Texto de David Mora en Horizontal.- Dos días después de la fuga de El Chapo, durante el segundo de los soliloquios ofrecidos por el gobierno federal a manera de conferencia de prensa, Arely Gómez, la procuradora, sentenció que las diligencias que habían practicado y las que llevarían a cabo para dar con el paradero del capo eran información reservada. Así: reservada.
A unos cuantos meses de haber dejado su escaño, Arely Gómez, la procuradora, olvidaba manifiestamente lo que Arely Gómez, la senadora, promovió con ahínco: la Ley General de Transparencia. En unos cuantos segundos, en el marco de su intervención, Gómez clasificó esa información (las diligencias) de forma general y expedita, antes de que se generaran los documentos (la información sobre periciales ya hechas que no había sido expresada en documentos y la de periciales que aún estaban por desahogarse) y sin justificar con fundamento en la ley por qué debían ocultarse al público (es decir, realizar una prueba de daño).
Era la procuradora violando más de un artículo de la Ley aprobada por la senadora.
