23 de mayo de 2025.- Ante las detenciones de personas defensoras de derechos humanos en El Salvador y Venezuela y la posible criminalización de su trabajo, las organizaciones que conforman el Foro Regional de Derechos Humanos, RegionaR, expresan su preocupación por la estigmatización y persecución estatal en contra de organizaciones y personas que se dedican a la promoción y defensa de derechos fundamentales. Por tanto, llaman a los Estados en cuestión a cumplir su obligación de garantizar dicha labor en condiciones de libertad y seguridad, y exhortan a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes encaminadas al fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en América Latina y el Caribe.

Como organizaciones que abogamos por el respeto a la dignidad e integridad humana basándonos en el derecho internacional de los derechos humanos y con un enfoque interseccional, nos resultan extremadamente desconcertantes las detenciones en días recientes de Eduardo Torres, abogado venezolano integrante de la ONG Provea, y de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal en El Salvador.

En el caso de Torres, su familia y representantes de la organización PROVEA denunciaron que se encontraba en situación de desaparición forzada desde la tarde del viernes 9 de mayo, pues no tuvieron información sobre su paradero y condición luego de que se comunicara vía telefónica con su esposa y le informara que iba de camino a su casa en la ciudad de Caracas. Fue hasta el martes 13 de mayo -luego de que la ONG PROVEA hiciera varias denuncias públicas por su desaparición que duró casi 5 días e introdujera un recurso de Habeas Corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aún sin fecha de respuesta-, que el Fiscal general Tarek William Saab confirmó que Torres estaba detenido por su presunta vinculación con una trama para “generar violencia” en las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo y señaló también que las denuncias por la desaparición forzada de Torres realizadas por Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA, constituyen “ataques al sistema de justicia venezolano en contra de los grupos desestabilizadores y contrarios a la paz de la República lo que forma parte de una campaña sostenida para garantizar la impunidad”. De acuerdo a información extraoficial difundida por PROVEA, al parecer se encuentra detenido en detenido en el SEBIN Helicoide, sin que ni abogados de confianza ni familiares hayan podido verlo.

En El Salvador, la detención de Ruth López ocurrió a las 11:00 pm del domingo 18 de mayo en su casa, cuando agentes de la Policía Nacional llegaron y le dijeron que era requerida por la Fiscalía General de la República para ser acusada formalmente del delito de peculado. Inmediatamente, la organización Cristosal y otras organizaciones de sociedad civil en el país, encendieron las alarmas sobre la desaparición forzada de López, exigiendo a las autoridades información oficial sobre su paradero, acceso pleno e inmediato a su equipo legal y garantías efectivas para su integridad física, psicológica y jurídica. Fue hasta el martes 20 de mayo que su madre, Eleonor Alfaro, declaró a medios nacionales que pudo verla en horas del mediodía en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil.

Observamos con gran preocupación que en ambos casos se está aplicando un patrón de ataques que es práctica común en Cuba y Nicaragua contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas: desaparición de corta o larga duración y posterior criminalización, estigmatización y amenaza de criminalización contra integrantes de sus organizaciones. Cabe destacar, además, que la detención de Ruth López ocurre días después de que el presidente Nayib Bukele anunciara el 14 de mayo su intención de materializar una «ley de agentes extranjeros», para el cobro de un impuesto de hasta el 30% a las oenegés activas en el país. El día de ayer, 21 de mayo, se aprobó dicha Ley, tal como ocurrió recientemente en Perú, con la modificación de la Ley No. 27692, que fortalece el control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Ante tales hechos, las organizaciones que integramos RegionaR hacemos el siguiente llamado a los Estados de la región, y principalmente a los gobiernos de El Salvador y Venezuela:

• Que cese la criminalización de la defensa de los derechos humanos, del estado de derecho y de la lucha contra la corrupción, y que se reconozca y proteja la labor de las personas y organizaciones defensoras.
• Libertad inmediata y plena del abogado e integrante de PROVEA, Eduardo Torres, y que haya garantías para el trabajo que realiza dicha organización, incluyendo a su coordinador general Oscar Murillo, así como de todas las personas y colectivos defensores de derechos humanos en Venezuela.
• Liberad inmediata y plena para Ruth López, Jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, y garantías de su integridad física y psicológica y seguridad para las personas defensoras de Derechos Humanos en El Salvador.

Asimismo, RegionaR exhorta a los organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad diplomática a que se unan a este llamado, y conmina a todos los Estados de la región a llevar a cabo acciones urgentes para reconocer y garantizar la contribución que las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en América Latina y el Caribe.

RegionaR/Foro Regional de Derechos Humanos

RegionaR /Foro Regional de Derechos integrado entre otras organizaciones, por: Argentina: Abogades por los Derechos Sexuales (AboSex) y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Brasil: Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Ruais Quilombolas (CONAQ); IEPE-Instituto de Pesquisa e Formacáo Indigena; Colectivo Feminista Helen Keller de Mulheres con deficiencia. Bolivia: Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia (SJR Bolivia). Costa Rica: Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJR-CR) y Asociación Ciudadana ACCEDER. Colombia: Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); ILEX Acción Jurídica; Grupo Comunicarte; Grupo de Acción y Apoyo para Personas Trans (Fundación GAAT); Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES) y Fundación Mahumpi Venezuela. Chile: Asociación Mapuche Tain Adkimn. Ecuador: Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA; Asociación ALFIL; Taller de Comunicación Mujer (TCM). Guatemala: Red de Jóvenes para la Incidencia Política (Incide Joven) y Asociación Las Crisálidas. Honduras: Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Centro de Derechos de Mujeres Honduras. Nicaragua: Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y Unidad de Defensa Jurídica (UDJ). Paraguay: Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia de Paraguay. Perú: Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS); Centro Loyola Ayacucho; Fundación Ecuménica para el desarrollo y la Paz FEDEPAZ e Instituto Defesa Legal (IDL). República Dominicana: Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA); Organización Trans Reinas de la noche y Movimiento sociocultural de trabajadores Haitianos (MOSCTHA); Uruguay: Organización Social Salvador. Venezuela: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC). Organizaciones regionales: Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos (REDLAC); Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC); Artículo 19 México y Centroamérica; Foro Indígena Abya Yala (FIAY); Latín American Working Group (LAWG); y Red de Mujeres Afrolatinas Afrocaribeñas y de la Diáspora. (REDMAAD). Organizaciones internacionales: Women´s Link Worldwide (WLW); Centro de Derechos Reproductivos; Synergia Initiatives for Human Rights; American Friends Service Committee (AFSC) e Instituto Internacional sobre Raza e Igualdad y Derechos Humanos.

Contacto: velez@raceandequality.org