistas que realizan sus labores las zonas rurales, donde la violencia es tan frecuente y contundente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las ha denominado “zonas silenciadas”.
Ante estos contextos, las organizaciones Centro Civitas, Artículo 35 y ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica exhortan al Estado de Guatemala y a su titular Alejandro Giammattei a fortalecer la libertad de prensa, en vez de limitar el acceso a las fuentes gubernamentales, atendiendo a lo establecido en el Artículo constitucional 35. Asimismo, atender las recomendaciones dirigidas a dicho Estado por parte de la CIDH en materia de libertad de expresión 1, expuestas a continuación:
- Reconocer la labor de personas defensoras, periodistas y comunicadoras comunitarias, y el rol fundamental de una prensa libre para la democracia. En Guatemala, y en cualquier país del mundo, el desprecio de la labor periodística y de defensa de derechos humanos tiene un impacto directo en la seguridad de las personas que la ejercen.
- Retomar de inmediato el proceso de construcción de la política pública para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de diseñar e implementar un sistema que garantice su ejecución, tomando en cuenta lo establecido en la sentencia Caso Defensor de derechos humanos y otros versus Guatemala, así como la situación especialmente vulnerable de las periodistas y defensoras mujeres, indígenas y comunitarias.
- Adoptar las medidas necesarias para colaborar con el Poder Judicial, a fin de asegurar su autonomía, independencia e imparcialidad para que pueda cumplir su papel protector de la libertad de expresión.
- Reconocer y enfatizar el rol de funcionarios públicos en garantizar la seguridad digital de los periodistas y evitar el uso de plataformas de redes sociales como un medio para atacar voces críticas. Los ataques digitales pueden afectar el bienestar de periodistas guatemaltecos, su desarrollo profesional y convertirlos en blancos de ataques físicos.
- Garantizar que los funcionarios y las instituciones gubernamentales sean accesibles, para que los medios y especialmente las/los periodistas de investigación puedan cumplir efectivamente su responsabilidad de informar al público.
- Trabajar para garantizar un clima económico que facilite el periodismo independiente en Guatemala. La incertidumbre económica es una causa de dificultad para el ejercicio periodístico y en muchas ocasiones resulta en autocensura.
- Trabajar para que haya un efectivo cumplimiento de la ley de acceso a información, ya que este derecho es vital como herramienta de transparencia de los actos de gobierno y fortalecimiento del sistema democrático en Guatemala.
- Garantizar la puesta en práctica de políticas que incorporen criterios democráticos y la igualdad de oportunidades en el acceso a las concesiones de espacios de televisión y radiodifusión, en consonancia con las leyes antimonopolios, y haya acceso a los medios de comunicación por parte de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad del país, particularmente las radios comunitarias en regiones indígenas.
- Garantizar el derecho a protestar y la libertad de periodistas de cubrir manifestaciones sociales con seguridad. Esto es particularmente importante en las regiones del país donde la presencia de empresas y proyectos extractivos han generado manifestaciones que habrían sido reprimidas por el Estado.
Las organizaciones firmantes confiamos en que la implementación gradual de acciones coordinadas destinadas a garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos impactará en el fortalecimiento de la democracia y en la garantía y respeto de los derechos de la población guatemalteca.
Guatemala, 3 de febrero de 2020.
[1] http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2017-es.pdf; https://www.cidh.oas.org/countryrep/Guatemala2003sp/capitulo7.htm
