“La guerra en casa” se titula el reportaje principal del semanario Río Doce del pasado 27 de noviembre. Lo firma Alejandro Sicairos, subdirector de la publicación, quien recoge y da sentido a información que el propio medio había ido reproduciendo en su versión en línea: el grupo criminal de los Zetas llegó hasta Culiacán para darle la guerra en su propia casa al cártel de Sinaloa.
Portada de Río Doce.
Para los editores no pasó inadvertido el hallazgo de 26 cadáveres en tres vehículos abandonados en calles de Guadalajara, Jalisco, y su relación con 16 personas asesinadas y calcinadas en Culiacán dos días antes. Tampoco escapó a su atención el hecho de que la hija del secretario general de Gobierno del estado, Gerardo Vargas Landeros, usara un helicóptero oficial para viajar a Los Mochis junto con sus amigas. El gobierno de Mario López Valdez, denunciaron los periodistas de Río Doce, incumplía la obligación de brindar garantías a la población, pero no dudaba en usar recursos públicos para proteger a los suyos.
Con ese antecedente y los últimos detalles del proceso que se sigue en Estados Unidos a Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, el sitio web de Río Doce fue sacado de línea por una semana mediante una serie de ataques DoS (Denegación de Servicio por sus siglas en inglés) que afectó los servidores en que se alojaba la información del semanario.
No se trata de una falla ocasional o accidental en el servicio, sino de una operación que, de acuerdo con un estudio llamado Distributed Denial of Service Attacks Against Independent Media and Human Rights Sites, se ha vuelto una técnica común para silenciar a medios independientes en la red o sitios de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La operación consiste en saturar un sitio con millones de peticiones de accesos de usuarios y lectores que en realidad no existen, logrando que el servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando el servicio. Los autores del estudio citado advierten incluso que estos ataques no requieren mucho esfuerzo y que ya no se necesitan muchas computadoras trabajando en el ataque, sino que basta con centrarse en las vulnerabilidades del sitio para echarlo abajo.
Además de una operación de este tipo dirigida contra el sitio web de Article 19 en marzo de este año, existe registro de ataques similares sufridos por otros medios mexicanos. Los medios digitales Expediente Quintana Roo y Noticaribe fueron sometidos hace algunos meses a un ataque cibernético que impidió durante días el acceso de los usuarios, pero que también consistió en borrar el historial completo de contenidos de uno de los sitios y el envío de correos electrónicos desde direcciones que simulaban ser comunicaciones de uno de los medios.
Ambas publicaciones se caracterizan por sus críticas severas a la administración del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, a quien en los días previos al ataque se le presentó como protagonista de un incidente en un bar de Puerto Vallarta.
Los ataques DoS habían sido tradicionalmente una herramienta del hacktivismo como protesta en sí misma contra autoridades y corporativos, y como medida de respaldo a lo que consideran movimientos de resistencia legítimos. Sin embargo, estas operaciones han sido motivo de discusiones éticas en las que se consideran inaceptables como forma de censura a un emisor o grupo de emisores en particular, práctica de gobiernos autoritarios como el chino (el cual ha sido acusado incluso por Google de realizar ataques con el fin de obtener información de cuentas de correo electrónico de Google pertenecientes a activistas de derechos humanos chinos).
Ataque DOS.
Las acciones dirigidas a impedir el acceso libre de la gente a la información constituyen una forma de censura indirecta que violenta el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que se vuelve doblemente grave cuando vienen del poder público porque se emplean recursos del Estado para presionar y castigar a comunicadores sociales y medios de comunicación.
Los medios llevan a cabo una labor de escrutinio de la función pública, hacen públicos actos de corrupción y no rara vez exhiben las complicidades y las cercanías del poder con quienes violan la ley. En México, muchos periodistas han pagado con su seguridad por hacer esa labor.
Internet se convirtió en un instrumento poderoso del periodismo, potenció el alcance de las voces que antes eran regionales. A través de la red, Río Doce ha llevado sus crónicas del Sinaloa violento a lectores fuera del país; Expediente Quintana Roo y Noticaribe le presentan al resto del país el rostro autoritario de su localidad. A falta de investigaciones que arrojen responsabilidades claras, cabe preguntar quién se beneficia de que se silencie a estos medios.
