Sociedad civil y periodistas exigen transparencia sobre la interrupción de la plataforma de mensajería Telegram
Ciudad de México 24 de septiembre de 2024.- Las organizaciones firmantes denunciamos el bloqueo de los servicios de la aplicación Telegram en El Salvador ocurrido en junio y septiembre de este año y los efectos que estos tienen en el libre ejercicio de la libertad de expresión en el país y la región.
El 15 de septiembre, la organización OONI, así como usuarios de la plataforma X reportaron la interrupción de los servicios de la aplicación de mensajería Telegram. La suspensión se dio mediante el bloqueo de la dirección del protocolo de internet (IP, por sus siglas en inglés) y a través de interferencia de la seguridad de capa de transporte (TLS, por sus siglas en inglés), un medio que cifra el tráfico y autentica sitios web para evitar la interceptación de las comunicaciones.
La interrupción del 15 de septiembre coincide con la publicación de reportajes periodísticos sobre la muerte del ex asesor de seguridad nacional del Gobierno de El Salvador, Alejandro Muyshondt, bajo custodia del Estado y la revelación de conversaciones de altos funcionarios en las que se habla de una oficina para espiar a políticos y periodistas que han sido críticos con la actual administración.
Anteriormente, desde la mañana del 1 de junio hasta el 3 del mismo mes, Telegram presentó problemas de acceso para usuarios en El Salvador. Los problemas ocurrieron durante la toma de posesión del inconstitucional segundo mandato presidencial de Nayib Bukele.
Tras los reportes de junio, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) entró en comunicación con organizaciones especializadas en seguridad digital como Access Now, además de poner sobre aviso a organismos regionales de protección de derechos humanos, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El bloqueo de una plataforma constituye un acto de censura, pues restringe la libertad de expresión y el acceso a la información. Las interrupciones parciales o totales de internet y bloqueos de los servicios en línea son más habituales en países con gobiernos autoritarios. Solo en 2023, la Coalición #KeepItOn y Access Now documentaron 283 bloqueos en 39 países.
Desde Access Now, APES, ARTICLE 19 y la Red Centroamericana de Periodistas miramos con preocupación los incidentes en El Salvador, sobre todo dadas las condiciones adversas para la libertad de prensa que actualmente subyacen en el país. Durante las elecciones, APES corroboró en conjunto con otras organizaciones de libertad de expresión algunas de estas problemáticas como son la falta de acceso a la información pública, la implementación de sistemas de vigilancia como forma de intimidación y disuasión y el aumento de las campañas de desprestigio solo por mencionar algunas que se han convertido en patrones represivos en la región.
La implementación de apagones de internet y bloqueos de plataformas siempre es un precedente negativo para el país y la región. Respecto a este segundo reporte de fallo generalizado de una aplicación de mensajería durante una fecha conmemorativa se advierte que, de no rendirse cuentas desde el Estado, desde la(s) empresa(s) de telecomunicaciones y desde el propio Telegram sobre las potenciales causas de este incidente -incluso si son técnicas-, se podría estar a las puertas de un uso abusivo y discrecional del acceso a internet. Este tipo de cortes vulnera en primera instancia los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información, y potencialmente los derechos a la libertad de prensa, reunión, libre asociación y otros derechos conexos.
Esto va de la mano de las recomendaciones de la RELE en su informe de 2023 sobre tomar todas las medidas al alcance para garantizar un entorno propicio en internet para ejercer la libertad de expresión a fin de que la ciudadanía pueda expresar informaciones, ideas y opiniones sin temor a represalias ni intimidaciones.
El carácter repetitivo de este tipo de acciones de bloqueo de una plataforma de mensajería, resulta alarmante en el marco del estado de excepción en El Salvador. Esta medida restrictiva de derechos fue recientemente cuestionada en un informe de la CIDH donde la Comisión llamó a restituir los derechos humanos que han sido suspendidos desde marzo de 2022.
Tanto los Estados como las empresas proveedoras de servicios de internet y las plataformas en línea deben abstenerse de incurrir en este tipo de prácticas abusivas. Por lo anterior, hacemos un llamado a la comunidad internacional a denunciar este tipo de graves afectaciones y sobre todo llamamos al Gobierno de El Salvador a investigar este bloqueo, así como a garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información, incluyendo plataformas digitales.
